Los sinaloenses ‘arrinconaron’ a sus diputados
"El 2017 marcó una nueva etapa en la vida pública estatal. Marchas contra el ‘gasolinazo’, protestas por cuentas malovistas y movilizaciones magisteriales obligaron al Poder Legislativo a someterse, como nunca antes, al escrutinio ciudadano"
El año 2017 arrancó con históricas movilizaciones en contra del “gasolinazo”, aplicado desde el primer minuto del primero de enero.
Y el Congreso del Estado, la “Casa del Pueblo”, se convirtió en la caja de resonancia de las protestas.
Como nunca antes, la irritación popular en contra del aumento al combustible unificó a la sociedad en un sólo bloque. Las primeras acciones no tenían color, y aglutinaron por igual a militantes de partidos de Oposición al PRI, que a las clases bajas, medias y altas, cuyos integrantes salían por primera vez a las calles a manifestar su repudio al Gobierno federal, muchos de ellos acompañados de sus hijos.
De estos movimientos surgieron liderazgos y activistas ciudadanos, que nutrieron contingentes inéditos que desembocaban en las gradas del recinto parlamentario, hasta “reventar” las sesiones.
El 12 de enero de 2017, por primera vez en más de 6 años, la 62 Legislatura tuvo que “parar” una sesión ante los gritos enardecidos de ciudadanos, que exigían echar abajo el alza a la gasolina. Por primera vez, también, se escuchaba el Himno Nacional entonado por las voces de inconformidad.
Las manifestaciones se repetirían sesión tras sesión, al punto de que desde la Junta de Coordinación Política, encabezada por la Diputada priista Irma Tirado Sandoval, ordenaría “investigar” a los asistentes.
Y aunque las últimas movilizaciones se fueron radicalizando, las manifestaciones rendirían frutos, al punto de obligar a los 40 diputados locales a renunciar a sus apoyos de transporte y gasolina, por 27 mil 500 pesos mensuales. Éstas partidas se canalizarían luego para la atención de niños con cáncer y becas a estudiantes, en sus primeras emisiones.
Golpe
al malovismo
Pero las protestas ciudadanas no terminaron en la Cámara local, con la “entrega voluntaria”, para fines sociales, de los recursos etiquetados para gasolina y transporte de los legisladores.
El 27 de enero de 2017, en un hecho inédito la Legislatura asestó un “golpe” a quien durante el sexenio 2011-2016 fuera el político más poderoso de Sinaloa: Mario López Valdez.
Al ex Gobernador le fue suspendida la cuenta pública del primer semestre de 2016, en medio de una creciente ola de críticas en redes sociales por los despilfarros malovistas. De hecho el partido gobernante, el PRI, tuvo que dar revés en la votación del dictamen: del voto a favor, anunciado por el priista José Menchaca, se dio reversa.
Los 35 legisladores presentes hicieron “historia”, en medio de la algarabía de ciudadanos que coparon el recinto: 19 del PRI, seis del PAN, cinco del PAS, dos del Panal, dos de Morena y uno del PRD. Cinco diputados restantes optaron por ausentarse o salirse de la sesión, argumentando “conflictos de intereses”:
Aarón Rivas y Marcial Liparoli, del PRI, y Juan Pablo Yamuni, del PAN, señalaron que al haber sido funcionarios de la administración malovista, no podían votar, a favor ni en contra, de la cuenta en la cual la Auditoría Superior del Estado observó miles de millones de pesos en irregularidades, que al paso de los meses derivarían en denuncias penales contra ex funcionarios, principalmente de Salud y Turismo.
Todas las fracciones y partidos representados en la Cámara local festejaron la “hazaña”. La mayoría priista, determinante en la toma de decisión, argumentó que la auditoría era insuficiente, en un contexto en que las noticias provenientes del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel describían el desastre financiero heredado por Malova.
Cuentas
en lo ‘oscurito’
La experiencia de la suspensión de la primera cuenta de un ex Gobernador trajo nuevos temas en la palestra. En primer plano se colocó la propuesta de reformas a los artículos 37 y 43 de la Constitución local para cambiar la modalidad de la aprobación de las cuentas públicas.
