Proponen iniciativa de reforma para transparentar contratos de obra pública
La diputada Paola Gárate, en conjunto con los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y organizaciones civiles, plantea identificar a los beneficiarios reales de las constructoras y endurecer sanciones por irregularidades
Con el objetivo de cerrar el paso a la discrecionalidad y garantizar que el presupuesto estatal no sea utilizado como un botín político, la Diputada Paola Gárate Valenzuela presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas, diseñada para transparentar la ruta del dinero y sancionar con rigor los actos ilícitos.
La propuesta, que surge de un frente común entre los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, busca responder a las cifras de concentración de contratos en la entidad.
Según diagnósticos de Iniciativa Sinaloa, actualmente 14 empresas y 11 grupos empresariales acaparan el 57 por ciento de los recursos destinados a la infraestructura estatal.
Uno de los puntos centrales de la reforma es terminar con el anonimato de quienes se benefician de los contratos públicos.
La legisladora priista advirtió que la ley vigente facilita ocultar a los verdaderos dueños de las constructoras, por lo que propone la identificación obligatoria del beneficiario controlador en el padrón de contratistas.
Asimismo, la iniciativa contempla establecer un tope máximo del 20 por ciento del presupuesto para este rubro, el cual actualmente carece de restricciones, permitiendo la asignación de obras sin competencia.
También prohíbe la participación de licitantes catalogados por el SAT como emisores de facturas falsas y obligar a la publicación de plazos exactos de pagos reales, facturación y subcontrataciones para rastrear el destino final de cada peso.
La propuesta no solo busca prevenir, sino castigar y plantea el fortalecimiento del testigo social a través de un órgano ciudadano de vigilancia con acceso a información en tiempo real.
En cuanto a las sanciones, se tipifican ocho nuevas infracciones que incluyen multas de hasta el 15 por ciento del monto del contrato, inhabilitaciones de hasta cinco años y la nulidad absoluta de los contratos en casos graves.
Gárate Valenzuela detalló que la urgencia de estos cambios se evidencia en casos donde solo tres agrupaciones de contratistas lograron absorber más de 850 millones de pesos del financiamiento para infraestructura municipal.
Durante la presentación, la Diputada lanzó un llamado directo a la bancada de Morena y sus aliados, quienes mantienen la mayoría legislativa, para que respalden la iniciativa y demuestren su voluntad de combatir la corrupción en la práctica.
“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó.
Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado enfrenta la decisión de permitir que continúen prácticas de opacidad y desvío de recursos o respaldar iniciativas.