Exige regidora que Ayuntamiento indemnice daños causados por ponchallantas en Culiacán
Érika Sánchez propuso que el gobierno municipal reconozca la responsabilidad civil por los daños ocasionados por esta práctica del crimen organizado y habilite mecanismos de reparación
La regidora Érika Sánchez Martínez planteó en sesión de Cabildo que el Ayuntamiento de Culiacán asuma la responsabilidad civil y ofrezca indemnizaciones a los afectados por ‘ponchallantas’.
La funcionaria anunció que formalizará una propuesta para que el gobierno municipal reconozca este tipo de daños y, que a través de la Defensoría Jurídica, se habiliten las sindicaturas de Procuración para recibir, tramitar y resolver solicitudes de indemnización.
La priista advirtió que en medio de la crisis de seguridad la colocación de ponchallantas por parte de grupos criminales se ha vuelto una práctica recurrente que atenta contra la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos.
Sánchez Martínez explicó que esta modalidad de violencia no solo obstaculiza la movilidad y genera miedo, sino que también golpea directamente el patrimonio de las familias que deben enfrentar daños materiales en sus vehículos.
Recordó que incluso el propio secretario de Seguridad Pública Municipal ha sido víctima de esta situación, lo que, dijo, refleja el riesgo directo que enfrenta la población.
“Todo ello constituye una grave, vulneración a la tranquilidad social, el propio secretario de seguridad pública, también ella fue víctima recientemente y es claro que esto representa un riesgo directo para la población”, subrayó.
La regidora mencionó que el Congreso del Estado ya modificó la legislación para sancionar penal y administrativamente este delito; sin embargo, consideró que los avances legales deben complementarse con acciones concretas en el ámbito municipal.
“Si no hay seguridad, que el gobierno se haga responsable”, sentenció.
En entrevista con Noroeste en febrero de este año, la dirección de Defensa Jurídica de la Sindicatura de Procuración sostuvo que los artefactos conocidos como “ponchallantas” no derivan de una falla del municipio ni de un servicio mal prestado, sino de acciones deliberadas de particulares (grupos delictivos), por lo que no cumplen con el requisito legal de “actividad administrativa irregular” que exige la ley para generar responsabilidad patrimonial.
Por esa razón legal, el Ayuntamiento no está obligado a pagar indemnizaciones por daños causados por ponchallantas.
Sólo en casos en que los daños sean producto de un mal funcionamiento, descuido o deficiencia en infraestructura del municipio (como baches no reparados, mantenimiento deficiente de vialidades o daños derivados de servicios públicos municipales), sí podría existir responsabilidad patrimonial y correspondería indemnización.