Este proyecto oficial se conoció como “cuentas en lo oscurito”, porque a decir de la oposición, se buscaba que las cuentas no se sometieran más a la aprobación o no al pleno de los diputados.
El proyecto generó nuevas movilizaciones ciudadanas, en las que confluían desde cámaras empresariales, organizaciones civiles hasta activistas de izquierda, considerando esta reforma como “un retroceso histórico en transparencia y rendición de cuentas”.
El 20 de julio de 2017, en un Congreso de nueva cuenta repleto, inconformes con esta reforma intentaron frenar la aprobación. Dos de éstos, de nombre Héctor González y Alán Pérez, se introdujeron al área de las curules, para protestar, lo que originó que fueran sacados mediante el uso de la fuerza por agentes de seguridad.
Los manifestantes arrojaban maíz, desde las gradas, a los diputados. Finalmente con 27 votos, la mayoría calificada, PRI, PAS y Crescenciano Espericueta, de Nueva Alianza, sacaban adelante esta reforma, en medio de gritos de “¡traidores!”, de parte de ciudadanos, quienes coronaban la protesta con la entonación del Himno Nacional. Previamente legisladores del PAN y Morena tomaron la tribuna, desplegando mantas con estas leyendas: “¡No a las cuentas en lo oscurito!” y “Enmudecer al Congreso es silenciar a los ciudadanos”.
PRI y PAS argumentaron que las protestas tenían de fondo una campaña mediática, pues en realidad los diputados seguirían teniendo un papel protagónico en la aprobación de los dictámenes, y lo que se buscaba era “despolitizar” las cuentas, pues con ello se estaba fortaleciendo a la Auditoría Superior del Estado.
Esos ‘indeseables’
Al calor de las movilizaciones surgiría un grupo de activistas, que luego se identificó como los “indeseables” y que levantaron simpatía por diversas acciones de protesta en contra decisiones tomadas por la Cámara.
A varios de éstos, como a Ernesto Saldaña, quien se ha caracterizado por denunciar presuntos actos de corrupción al interior del recinto, se le llegó incluso a sacar del edificio por guardias de seguridad, en dos ocasiones.
Otros decidieron realizar un “velorio” a las afueras de la sede del Poder Legislativo, como una forma de protesta, por coartarles la libertad de expresión, impidiéndoles desplegar cartulinas con frases críticas durante las sesiones.
Las medidas de seguridad de la Cámara local se endurecieron luego de las protestas protagonizadas por diversos colectivos, grupos y ciudadanos en lo individual.
El asunto no que se quedó en los medios y en las redes sociales, sino que escaló a nivel de instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante la cual se interpusieron quejas por violaciones a los derechos humanos.
El 12 de octubre les fue “levantado” el veto, y algunos de éstos como el propio Ernesto Saldaña y Gabriel Campos, del Consejo de Unidad Ciudadana, regresaron de nuevo a la “Casa del Pueblo”, a continuar manifestándose. Ello luego de que la CEDH determinara que el Congreso debía “rendir cuentas” y documentar el por qué se le están cerrando las puertas a ocho personas.
31 DE ENERO
La ciudadanía salió a las calles y exigió frenar los incrementos a los combustibles en las marchas contra los “gasolinazos”,
20 DE JULIO
Un manifestante brinca a la tribuna del Congreso, por lo cual fue desalojado por la seguridad del recinto.
25 DE JULIO
Ciudadanos son “vetados” del Congreso y les impiden la entrada a las sesiones, que deben ser públicas.
27 DE JULIO
Manifestantes “truenan” contra legisladores y ex mandatarios.
8 DE AGOSTO
Activistas realizan un “velorio” a manera de protesta afuera del Congreso del Estado.
24 DE OCTUBRE
La llamada “marea roja” de maestros inconformes ha “reventado” la sesión en varias ocasiones.
24 DE OCTUBRE
La violencia también se presentó en el Congreso, incluso manifestantes tumbaron puertas.