El 84% de casos de violencia familiar es contra mujeres; más del 60% de violaciones, contra menores

José Abraham Sanz
05 marzo 2021

Coinciden consejeros del CESP en que no existe estrategia coordinada, que aglutine, mida y dé seguimiento a los programas y políticas públicas de todas las instituciones que trabajen en la prevención de este problema

A unos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública reveló estadísticas de violencia contra las mujeres de 2020, entre las que destaca que el 84 por ciento de los casos de violencia familiar de 2020 tuvieron como víctimas a las mujeres y más del 60 por ciento de las violaciones fue contra menores de edad.

La conferencia fue encabezada por el coordinador general del CESP, Ricardo Jenny del Rincón, y Conzuelo Gutiérrez, quien además de consejera es presidenta del Colectivo de Mujeres Activistas.

“El delito que más afecta a las mujeres en Sinaloa es el de violencia familiar, el 84 por ciento de los casi 5 mil casos denunciados durante el 2020, el 84 por ciento las víctimas fueron del sexo femenino”, reveló. “... La violencia familiar afecta a mujeres de todas las edades, el 7 por ciento fueron víctimas de 1 a 17 años, el 30 por ciento, de 18 a 29 años, el 48 por ciento, de 30 a 49 años y el 14 por ciento, mayores de 50 años”.

“La violación acumula tres años consecutivos a la alza; 9 de cada 10 casos denunciado de violación, las víctimas son mujeres, las menores de edad son las más afectadas por este delito de violación, desgraciadamente; el rango de edad de más denuncias en Sinaloa es de 10 a 17 años, con 53 por ciento, le siguen mujeres de 18 a 39 años con un 29 por ciento, y de 1 a 9 años, con un 8 por ciento”.

En otros delitos, agregó, como homicidio culposo, robo de vehículo y desaparición forzada cerca del 20 por ciento del total de las víctimas son mujeres.

“No existe una estrategia transversal y coordinada, que aglutine, mida y dé seguimiento a los programas y políticas públicas de todas las instituciones que trabajan en la prevención, en la investigación y en el castigo de los delitos de violencia familiar y violencia de género”, dijo.

“Sigue siendo para cada institución un tema aislado, un tema distinto, de entre todas las instituciones, se necesita una estrategia coordinada, que se trabaje en conjunto y que incluya por supuesto, la participación de la sociedad y la participación de las víctimas, si no se hace de esa manera, no vamos a ver resultados ni en el corto, ni en el mediano plazo”.

Gutiérrez señaló que todo este contexto habla de fallas en las políticas públicas que se han desarrollado en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

“... desde que se tiene el conteo de esta violencia, ésta ha tenido esta tendencia a la alza que todos hemos constatado y que hoy nos refiere esta numeralia”, dijo, “quiero decirle que es fundamental pasar de hablar a a la práctica, mediante las políticas públicas”.

La activista recordó que México ha adoptado la estrategia de la alerta de género, pero no ha dado resultado.

“... a pesar de que durante la vigencia del decreto de alerta de género, no solo en Sinaloa, sino en varios de los estados de la república, porque actualmente hay que recordar que 19 estados tienen el decreto de alerta de género, desafortunadamente en estos estados las estadísticas de violencia contra las mujeres siguen a la alza”, señaló.

LO QUE PROPONE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CESP

En la conferencia de esta mañana, el CESP propuso generar una estrategia coordinada y formar una comisión de trabajo entre sociedad y gobierno para insistir en cumplir cuatro puntos:

- Dar seguimiento periódico y puntual a la estrategia coordinada.

- Revisar perfiles de quienes trabajar en estas áreas y siempre buscar que estén ahí los mejores y las mejores para desempeñar el trabajo que requieren las instituciones.

- Vigilar la aplicación del presupuesto, no para gasto operativo y de nómina, sino el presupuesto para la ejecución de programas y políticas públicas efectivas.

- Medir y evaluar el desempeño de estas estrategias con base a indicadores específicos que vayan encaminados al mejor resultado.