La ciudad del miedo: Culiacán tras las acusaciones de narcopolítica contra Rocha Moya
A casi dos años del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y tras las acusaciones de narcopolítica contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos, la capital de Sinaloa sigue atrapada en una guerra marcada por el miedo, los asesinatos y la incertidumbre de miles de habitantes que sienten que la violencia todavía puede empeorar
Texto: Manu Ureste
La finca permanece como dormida en el tiempo. Al final de la larga calle empedrada que conduce hasta el portón del inmueble impera un silencio profundo, pesado. Solo se escuchan algunos pájaros. Una enorme y gorda iguana es la única que sale al encuentro de los periodistas antes de desaparecer entre los árboles.
Detrás del alto muro color arena de la fachada —de unos 25 metros de largo— apenas se alcanzan a distinguir, a través de una rendija del portón, varias palmeras inmóviles, maleza esparcida sobre el suelo y un patio vacío. A un costado del acceso yacen algunos costales apilados que todavía parecen formar parte de una vieja barricada improvisada. Quizá el presagio de la guerra que vendría después.
No hay cintas amarillas prohibiendo el paso, ni soldados vigilando el acceso. Solo una discreta patrulla de la Guardia Nacional estacionada a unas cuadras, bajo el sol infernal de Culiacán. Eso y un raído letrero de la Fiscalía General de la República pegado sobre la madera carcomida del portón con la leyenda “inmueble asegurado”, son las únicas pistas de que aquí, en esta finca del lujoso fraccionamiento Huertos del Pedregal, ocurrió algo grave el 25 de julio de 2024.
Hoy, casi dos años después, la propiedad luce abandonada. Como si ahí nunca hubiera ocurrido nada. Como si el sitio no cargara el peso de una traición histórica dentro del Cártel de Sinaloa que terminó por incendiar el estado y alterar la vida de cientos de miles de personas que más de 600 días después aún no logran recuperar la tranquilidad, a pesar del envío de miles de soldados.
Pero fue justo aquí, en este punto exacto a las afueras de Culiacán, donde —según la versión del capo Ismael “El Mayo” Zambada—, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo citó para una reunión que era una trampa para secuestrarlo y entregarlo a Estados Unidos. Y fue también aquí donde asesinaron a Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y adversario político del gobernador Rubén Rocha Moya, quien también habría sido convocado al encuentro donde supuestamente se resolverían diferencias políticas, aunque el mandatario asegura que nunca estuvo presente. Fue aquí, en definitiva, donde comenzó la guerra.
Desde entonces, Sinaloa se hundió en un enfrentamiento interno entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos” que ha dejado, hasta mayo de 2026, al menos 1,828 asesinatos y 2,390 desapariciones. Una guerra que además colocó bajo la mira del gobierno estadounidense a una decena de altos funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rocha Moya y sus exsecretarios de Seguridad y de Finanzas, quienes ya se entregaron a autoridades de aquel país. Y que, lejos de apaciguar el ambiente en Sinaloa, ha vuelto a disparar el miedo y la incertidumbre entre una población que teme que la violencia no solo continúe, sino que todavía pueda empeorar.
Ahora, casi dos años después del suceso, la finca permanece quieta, muda, envuelta en un extraño halo fantasmal bajo un sol de 40 grados y el roce del viento con las palmeras. Como si la hacienda intentara esconder entre sus muros el origen de una de las guerras criminales más violentas de los últimos años en México.
El miedo de todos los días
—¡Hijoesuchingada madre!
El chofer de Uber, un tipo cincuentón, moreno, con una gorra roja de los Tomateros de Culiacán, da un brinco sobre el asiento. El coche, uno de los pequeños autos eléctricos chinos que proliferan por la capital sinaloense, da un leve bandazo luego de que el conductor moviera el volante por el susto.
—¡Su pinche madre! —suelta una carcajada nerviosa—. ¡Casi me trago el chicle!
Segundos antes, una motocicleta pasó junto al taxi y, al acelerar la marcha, el escape emitió un pistonazo seco y ruidoso que por unas fracciones de segundo se confundió con un balazo.
—Es que ya uno no sabe qué rollo en esta ciudad —dice el taxista, sin perder la sonrisa nerviosa mientras sigue observando la moto por el rabillo del ojo, hasta que se pierde entre el denso tráfico de la tarde.
Las páginas del diario Noroeste de ese día —y de tantísimos otros— explican a la perfección el susto del chofer: a lo largo y ancho de dos enormes sábanas de papel se distribuyen fotos de escenas del crimen y titulares: ‘Asesinan a hombre en tienda de abarrotes’, ‘Hieren a balazos a un hombre en Culiacán’, ‘Hombres armados atacan vehículo y le prenden fuego’, ‘Ataque a balazos deja 2 muertos y 2 heridos’, ‘Balean vivienda y la queman’, ‘Incautan mil 715 litros de sustancias para elaboración de metanfetaminas en Culiacán’. Todo, en apenas 24 horas.
