Exigen jubilados de la UAS auditoría forense; denuncian ‘atraco’ en descuentos salariales

Miembros de la Coordinadora Estatal del Frente de la Defensa de los Derechos Laborales informaron que la CEDH determinó que los jubilados no deben ser fuentes de financiamiento para la Universidad

Miembros de la Coordinadora Estatal del Frente de la Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa informaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento el pasado 17 de marzo en el que concluye que los jubilados no deben ser considerados fuentes de financiamiento para la universidad.

Heriberto Arias, representante de la Coordinadora Estatal, denunció que los descuentos aplicados a sus pensiones, que alcanzan hasta el 20 por ciento, no representan un ahorro para la institución, sino un atraco directo a sus ingresos.

“Ese dinero que no nos están pagando no es ahorro para ellos, es un atraco en contra nuestra”, compartió Heriberto Arias.

Rubén Darío Rivera Montoya, miembro de la organización, informó que las fuentes legales de financiamiento deben ser los subsidios federales, estatales e ingresos propios, de los cuales la UAS no ha rendido cuentas claras en años recientes.

También compartió que actualmente existen aproximadamente 780 amparos indirectos promovidos en todo el Estado, cifra que podría aumentar a mil debido a que más trabajadores han perdido el temor tras otorgarse las primeras suspensiones.

Denunció irregularidades en el Poder Judicial local, específicamente en el Juzgado Primero de Distrito en Culiacán, al que acusó de regresar expedientes colectivos para obligar a los trabajadores a presentarlos de manera individual, incrementando la carga administrativa.

En las zonas norte y sur ya se han obtenido suspensiones provisionales y definitivas que obligan a la universidad a detener los descuentos y, en algunos casos, a devolver lo retenido.

Respecto a la entrega de los reconocimientos Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz, los jubilados aclararon que no se oponen a los méritos científicos de las galardonadas; no obstante, cuestionaron severamente la autoridad académica y moral de la administración central para otorgarlos.

“La Universidad como institución se coloca en un plano de trascender a la mediocridad que tiene esta administración central”, señaló.

El frente de jubilados urgió la realización de una auditoría forense, tanto económica como administrativa, para transparentar el uso de los recursos y denunciaron que, mientras se argumenta una crisis financiera para justificar los descuentos, la Universidad mantiene una estructura administrativa con personal de confianza que supera al personal activo.

Como ejemplo de las irregularidades, mencionaron el caso de la Facultad de Derecho, donde tras el despido de personal de confianza se contrató de inmediato a un número mayor de personas.

“No somos los jubilados los responsables del problema financiero de la universidad”, sentenció Rivera Montoya.