En manos de Harfuch
La violencia en Sinaloa ha dejado estragos en la vida cotidiana de sus habitantes, quienes conviven con la guerra de manera cotidiana y casi normalizada
Al cierre de este octubre han pasado 418 días desde que la guerra -como ya le decimos todos- comenzó en Culiacán. Los saldos son abrumadores y deberían ser indignantes: más de 8 mil vehículos robados, más de 2 mil 200 homicidios, más de 2 mil 600 personas privadas de la libertad ilegalmente, de las cuales un 70 por ciento permanece desaparecida o no localizada y más de mil 700 familias desplazadas de sus comunidades.
El problema es que esos números, aunque sean de atrocidad y crisis humanitaria, ya no nos dicen mucho, son estadísticas tan grandes que ya no las dimensionamos y mucho menos generan alguna empatía colectiva. Salvo quien ha sido tocado de manera directa por la violencia patrimonial: que te roben el carro a punta de “cuerno de chivo”; o la violencia letal: que te desaparezcan o maten a un familiar, amigo o conocido, en general minimizamos la violencia o miramos a otro lado para poder seguir viviendo en esta ciudad salvaje.
Dije, desde el principio, que lo que más me daba miedo de esta disputa criminal es que termináramos normalizando las violencias que genera, simplemente porque no queda de otra y porque la gran mayoría de los culichis no se pueden ir a otra parte o encerrarse en un coto privado.
Hoy, 60 semanas después de promediar casi 38 asesinatos cada siete días, queda claro que habremos de sobrevivir a esta disputa más en una lógica de inercia y normalización que en una de capacidad de indignación, respuesta y articulación ciudadana para presionar a que las autoridades garanticen nuestro derecho a la libertad y la seguridad. Derechos que perdimos rotúndamente el pasado 9 de septiembre de 2024.
No digo que las autoridades no estén haciendo nada, como maniqueamente insiste nuestra desubicada Oposición: ahí están los más de mil 800 detenidos, las 4 mil armas decomisadas, los decenas de narcolaboratorios asegurados; el problema con esa numeralia y la narrativa oficial del “estamos trabajando” es que, más de un año después, no se refleja en una reducción sensible de las violencias que nos afectan a diario en lo concreto y lo narrativo. ¿Por qué?
Porque la guerra sigue vigente y a los líderes de las facciones principales en disputa les sobran gente, balas y dinero para continuarla hasta las últimas consecuencias. Sus negocios criminales más importantes: el tráfico de drogas sintéticas y el robo de vehículos, siguen prácticamente intactos, basta ver las estadísticas.
Frente a ese escenario de dominio y soberbia criminal, no tenemos en Sinaloa -y nunca hemos tenido- las capacidades institucionales de seguridad y de justicia para hacerle frente más allá de la gestión de los daños. De modo que la impunidad se impone como incentivo social.
La mala noticia es que, por lo que se ve hasta ahora, tampoco parece haber la voluntad del Gobierno de Rocha Moya para construir policías locales y una fiscalía en una escala más grande y rápida. Los datos no mienten, el presupuesto de seguridad de Sinaloa sigue siendo de los más bajos del País respecto a sus niveles de criminalidad y dadas las presiones financieras que el Gobernador enfrentará en su último tercio por el tema agrícola, la deuda de corto plazo, la multa del SAT por las fallidas auditorías del gobierno de Quirino Ordaz y el déficit financiero generado por el pasismo en la UAS, se antoja prácticamente imposible ver un proyecto más audaz en materia seguridad reflejado en el presupuesto con pesos y centavos.
Por supuesto, tampoco vendrá del Congreso local, dominado por la mayoría morenista liderada por la Diputada Tere Guerra, ningún tipo de propuesta o exigencia en ese sentido; seguirán concentrados en hacer populismo punitivo para hacer como que hacen. Y de nuestros representantes federales ni hablamos: están en pre-pre-campaña.
También habría que decir que ni desde la sociedad civil ni desde el empresariado chiquito ni grandote se ha enderezado una exigencia articulada y sostenida en evidencia al respecto. De modo que habrá que seguir confiando en el apoyo federal y militar para aspirar a una “pacificación” que no termina de llegar y que durará en tanto los militares se vayan o se restablezca un nuevo equilibrio mafioso.
Por eso insisto en que mientras los señores que ordenan y dirigen la guerra no sean detenidos a través de inteligencia y operativos quirúrgicos diseñados y coordinados de manera interinstitucional y en colaboración con Estados Unidos, será muy difícil que la violencia amaine en el corto plazo y nos permita volver a la calle sin miedo.
Capacidades y acciones que, se sabe, no están en manos del Gobernador Rocha Moya, sino del Secretario Omar García Harfuch.
@AdrianLopezMX