Reprocha Sabuesos Guerreras pago de gastos médicos a Sergio Torres con fondos para víctimas
El colectivo califica como una “bofetada” que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas financie gastos en clínicas privadas para un político de alto perfil
A través de un pronunciamiento titulado ‘El privilegio sobre la necesidad’, el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras cuestionó el uso de fondos que deberían estar destinados a los sectores más vulnerables, utilizados para financiar la atención de un funcionario, Sergio Torres Félix.
La organización calificó como una bofetada y un acto de ética y administrativamente indefendible que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa destine recursos públicos para cubrir los gastos médicos del político Torres Félix, en una institución privada.
El colectivo señaló el marcado contraste entre el trato recibido por el político y la situación crítica que enfrenta un ciudadano común víctima de la violencia, quien es canalizado al Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Hospital General, donde debe lidiar con carencias, espera y saturación.
El comunicado señaló que, al enviarlo a un hospital privado con cargo al fondo de víctimas, el Estado admite implícitamente que la salud pública que ellos mismos administran no es digna o suficiente, pero sí para el resto de la población.
Para Sabuesos Guerreras, cada peso que la Comisión paga a una clínica privada por la atención de un político representa un recurso que se le arrebata directamente a quienes viven en la precariedad debido a la violencia.
Entre los afectados mencionaron a las madres buscadoras que no tienen para el combustible de sus brigadas, huérfanos de la violencia que esperan becas escolares básicas y víctimas de desplazamiento forzado que subsisten en condiciones deplorables.
La organización advirtió que la Ley de Víctimas fue creada para proteger al desvalido y no para transformarse en una herramienta de privilegio o un seguro de gastos médicos mayores para la élite política.
En ese sentido, exigieron a la Comisión demostrar la legitimidad de este pago mediante el esclarecimiento de tres puntos clave que son ¿bajo qué calidad de víctima fue registrado el político?, ¿se cumplió con el estudio socioeconómico que se exige a cualquier ciudadano común? y ¿hubo un hecho victimizante real que justificara la intervención de esta caja de emergencia?.
El colectivo denunció que el uso de instituciones de justicia social como caja chica de la clase política erosiona la confianza ciudadana y podría constituir un posible desvío de recursos o tráfico de influencias.
Finalmente el colectivo compartió que la política debe servir para proteger el derecho a la salud de todos, no para que el Estado pague facturas privadas de quienes han vivido del presupuesto público por años.