Por errores y omisiones, Fiscalía tardó ocho años en identificar a una víctima de desaparición en Navolato: CEDH
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa acreditó negligencia forense y falta de debida diligencia en la investigación por la desaparición y muerte de una mujer ocurrida en 2012; recomendó a la Fiscalía sancionar a los responsables y reparar el daño a la familia
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emitió la recomendación 5/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado, al concluir que errores periciales y omisiones en la investigación prolongaron por ocho años la identificación de una mujer víctima de desaparición en Navolato.
De acuerdo con el expediente CEDH/IV/189/2019, la joven fue privada de la libertad el 9 de octubre de 2012 junto con otras dos personas en un bar de ese municipio. Ese mismo mes fueron localizados tres cuerpos, dos mujeres y un hombre, en una fosa clandestina en una playa de Navolato; sólo uno fue identificado de inmediato, mientras los otros dos permanecieron en calidad de desconocidos.
Familiares de la víctima aseguraron ante la CEDH que el cuerpo identificado en aquel momento correspondía al de una mujer que era compañera de trabajo y amiga de su familiar desaparecida, por lo que creyeron que otro de los cuerpos localizados podría pertenecer a ella. Sin embargo, durante años no se realizó una identificación genética que confirmara esa presunción.
Los familiares de la joven denunciaron su desaparición el 2 de diciembre de 2013 ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Con esa denuncia se inició la averiguación previa correspondiente y se ordenó la toma de muestras genéticas para cotejo.
Entre 2013 y 2014 se realizaron dictámenes periciales y solicitudes de colaboración a instancias federales. No obstante, los resultados no arrojaron coincidencias y, según la CEDH, durante los años siguientes la investigación se redujo a oficios de seguimiento sin avances sustantivos.
Fue hasta febrero de 2018 cuando la Fiscalía integró diligencias relacionadas con la averiguación de la fosa clandestina, lo que evidenció, de acuerdo con el organismo, una falta de debida diligencia en la búsqueda y localización de la víctima.
La CEDH también detectó una inconsistencia grave en un dictamen pericial de 2013, que reportó un perfil genético femenino con marcador masculino (amelogenina XY), lo que indica posible error o intercambio de muestra biológica. Esa falla, señala el organismo, retrasó la identificación.
No fue sino hasta octubre de 2020 cuando la Fiscalía realizó una exhumación en el Panteón 21 de Marzo, en Culiacán. Los restos recuperados fueron cotejados con las muestras genéticas de los familiares y el 2 de noviembre de ese año se confirmó la correspondencia biológica, estableciendo que pertenecían a la joven, desaparecida ocho años antes.
En su resolución, la CEDH determinó que la actuación de la Fiscalía vulneró el derecho a la búsqueda, a la verdad y a la justicia de la víctima y su familia, además de incumplir la obligación de actuar con debida diligencia en casos de desaparición de personas.
Entre las medidas recomendadas, el organismo solicitó:
- Iniciar procedimientos administrativos o penales contra los servidores públicos que incurrieron en omisiones o negligencia.
- Implementar medidas de reparación integral del daño a los familiares.
- Fortalecer los protocolos periciales, la cadena de custodia y los mecanismos de identificación de personas localizadas sin vida.
La Recomendación 5/2025 fue notificada a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, el 29 de agosto de 2025.