El coche avanza por la Avenida Álvaro Obregón, la calle principal de Culiacán por donde transcurren las marchas y desfiles. Son las 19:08 horas. En un crucero el auto se detiene. En lo alto del semáforo se observa un gancho y un par de cables colgando. Ahí había una cámara de seguridad, explica el chofer. Pero un día llegó un vehículo y balaceó la cámara. Esa, dice apuntando con la barbilla, y las de todos los semáforos de la larga avenida.
—Una por una, pum, pum. Y pues como nadie se mete con ellos... pues hacen lo que quieren.
El periodista, que va en el asiento de atrás, asiente observando que, en efecto, muchos semáforos solo tienen el gancho sin cámara, y le comenta con ingenuidad algo fingida que pensaba que la situación en Culiacán se había calmado un poco, ya a camino de los dos años de la guerra. Sobre todo, le explica, porque las autoridades estatales y federales han presumido en varias ocasiones que ha habido una reducción de los homicidios e incluso ‘días sin homicidios’ en la capital.
—N’hombre, cuál tranquilo, oiga —se carcajea de nuevo el chofer, mirando por el espejo retrovisor al periodista.
—Es un desmadre esto —niega con la cabeza mientras sigue masticando chicle—. Nomás no se quiere componer. O no dejan que se componga, pues. Y ahora, con todo el desmadre de Estados Unidos y el góber, pues menos se va a componer.
Por la ventanilla, pintas en las paredes y anuncios en espectaculares rezan frases como ‘Culiacán quiere vivir en paz’, aunque no parece que tengan efecto alguno en la ciudad. Uno de esos espectaculares —paradojas de la ciudad y la guerra— está a unos metros de una tienda de “ropa blindada”.
—Yo, a las 19:40, programo mi teléfono para que ya solo tome viajes que me vayan llevando para mi casa. A las ocho u ocho y media, como mucho, ya estoy encerrado, como la gran mayoría aquí. Y pues mire —dice apuntando de nuevo discretamente con la barbilla a un convoy del Ejército apostado en la esquina de una calle, formando un cuello de botella de vehículos que avanzan a vuelta de rueda mientras los soldados iluminan el interior de los autos con linternas—.
—¿Ya vio? Hay mucho gobierno por todos lados. Dicen que son más de 6 mil soldados —asegura, citando un dato correcto—. ¡Mucho gobierno, pues! ¿Pero de qué sirve eso? —encoge los hombros—. Hay muchos militares —insiste—, pero los pinches malandros... pues son más, o yo no sé qué rollo, porque esta guerra nomás no se termina.
El Uber circula lentamente por las calles del centro histórico de Culiacán. Aún no dan las 20 horas, pero ya parece noche cerrada: la inmensa mayoría de pequeños negocios hace rato que bajaron la cortina. Algunos, porque ya cerraron de manera definitiva a 21 meses de la guerra y de la caída continua de ingresos —por toda la zona abundan los letreros de ‘Se renta’ o ‘Se traspasa’—. Otros, porquea eso de las seis de la tarde, se autoimponen un toque de queda. Y otros más porque, como en el caso de Sara, una comerciante de 30 años, terminan circunstancialmente convertidos en escenas del crimen.
La mujer estaba ya por cerrar su estética canina el pasado 27 de abril cuando, alrededor de las 19 horas, un hombre llegó y, casi sin mediar palabra, le descargó un balazo mortal en la frente. Luego disparó también contra la mujer con la que platicaba y contra otras dos mujeres —madre e hija— que estaban arriba de una camioneta estacionada frente al local. Así, sin más. Después, el agresor siguió caminando como si nada entre calles repletas de soldados y policías federales, los llamados “harfuch”.
Precisamente, el taxi pasa frente a la estética canina, que está muy cerca de uno de los principales mercados de la ciudad, muy concurrido, aunque se vacía temprano. Debajo de la lona que anuncia el nombre del comercio hay un enorme moño negro en señal de duelo por Sara y las otras tres mujeres, del que cuelga el peluche de un perrito. En el suelo titilan, solitarias, una docena de velas junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe.
A unas cuadras de distancia de la estética canina, bajo la luz tenue de una farola, hay estacionada una Humvee del Ejército con cuatro soldados a bordo. Es el punto acordado para el encuentro con Fernanda, una fotógrafa de 44 años que pide modificar su nombre por temor: Fernanda era amiga de Sara.
