Jueza ordena proteger a estudiantes de colegio en Culiacán tras amenaza con corona fúnebre
La medida fue dictada después de que en el plantel fueran dejados una corona fúnebre y un mensaje intimidatorio; la madre de un menor promovió un amparo al considerar que las omisiones de las autoridades podían poner en riesgo a su hijo y a la comunidad estudiantil
Tras la amenaza registrada en un colegio privado de Culiacán, una jueza federal ordenó a las autoridades responsables implementar medidas para proteger la vida, integridad y seguridad de un menor y de toda la comunidad estudiantil, así como establecer protección especial durante el ingreso, permanencia y salida del plantel.
La medida fue decretada el 3 de septiembre por la jueza Segunda de Distrito en Sinaloa, Karla Patricia Morales Arámburo, dentro del expediente de amparo 1147/2026, promovido por la madre del menor, luego de los hechos registrados en el colegio.
La decisión ocurre después de que el domingo 30 de agosto personas desconocidas dejaran una corona fúnebre en el acceso del colegio, ubicado en el sector Villas del Río, además de pintar un mensaje intimidatorio en una de las paredes.
El hecho fue reportado al 911 y movilizó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
En la demanda de amparo, la madre señaló que las omisiones de las autoridades podían poner en riesgo la vida e integridad de su hijo y de la comunidad estudiantil.
Las autoridades responsables deberán informar al juzgado sobre el cumplimiento de las medidas. Si no reportan su cumplimiento dentro de las 24 horas posteriores a recibir la notificación, podrían ser sancionadas conforme a la Ley de Amparo.
Por separado, el juzgado dio vista al Ministerio Público de la Federación y le pidió informar en un plazo de tres días si existe una carpeta de investigación relacionada con los hechos.
En el acuerdo, la jueza también advierte que las autoridades podrían enfrentar sanciones si presentan informes en los que afirmen hechos falsos o nieguen la verdad.
La medida judicial ocurre en un contexto de crisis de seguridad en Sinaloa, que desde septiembre de 2024 ha impactado distintos sectores de la población.
La jueza sustentó su decisión en el principio del interés superior de la niñez, que obliga a considerar como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que pueda afectar sus derechos.