El contrato entre el Estado y Atlético Morelia por 'El Kraken' no es ilegal: Comité de Participación Ciudadana
"Enrique Hubbard Urrea, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, indicó que después de una revisión al acuerdo entre el Gobierno y los empresarios dueños del Mazatlán FC no encontraron elementos para considerarlo ilegal"
El contrato firmado entre el Gobierno del Estado y Atlético Morelia SA de CV por 'El Kraken' no es ilegal, afirmó Enrique Hubbard Urrea, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó que no hay fundamentación para decir que el acuerdo entre el Gobierno del Estado y la empresa que trajo futbol de primera división a Mazatlán es ilegal.
"Primero que nada nosotros no encontramos ninguna fundamentación para la acusación de que el contrato es ilegal, lo revisamos legalmente desde todos los aspectos, desde todos los ángulos, y no encontramos ninguna razón para considerar que sea ilegal la forma con la que se llevó a cabo la contratación", señaló.
El pasado 21 de agosto Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado indicó que el contrato era ilegal por no haberse pedido la aprobación del Poder Legislativo para conceder el inmueble.
Para Hubbard Urrea todo esto es un asunto político, aunado a que hay confusiones en cómo se está interpretando la Ley de Inmuebles del Estado y Municipios; ya si el Estado no debió gastar en la construcción del estadio es otra cosa, pero en el tema exclusivo del contrato, el órgano ciudadano para atacar la corrupción en Sinaloa no ve un acto ilegal en la firma de este contrato.
"Esto no tiene nada qué ver con otro tipo de reclamos que tuvieran tener qué ver con la justificación del gasto, que tuviera que ver con la prudencia de haberse invertido en ese tipo de obras, eso corresponde a una valoración política, y no es que estemos revisando un acto en el que nos estén diciendo que hubo algo de corrupción, sino que nos dicen que hubo una ilegalidad en el procedimiento para la firma de ese contrato, que eso es lo que revisamos y no encontramos ninguna razón para justificar la acusación para decir que el contrato es ilegal", sostuvo.
"Lo demás es un asunto de manera política, si es o no justificable, el tipo de inversión, si eso no es correcto que se haya usado algún recurso para esto, pues eso ya tiene que ver con otro tipo de consideraciones, nuestra actividad para y se define en el momento en el que detectamos en una revisión muy minuciosa que no hay tal ilegalidad en el contrato", añadió.
"Hay un problema triple de interpretación; primero, la Ley de Inmuebles señala que aquellos inmuebles que se dedican al servicio público tienen una reglamentación que se aplica que es la de la ley de inmuebles, y ahí mismo en la ley se señala cuáles son las actividades que se consideran servicio público, que no es lo mismo que servicio al público", profundizó.
El presidente del CPC recalcó que no se trata ni de una concesión, ni de una enajenación, es por eso que no hay la obligación por parte del Ejecutivo para pedirle permiso al Congreso del Estado para haber realizado tal acuerdo con los dueños del Mazatlán FC.
"El estadio no está dedicado a un servicio público...legalmente hablando enajenar sería vender, enajenar sería traspasar, enajenar sería conmutar; concesión no es, porque no es un servicio público, porque tampoco se enajenó un bien, entonces ninguna de las dos justificantes de la Ley de Inmuebles se aplica, hay una confusión en la interpretación de algunos artículos en la Ley Inmuebles", subrayó.
"No es una concesión porque no se trata de un servicio público, tampoco se trata de una enajenación y por lo tanto no habría por qué pedirle la autorización al Congreso, no era necesario, y ahí paramos nosotros", explicó.
Defiende coordinador de la bancada del PRI el contrato del estadio del Mazatlan FC