—Aún sigo impactada. El asesinato fue un lunes y yo apenas había estado con ella el sábado. Me dolió muchísimo —cuenta la mujer sentada ahora en un bar; uno de los pocos negocios que han ido estirando el horario de cierre hasta las diez u once de la noche.
—Me dolió por mi amiga y por las otras tres mujeres —continúa—, pero también me impresionó pensar que yo pude haber estado ahí esa noche, porque yo iba mucho a verla y a platicar. Eso me hizo entrar en shock. Pensé: “yo podría haber sido una de las muertas”. Y entonces pensé en mi hijo y dije: “gracias a Dios no estuve ahí”. Pero es vivir con un miedo total. Desde que estalló esta guerra, en Culiacán todo el tiempo se vive con miedo.
Fernanda habla apenas un par de semanas después de que estallara la bomba informativa a miles de kilómetros de distancia: en una corte de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 29 de abril al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios —incluidos los secretarios de Seguridad y Finanzas, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil— de tener vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Una acusación que provocó que el gobernador pidiera licencia para separarse del cargo y no obstaculizar las investigaciones. Después, ante la presión, los titulares de Seguridad y Finanzas se entregaron en Estados Unidos. Del alcalde de Culiacán, en cambio, nadie sabe dónde está varias semanas después. Tampoco hay certeza de la ubicación exacta de Rocha Moya. Si bien desde el gobierno federal se asegura que permanece en Sinaloa, nadie lo ha visto públicamente. Aunque este viernes tanto Rocha como el alcalde Juan de Dios Gámez reaparecieron mediante mensajes en X para asegurar que acudirán al llamado de la Fiscalía General de la República.
Crece la incertidumbre
La acusación de Estados Unidos no ha provocado que la población de Sinaloa —ni la de Culiacán en particular— duerma más tranquila. Fernanda asegura que, al contrario, el ambiente en la ciudad se volvió todavía más incierto.
—Ahora, con todo lo del gobernador, tenemos todavía más incertidumbre, muchas dudas. No quisiera señalar directamente a nadie, pero aquí todos sabemos que es evidente que algo pasa entre nuestras autoridades y el narco. Y por eso mismo, yo, en lo personal, siento que todo este desmadre con Estados Unidos puede empeorar todavía más las cosas.
Cuando se le pregunta cómo ve el futuro inmediato, la fotógrafa mira su tarro de cerveza y reflexiona durante unos segundos.
—Es difícil responder eso —da un sorbo mientras, de reojo, observa por el ventanal del bar cómo pasa otra patrulla de militares encapuchados—.
—Creo que, como la gran mayoría de culichis, ya trato de no pensar demasiado en el futuro. Prefiero enfocarme en salir adelante hoy, en estar tranquila, pues. Lo hago por salud mental. Porque cuando empezó la guerra yo ya estaba al borde de la locura. Literal. Amanecía y lo primero que hacía era meterme a las páginas de noticias y a los grupos de WhatsApp para ver la balacera en tal sitio, o el asesinato en tal otro, o el retén aquí y allá.
Da otro sorbo de cerveza. Son poco más de las diez de la noche y el bar ya está prácticamente vacío, con los meseros recogiendo apresuradamente las sillas.
—Ahorita trato de soltar un poco, aunque sigo alerta, claro —continúa—. Porque tampoco podemos hundirnos en la tristeza y el miedo. Por eso ves a la gente en la calle durante el día: salen a trabajar, a llevar a los niños a la escuela, al mandado, a tomar café. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos bajar la guardia.
Fernanda apura la cerveza, mira su reloj —algo que los meseros llevan haciendo varios minutos— y hace un gesto con la mano para pedir la cuenta.
—Yo creo que es un equilibrio —encoge los hombros—. Aunque, claro, lo difícil es conseguir ese equilibrio sin que el miedo termine por dominarnos.
El Culiacanazo eterno
La fachada del Tropicana es bastante simple y discreta para ser un casino: un par de muros pintados de rojo oscuro, una palmera de luces de neón anunciando el nombre del local, otra palmera —esta sí, real— lánguida y abrasada por la falta de agua en el pequeño estacionamiento, y un escueto letrero de “bienvenidos” que contrasta con las bandas amarillas de plástico que prohíben el paso.
El 4 de mayo —luego de que una semana antes su fachada fuera baleada— hombres armados incendiaron el Tropicana. Una trabajadora murió y otras personas resultaron heridas. Aunque para la Fiscalía estatal la muerte de la mujer no puede catalogarse como homicidio, pues sostiene que falleció por asfixia, lo que generó polémica entre la ciudadanía, que duda del conteo oficial de víctimas y de las reducciones de violencia que presumen las autoridades.
