Pide CESP destinar $7 mil millones a seguridad en 2026; advierte debilidad institucional
El Consejo Estatal de Seguridad Pública señala que con los recursos actuales las instituciones operan al límite y no pueden atender la crisis de inseguridad
CULIACÁN._ Ante la persistente crisis de violencia e inseguridad que vive Sinaloa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública planteó la necesidad de duplicar el presupuesto estatal destinado al sector para el ejercicio 2026.
El titular del organismo, Miguel Calderón Quevedo, advirtió que, con los recursos actuales, las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia operan con serias limitaciones, lo que ha derivado en rezagos estructurales que impiden dar respuesta a la ciudadanía.
De acuerdo con el planteamiento del Consejo, el presupuesto de este año, que ronda los 3 mil 500 millones de pesos, resulta insuficiente frente al tamaño de los desafíos que enfrenta el estado, por lo que la propuesta para 2026 contempla un aumento del 100 por ciento, es decir, alcanzar al menos 7 mil millones de pesos destinados a seguridad pública, procuración e impartición de justicia, fortalecimiento institucional y profesionalización policial.
Calderón Quevedo explicó que la propuesta no es improvisada, sino el resultado de un proceso de cabildeo que inició desde mayo con diferentes actores políticos y dependencias estatales.
“Hemos venido cabildeando desde hace meses, al menos desde mayo, con diferentes instancias gubernamentales a nivel estatal. En principio con los grupos parlamentarios que integran esta legislatura, incluyendo a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, entre otros integrantes del Poder Legislativo”, detalló.
El funcionario añadió que también han sostenido reuniones técnicas con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, donde se han planteado los argumentos que justifican el incremento.
“El tamaño del problema que tenemos frente a nosotros, la inseguridad, no corresponde a la asignación presupuestal que le han dado en las últimas décadas. Más allá de esta administración estatal, pero en particular en medio de esta crisis, hemos tenido una asignación de poco menos de 3 mil 500 millones para este año, y eso deriva en instituciones de seguridad y justicia muy débiles”, indicó.
Según Calderón Quevedo, la falta de recursos impacta directamente en la capacidad operativa de las corporaciones y áreas técnicas. Actualmente, la Policía Estatal Preventiva cuenta con menos de mil elementos activos, cifra insuficiente para atender la cobertura territorial y las labores preventivas que requiere una entidad con más de tres millones de habitantes.
Además, la Fiscalía General del Estado enfrenta un déficit de agentes del Ministerio Público, peritos e investigadores, lo que limita su capacidad para abatir el rezago de carpetas de investigación y atender con eficacia los casos recientes.
“Necesitamos más peritos, investigadores, mayores capacidades del Servicio Médico Forense y también ampliar el nivel de desempeño del Poder Judicial. Si no fortalecemos estos eslabones, seguiremos enfrentando instituciones rebasadas y ciudadanos desprotegidos”, sostuvo.
El titular del Consejo consideró que la prioridad presupuestal debe centrarse en garantizar la seguridad de la población, incluso por encima de otros rubros, ya que sin condiciones de paz no puede haber desarrollo económico, educativo ni social.
“Sabemos que no es sencillo, que los problemas que atiende el Poder Ejecutivo son múltiples, no solamente los de seguridad. Pero hoy tenemos muy claro que el hartazgo de la sociedad está enfocado en los brotes de inseguridad y en los hechos violentos. Si hay una base de despegue para poder avanzar, es tener un Sinaloa en paz. Si no tenemos armonía social ni índices prudentes de delincuencia, no podemos salir a nuestros centros laborales, escolares o hacer cotidianidad”, expresó.
Calderón Quevedo recordó que el incremento de 13.5 por ciento aprobado de 2024 a 2025 resultó insuficiente, pues no permitió resolver los rezagos estructurales ni mejorar de forma sustancial los indicadores de seguridad.
“Si seguimos con esa tendencia, seguiremos teniendo los mismos problemas”, advirtió.
El funcionario comparó el caso de Sinaloa con otras entidades del País que, pese a tener poblaciones similares, destinan hasta el doble o triple de recursos en materia de seguridad.
“A nivel nacional, otras entidades como Chihuahua tienen tres veces más presupuesto que nosotros; Sonora tiene el doble, con poblaciones muy similares. ¿Cómo lo hicieron ellos? Hay un camino para aumentar el presupuesto, por supuesto que lo hay: simplemente hay que hacer administración por prioridades”, señaló.
Además, cuestionó que los recientes créditos contratados por el Gobierno del Estado se destinarán en su mayoría a obra pública, cuando una parte de esos recursos podría haberse orientado al fortalecimiento institucional del sector seguridad y justicia.
“Desde el Gobierno del Estado se ejerce un presupuesto derivado de un préstamo que está enfocado a obra pública, y bien pudo haberse destinado un porcentaje para temas de seguridad y justicia. Aprovechemos que se le dio prioridad en el préstamo a la obra pública para que ahora sí, el presupuesto 2026 tenga un enfoque de seguridad y de paz. Eso es lo que estamos pidiendo”, explicó.
El titular del Consejo insistió en que, más allá de la coyuntura política y financiera, el Estado debe reconocer que la inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para el bienestar social y el crecimiento económico.
La insuficiencia presupuestal, dijo, no solo limita la operación diaria de las instituciones, sino que también impide implementar estrategias de prevención y atención integral de la violencia.
“Hoy los testimonios son claros: un perito investigador llega a un lugar donde hay hechos trágicos y, minutos después, tiene que trasladarse a otro punto porque no hay suficiente personal. Eso demuestra la insuficiencia de recursos materiales, humanos y financieros. Si no atendemos ese déficit, seguiremos reaccionando, no previniendo”, puntualizó.
La propuesta del Consejo Estatal de Seguridad Pública busca que el presupuesto 2026 sea elaborado con base en una revisión técnica de necesidades reales, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General y el Poder Judicial. El objetivo es lograr un “salto cuántico” que permita recuperar la capacidad del Estado para garantizar la paz y el acceso a la justicia.
“Independientemente de otras necesidades, hay una necesidad básica, una necesidad de origen, y esa es la de tener un Sinaloa en paz”, concluyó Calderón Quevedo.