Recias rechazan nuevo crédito estatal por $2,200 millones y advierten riesgos de opacidad
Las organizaciones civiles la aprobación se dio sin la mínima planeación ni la información necesaria para justificar un endeudamiento de tal magnitud
Las organizaciones que integran la Red de Organizaciones por la Igualdad y la Seguridad (Recias) manifestaron su rechazo a la aprobación del nuevo crédito estatal por hasta 2 mil 200 millones de pesos avalado por el Congreso del Estado el pasado 9 de diciembre, a solicitud del Gobierno de Sinaloa.
El financiamiento, según lo anunciado por el Gobierno estatal, será destinado a obras de pavimentación, drenaje, agua potable y espacios comunitarios.
Sin embargo, para las organizaciones civiles la aprobación se dio sin la mínima planeación ni la información necesaria para justificar un endeudamiento de tal magnitud.
En su posicionamiento, Recias advirtió que el Congreso aprobó la deuda sin contar con un plan público detallado que especifique el destino del recurso: no se presentó un listado de obras, criterios de priorización, diagnósticos de necesidades, análisis costo–beneficio, proyecciones de impacto social ni mecanismos de evaluación.
La red señaló que esta ausencia de información contraviene principios básicos de transparencia y gestión pública, y abre la puerta a riesgos de uso discrecional, clientelismo, sobrecostos y posibles actos de corrupción, particularmente en el rubro de obra pública, un sector históricamente vulnerable a esas prácticas.
Un segundo crédito sin resultados del anterior
Las organizaciones recordaron que este endeudamiento se aprueba apenas un año después de que el estado contratara otro crédito por 2 mil 300 millones de pesos para obras de infraestructura en los 20 municipios.
Criticaron que el nuevo financiamiento se esté autorizando sin que exista un cierre, evaluación o rendición de cuentas del crédito previo.
Para la red, esta reiteración revela una práctica estructural de endeudamiento sin planeación que puede hipotecar las finanzas futuras del estado, reducir las alternativas presupuestales y afectar el bienestar colectivo.
“Un crédito sin plan es una deuda sin rumbo”, subrayó Recias, al advertir que comprometer ingresos públicos futuros sin garantizar que las obras serán estratégicas o necesarias deja al estado en situación de vulnerabilidad financiera y social.
Sin vigilancia ciudadana ni criterios técnicos
El posicionamiento también cuestiona la falta de mecanismos de participación ciudadana independientes.
Señala que, si bien las autoridades han mencionado que habrá mesas de trabajo con municipios y legisladores para definir las obras, no existen criterios publicados ni información verificable sobre prioridades, cronogramas o indicadores de impacto.
Para Recias, la aprobación del crédito en términos generales, sin candados de transparencia ni contraloría social vinculante, perpetúa un esquema de decisiones tomadas sin supervisión y sin acceso a información pública sustantiva.