De hecho, el diario Noroeste ha documentado durante meses que la Fiscalía estatal está subregistrando asesinatos y maquillando las cifras reales de la violencia. En uno de sus reportajes más recientes, el periódico detectó que, mientras la Fiscalía reportó oficialmente 128 homicidios en diciembre de 2025, el conteo periodístico encontró al menos 166 personas asesinadas, además de restos localizados en fosas clandestinas.
El ataque al casino ocurrió apenas cuatro días después del anuncio desde Estados Unidos de la acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios. En ese corto lapso de tiempo, el 30 de abril, fue asesinado a tiros Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, junto con su escolta. El 1 de mayo, Rocha Moya pidió sorpresivamente licencia. El 3 de mayo, muy cerca del Tropicana, en la plaza comercial del sector Tres Ríos —una de las zonas más vigiladas y exclusivas de Culiacán—, se registraron dos balaceras. El saldo: tres hombres asesinados y una mujer herida en el estacionamiento de la plaza. Y el 4 de mayo, el incendio del casino.
Quizá por todos estos sucesos, el hombre vestido de negro que se acerca a los periodistas de Animal Político y Noroeste, que realizan un reporte en video con la fachada del casino de fondo, se muestra nervioso y desconfiado.
—Oigan, ocupo reportar quiénes son —se presenta con un radio en la mano.
—¿Reportar a quién, oiga? —responde de inmediato uno de los periodistas, alarmado.
Por unos segundos nadie dice nada y todos temen que el otro pueda ser uno de los muchos “punteros” que reportan movimientos al crimen organizado. Un ejemplo más de la paranoia y la tensión que atraviesan la ciudad.
—No, pos al corporativo —dice ahora con una sonrisa tenue—. Trabajo para la empresa —se identifica ahora sí— y pos estamos aquí vigilando quién se acerca.
Los periodistas también sonríen, aliviados, y muestran sus credenciales.
—¿Y si es otra gente la que llega, qué sucede? —pregunta curioso el reportero de Animal Político. Una Humvee repleta de soldados pasa lentamente por segunda vez en menos de cinco minutos frente al casino.
El vigilante encoge los hombros y se lleva la mano a la nuca.
—No, pos si ya es otro tipo de gente la que llega... mejor nos metemos pá dentro. Pá qué jugarle, oiga.
Cuando se le comenta la anécdota a Miriam —que pide no publicar su nombre completo ni a qué se dedica, también por temor—, esboza una ligera sonrisa mientras, sentada en la terraza de un restaurante del centro, le da vueltas con la cucharilla a un café.
—La gente sigue teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo —se corrige—. Seguimos temerosos de salir a la calle y restringiendo horarios. Quizá es cierto que el toque de queda ya no es tan marcado como al inicio de la guerra, pero todavía existe la idea de que, a partir de las 11 de la noche, ya no es una hora segura.
—Pero los hechos de alto impacto siguen ocurriendo —se le plantea—. Y, sin embargo, la gente sigue saliendo a la calle, hay tráfico por las avenidas. ¿Esto a qué crees que se debe? ¿A una normalización de esta guerra? ¿A un agotamiento?
—Sí, sin duda. Aunque más que una normalización, yo lo llamaría resistencia. Una resistencia que empuja a querer recuperar la vida que se tenía antes de este “Culiacanazo eterno” en el que vivimos —dice Miriam, haciendo referencia a dos sucesos clave en la ciudad: el primero, en octubre de 2019, cuando tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, Culiacán ardió en balaceras y enfrentamientos hasta que las autoridades terminaron liberándolo; y el segundo, en enero de 2023, cuando Ovidio fue nuevamente detenido, aunque esta vez sí fue extraditado a Estados Unidos.
—¿Esperaban algo como la acusación de Estados Unidos contra el gobernador?
—Fue algo inesperado —responde rápidamente, aunque enseguida matiza—. Pero, al mismo tiempo, era un secreto a voces. Porque no es algo exclusivo de los gobiernos de Morena en el estado. En Sinaloa esto se vive desde hace décadas, incluso desde los gobiernos del PRI. Siempre ha existido ese conocimiento no oficial de pactos entre gobierno y grupos criminales. Aunque lo que marcó al gobierno de Rocha Moya fue que prácticamente se disolvió esa línea entre autoridad y narco. Había muchas señales.
—¿Ese miedo que mencionabas antes —se le insiste a continuación, para finalizar— es por la incertidumbre de qué puede pasar con la acusación en Estados Unidos?
—Sí, claro —responde tras unos segundos de reflexión—. Hay miedo a que se genere una ola de violencia aún más fuerte de la que ya vivimos.