Funcionaria del Congreso de Sinaloa denuncia presiones para renunciar y falta de pago

La titular de la Unidad Técnica de Evaluación acusa acoso laboral, amenazas y suspensión de salario; ya notificó a diputados y todavía no se resuelve su caso

Silvia Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado de Sinaloa, denunció públicamente en sus redes sociales personales que enfrenta presiones y actos que considera arbitrarios por parte de diversas autoridades del Poder Legislativo del Estado, quienes estarían buscando forzar su renuncia.

En una publicación difundida en Facebook, en la que etiquetó a diversos diputados y diputadas, señaló que ha sido presionada y amedrentada para dejar su cargo.

Relató que las autoridades que le han solicitado la renuncia le aseguran que “es una instrucción de arriba”, a lo que ella se negó.

Posteriormente, recibió un documento de la Comisión de Fiscalización que le notifica la presunta actualización de una causal de remoción por supuesta omisión en la presentación de lineamientos para el funcionamiento de la Unidad Técnica que encabeza. Pineda Prado aseguró que dichos lineamientos y otros instrumentos fueron enviados en diversas ocasiones.

“En siete ocasiones se han propuesto documentos para el funcionamiento de la Unidad Técnica de Evaluación a mi cargo notificándose todos a la Comisión de Fiscalización entre estos lineamientos, manuales, procedimientos, manuales metodológicos e indicadores de Resultados de la Unidad Técnica de Evaluación”, escribió en su publicación.

La funcionaria informó que ya envió alegatos y pruebas en su defensa ante la Comisión de Fiscalización.

Además, presentó una denuncia de hechos ante el Órgano Interno de Control luego de que no recibió el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre, lo que considera una represalia.

Indicó que envió oficios el 14 de noviembre dirigidos al presidente de la Comisión de Fiscalización, Eligio López Portillo; a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa; a la directora administrativa, Carmen Alicia Amézquita León; y a la secretaria general, Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, sin obtener respuesta.

“A la fecha no se me ha pagado mi salario y ninguna de las cuatro autoridades mencionadas en el párrafo anterior dio respuesta a los oficios enviados y notificados, con ello están afectando mis derechos y garantías laborales establecidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló.

Pineda Prado afirmó que, pese a amenazas de una posible inhabilitación, no renunciará.

Expuso que tiene 12 años de experiencia en fiscalización y evaluación, además de haber sido auditora de cuenta pública durante nueve años.

También denunció que fue bloqueada de una conferencia programada en la Semana del Economista en la UAS el pasado 5 de noviembre.

“Hago mi trabajo con amor y lo voy a defender, aunque estoy tomando el riesgo de que sus amenazas se cumplan, así como me bloquearon en la Semana del Economista en la UAS, en la cual estaba programada mi conferencia el 5 de noviembre del presente año y una noche antes me llamaron que no me podía presentar por instrucciones de arriba”, publicó.

“Mis valores y mis convicciones no son negociables, y siempre seguiré luchando y alzando la voz porque los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz, por una mejora permanente en la transparencia, la Fiscalización y rendición de cuentas, siempre seguiré haciendo mi trabajo dentro del marco de la Ley, sin caer en omisiones aunque me lo instruyan, prefiero que mi trabajo esté bien hecho, aunque incomode, aunque quizá me cueste mi puesto”.

La funcionaria cerró su mensaje con una cita bíblica y reiteró que continuará defendiendo su derecho laboral y su labor en el Congreso.

De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia Pineda Prado es directora de la Unidad Técnica de Evaluación desde el 2021, y previo a ello sostuvo cargos en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Auditoría Superior del Estado.

Es segundo lugar en el concurso de ensayo económico de la UAS 2012 y mención honorífica del premio estatal de la juventud en la categoría de mérito social 2012.

Sobre este tema el Congreso de Sinaloa no ha emitido posicionamiento.