Padre trans denuncia trabas legales para modificar acta de su hijo; pide reformas que protejan derechos de menores

Alejandro Romero afirma que durante cuatro años ha enfrentado retrasos administrativos y judiciales; asegura que la falta de actualización documental ha afectado educación y acceso a servicios

Alejandro Romero, padre transgénero en Sinaloa, denunció que desde hace cuatro años enfrenta obstáculos administrativos y judiciales para modificar el acta de nacimiento de su hijo, con el fin de que en el documento oficial aparezca como “papá” y titular legal, tras haber realizado previamente su cambio de nombre y reconocimiento de identidad de género.

De acuerdo con su testimonio, al momento del nacimiento del menor sus documentos oficiales aún contenían nombre y sexo femenino, por lo que el registro inicial se realizó bajo esos datos. Posteriormente, cuando solicitó la adecuación del acta, se encontró con que el trámite no estaba contemplado dentro de los formatos tradicionales del Registro Civil.

Romero explicó que acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para solicitar orientación y apoyo, al considerar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica. Días después, señaló, fue notificado de una denuncia por supuesta omisión escolar del menor, la cual aseguró fue promovida por la propia institución tras su comparecencia.

Ante la negativa administrativa, promovió una demanda para que un juez ordenara la modificación del acta. Indicó que el proceso judicial se prolongó debido a los tiempos de la Defensoría Pública, instancia que lo representó por no contar con recursos para contratar un abogado particular. Añadió que la ausencia temporal de la defensora asignada y la falta de sustitución generaron prórrogas y pausas en el procedimiento.

Mientras el trámite permanecía sin resolverse, el menor no pudo ser inscrito en instituciones educativas por la falta del documento actualizado, sostuvo. Según su relato, esta situación impactó en el desarrollo escolar del niño, quien no asistió a guardería ni a kínder.

Además, señaló que la falta de homologación total de sus documentos oficiales le ha impedido obtener un Registro Federal de Contribuyentes actualizado, lo que ha limitado su acceso a empleos formales, seguridad social y servicios médicos.

“Sin RFC no puedo obtener un trabajo formal, y sin empleo estable se vuelve más difícil sostener a mi hijo. Todo está conectado”, expresó.

Asimismo, cuestionó la capacitación del personal en algunas áreas administrativas y judiciales. Relató que en una ocasión detectó un error en un oficio ya firmado por un juez, el cual tuvo que corregirse para evitar un nuevo retraso.

Romero subrayó que su objetivo es garantizar el interés superior del menor y visibilizar las dificultades que enfrentan personas en situaciones similares, particularmente padres trans o familias diversas que, señaló, no encuentran apoyos específicos dentro de los programas gubernamentales.

“Más allá de etiquetas o género, soy una persona que quiere ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades como padre. Lo único que pido es que el sistema no nos ponga más trabas”, concluyó.