Intercamaral demanda al Gobierno de Sinaloa respuestas ante crisis de inseguridad y pide declaración de emergencia

Belem Angulo
26 marzo 2026

Empresarios señalan incremento de violencia, pérdida de empleos y cierre de empresas; proponen reforzar presupuesto en seguridad y plan emergente de reactivación económica

En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Sinaloa, representantes del sector empresarial agrupados en la Intercamaral advirtieron un deterioro sostenido en los indicadores de violencia, así como un impacto directo en la economía estatal, con pérdida de empleos, cierre de empresas y caída en la actividad turística.

Valeria Delle Mese Zavala, titular de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, expuso que a 563 días del inicio del periodo que analizan, se han registrado más de 3 mil homicidios en la entidad, así como 3 mil 500 denuncias por privación ilegal de la libertad, de las cuales el 70 por ciento de las personas continúan sin ser localizadas.

Además, señaló que se han contabilizado más de 10 mil vehículos robados, con apenas un 4 por ciento de detenidos y un 1 por ciento de sentencias, lo que refleja, dijo, un alto nivel de impunidad.

“2025 ha sido el año más violento en el Estado de Sinaloa, en toda su historia, con 42 mil 500 delitos registrados y una impunidad del 92.46 por ciento. De esos delitos estamos por encima del promedio nacional”, indicó.

En materia económica, detalló que entre febrero de 2024 y febrero de 2026 se han perdido 26 mil empleos formales, mientras que los empleos informales afectados podrían ser significativamente mayores.

A esto se suma el cierre de 4 mil 712 empresas, equivalente al 11 por ciento del total en el Estado.

La empresaria subrayó que la inseguridad ha impactado también en el turismo, con la disminución de cerca de 210 mil pasajeros que han dejado de llegar a ciudades como Culiacán y Mazatlán, lo que ha repercutido en la derrama económica.

“En Mazatlán se ha desplomado la inversión inmobiliaria, no se diga Culiacán, Culiacán fue la primera ciudad afectada. Mazatlán ya está padeciendo... la confianza del turismo nacional a raíz de los últimos hechos también ha bajado considerablemente”, expresó.

Luis Osuna Vidaurri, integrante del Consejo Sinaloense de Empresarios, informó que hace aproximadamente seis meses presentaron al Ejecutivo estatal una propuesta integral para el fortalecimiento del presupuesto en seguridad pública, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

Explicó que dentro de las principales medidas planteadas se encuentra el incremento de la inversión en seguridad y justicia para recuperar capacidades operativas y reducir la impunidad, así como ampliar el estado de fuerza policial con la incorporación de mil 200 nuevos elementos en un periodo de tres años.

Sin embargo, advirtió que el ritmo actual es insuficiente, ya que este año se contempla la incorporación de 150 elementos.

También propusieron fortalecer el sistema penitenciario y mejorar los programas de reinserción social, además de recuperar espacios públicos mediante una mayor presencia policial y coordinación con autoridades municipales.

Osuna Vidaurri destacó la necesidad de implementar programas para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, así como la depuración y evaluación de corporaciones policiales, junto con la incorporación de herramientas tecnológicas como cámaras corporales.

En el ámbito de procuración de justicia, señaló que la Fiscalía General del Estado se encuentra rebasada, por lo que consideró indispensable dotarla de mayores recursos humanos y materiales.

“Creo que la Fiscalía tiene mucha vocación, le falta ayuda”, expresó.

En cuanto a la recuperación económica, plantearon la implementación de un plan emergente para 2026 enfocado en Culiacán y Mazatlán, que contemple medidas como el diferimiento temporal del impuesto sobre la nómina para micro y pequeñas empresas, así como facilidades fiscales federales para diferir ISR, IVA y cuotas al IMSS.

Asimismo, propusieron la creación de un programa estatal de protección al empleo formal, el otorgamiento de créditos blandos y financiamiento de emergencia con apoyo de la banca, y el establecimiento de una mesa permanente de coordinación entre gobierno y sector empresarial.

El representante empresarial hizo un llamado a declarar una emergencia económica en Sinaloa ante los efectos acumulados de la inseguridad.

Las organizaciones empresariales coincidieron en que la situación actual requiere acciones inmediatas y coordinadas entre los distintos niveles de gobierno para contener la violencia, recuperar la confianza y reactivar la economía estatal.