Gobierno de Sinaloa corrige error en convocatoria: préstamo no es por $673 millones, sino por hasta $2,300 millones
Una fe de erratas publicada en el Periódico Oficial aclara que la licitación para contratar financiamiento bancario de largo plazo contempla créditos por hasta 2 mil 300 millones de pesos, y no por 673 millones como se informó inicialmente
El Gobierno de Sinaloa corrigió la convocatoria de la licitación pública para contratar financiamiento bancario de largo plazo, luego de que se publicó un monto incorrecto en el documento original, al precisar que el proceso contempla créditos por hasta 2 mil 300 millones de pesos y no únicamente por 673 millones de pesos.
La corrección quedó asentada en una fe de erratas publicada por la Secretaría de Administración y Finanzas en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, correspondiente a la convocatoria difundida originalmente el pasado 12 de enero.
En el documento inicial se indicaba que el objetivo era contratar financiamiento de largo plazo por hasta 673 millones 061 mil 068 pesos, destinados a inversión pública productiva.
Sin embargo, la fe de erratas aclara que la licitación permitirá celebrar uno o varios procesos competitivos para contratar uno o más créditos de largo plazo por hasta 2 mil 300 millones de pesos, con el mismo destino.
La convocatoria establece que los financiamientos podrán contratarse con una o varias instituciones bancarias, con un plazo de pago de hasta 20 años y respaldados con participaciones federales que recibe el Estado.
Los pagos comenzarían a realizarse una vez que el recurso sea ministrado, por lo que la deuda podría extenderse hasta el año 2046.
Los préstamos
A principios de 2025, el Congreso de Sinaloa autorizó al Gobierno estatal contratar créditos por hasta 2 mil 300 millones de pesos ante un déficit de recursos para inversión en obra pública.
De ese primer permiso, el Ejecutivo contrató deuda a 20 años por un total de mil 626 millones 938 mil 932 pesos, distribuidos en tres créditos: 500 millones con Santander, mil millones con BBVA México y 126.9 millones con Banorte. Con ello, aún quedaba disponible una capacidad de endeudamiento de poco más de 673 millones de pesos.
En diciembre de 2025, el Congreso aprobó un segundo permiso para endeudamiento por 2 mil 200 millones de pesos, lo que elevó a 4 mil 500 millones la capacidad total del estado para contratar financiamiento. Al descontar los créditos ya ejercidos, la administración estatal tiene actualmente margen para solicitar hasta 2 mil 873 millones de pesos.
Con la corrección a la licitación, el Gobierno de Sinaloa aún podría endeudarse con aproximadamente 573 millones de pesos adicionales antes de concluir 2026, sin rebasar los límites autorizados por el Poder Legislativo.
El déficit
El endeudamiento autorizado se originó para hacer frente a una multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria por 2 mil 300 millones de pesos, derivada de irregularidades fiscales detectadas en auditorías de la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Para cubrir la sanción, el Gobierno estatal destinó recursos originalmente asignados a obra pública, lo que redujo el presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas de mil 742 millones de pesos a 400 millones en el Presupuesto 2025.
Posteriormente, el Gobernador Rubén Rocha Moya también señaló adeudos heredados de la administración de Mario López Valdez por aportaciones no enteradas a distintos sistemas de pensiones y seguridad social, cuyo monto asciende a 2 mil 641 millones de pesos.
En paralelo, el Gobierno de Sinaloa mantiene abierta una investigación administrativa contra ex funcionarios presuntamente responsables de las irregularidades fiscales que derivaron en la multa del SAT; el caso se encuentra judicializado.
Errores en la convocatoria
Además del ajuste en el monto, la fe de erratas incluye correcciones de forma en las bases de licitación, como referencias al decreto correspondiente, la fecha correcta de publicación y la precisión de que el financiamiento a contratar es de largo plazo.
El calendario del proceso se mantiene sin cambios: el 19 de enero de 2026 para la manifestación de interés, el 9 de febrero para la presentación de ofertas y el 10 de febrero para la emisión del fallo.