Pide CEDH distinguir gravedad de quejas contra Fiscalía y Educación
Óscar Loza Ochoa señaló que las denuncias contra autoridades ministeriales pueden involucrar abusos de autoridad, omisiones y afectaciones físicas y emocionales; también advirtió que la violencia y las suspensiones escolares impiden cumplir los 185 días efectivos de clases
Las quejas contra autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura deben analizarse no solo por su cantidad, sino por la gravedad de los hechos denunciados, consideró Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa.
Al referirse al informe de labores de la Comisión, explicó que las inconformidades relacionadas con autoridades ministeriales pueden implicar omisiones y abusos de autoridad con consecuencias físicas y emocionales para las personas afectadas, mientras que los señalamientos contra personal educativo pueden concluir, en muchos casos, mediante procedimientos de conciliación
“En muchos de los casos son omisiones o son abusos de autoridad que implica obviamente un daño no solamente emocional, sino también de carácter físico”, expresó sobre las quejas relacionadas con la Fiscalía.
Por ello, insistió en que el número de expedientes no debe ser el único elemento para evaluar la actuación de las instituciones.
“Hay que diferenciar las gravedades”, sostuvo.
De acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, la Fiscalía acumuló 238 quejas, mientras que la Secretaría de Educación Pública y Cultura registró 95.
En el caso de la Fiscalía, los señalamientos se distribuyeron entre distintas áreas, entre ellas el Ministerio Público, con 121 quejas; la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con 29; y el personal de la Fiscalía General del Estado, con 28.
También se reportaron inconformidades contra la Unidad de Atención Temprana y Primer Contacto, con 20; la Vicefiscalía Regional Norte, con 13; y la Unidad de Investigación Pericial, con ocho, además de otros señalamientos contra áreas de investigación, servicios periciales y personal de distintas sedes.
En cuanto a Educación, las 95 quejas corresponden a señalamientos contra personal de la SEPyC, incluidos directores y maestros de secundaria, primaria y preescolar, así como de otros centros educativos.
Loza Ochoa indicó que muchas de estas inconformidades pueden concluir mediante conciliación, aunque advirtió que la situación que atraviesa Sinaloa también ha complicado el cumplimiento del derecho a la educación.
Violencia impide cumplir calendario escolar
El presidente de la CEDH señaló que las interrupciones de clases por la crisis de violencia se suman a las afectaciones que dejó la pandemia de Covid-19, lo que ha dificultado que las escuelas cumplan con los 185 días efectivos establecidos para el ciclo escolar.
“Primero nos hizo daño la pandemia y ahora lo que le llaman la narcopandemia o la violencia que tenemos desde hace dos años que nos ha estado evitando que se cumplan con los 185 días efectivos de clase que debe haber por ciclo escolar”, manifestó.
A estas afectaciones, agregó, se suman las suspensiones preventivas de actividades por fenómenos meteorológicos, que también pueden representar horas de enseñanza perdidas cuando finalmente no se presentan las condiciones previstas.
Loza Ochoa cuestionó que se suspendan las actividades escolares ante pronósticos que posteriormente no se materializan en las condiciones esperadas.
Aunque reconoció que las autoridades deben tomar precauciones ante posibles riesgos, advirtió que las interrupciones acumuladas afectan el tiempo destinado al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.
Ante esta situación, planteó que las autoridades educativas busquen mecanismos para recuperar parte del tiempo perdido mediante alternativas de enseñanza a distancia.
“Debe de verse la manera en cómo ese tiempo perdido puede, digamos, de alguna manera rescatarse a través de la educación virtual”, propuso.
El titular de la CEDH no detalló un programa específico para aplicar esta alternativa, pero consideró necesario revisar cómo recuperar las horas de enseñanza que se pierden por las suspensiones.
La propuesta se presenta en un contexto en el que las afectaciones a las actividades escolares se han convertido en una preocupación adicional para las comunidades educativas de Sinaloa, donde la violencia ha obligado a modificar la operación de planteles en distintos municipios.
Para Loza Ochoa, el análisis de las quejas contra las instituciones educativas debe considerar también estas condiciones, pues las interrupciones de clases afectan el ejercicio efectivo del derecho a la educación.