Presentan empresarios iniciativa para que víctimas de robo de autos no paguen recuperación en Sinaloa
El Consejo Intercamaral de Culiacán propuso ante el Congreso del Estado eliminar las cuotas de arrastre y resguardo que enfrentan las familias cuando su vehículo es robado
El Consejo Intercamaral de Culiacán presentó este viernes una iniciativa ante el Congreso de Sinaloa que busca que las víctimas de robo de vehículos no tengan que cubrir los costos de recuperación, como arrastre o resguardo, al ser recuperados días después.
Rafael Izabal, presidente del organismo empresarial, explicó que la medida surge ante el fenómeno creciente de robo de autos durante la crisis de seguridad en el estado.
“Después del robo vienen los trámites, el miedo, la incertidumbre y sobre todo los gastos. Pagos deducibles, en caso de contar con seguro, transportes alternativos diarios, pérdida de días laborales, gastos legales y administrativos, en algunos casos, incrementos de primas de seguro y adquisición de nuevos vehículos”.
Destacó que alrededor de 19 vehículos son robados cada día en el estado, según datos de reportes periodísticos y el informe mensual de seguridad y paz.
Mencionó que en 2025 se reportaron 6 mil 851 automóviles robados, de los cuales 3 mil 923 ocurrieron en Culiacán, un aumento del 57 por ciento respecto al año anterior.
“Detrás de cada cifra, hay una familia que enfrenta un proceso complejo, costoso y emocionalmente desgastante. El impacto económico real para las familias”, destacó.
Además, el costo promedio de recuperación de un vehículo oscila en 12 mil pesos, generando casi 1.5 millones de pesos mensuales en gastos adicionales para las víctimas.
El dirigente explicó que cobrar estas cuotas constituye una forma de revictimización, un concepto reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, que describe el sufrimiento adicional que enfrentan las víctimas al interactuar con instituciones o empresas tras un delito.
“El robo de vehículos no es únicamente una estadística delictiva, es un fenómeno que afecta la movilidad laboral y empresarial. Impacta directamente la economía familiar, genera percepción de inseguridad, incrementa costos operativos para las empresas y para los ciudadanos”, mencionó.
La iniciativa, destacó, busca seguir buenas prácticas implementadas en Baja California Norte, Jalisco, Veracruz y Puebla, donde ya se elimina la obligación económica sobre las víctimas una vez recuperados sus vehículos.
“Cobrar cuotas de arrastre y pensión a quien ya fue víctima de un robo, constituye, pues, en los hechos, una forma de victimización secundaria o revictimización”.