Revelan fallas estructurales en la capacitación y transparencia del uso de la fuerza en Sinaloa
El informe ciudadano de Impunidad Cero evidencia que el sistema penitenciario de la entidad carece de documentos clave, protocolos específicos y prácticas regulares de tiro para el personal de seguridad y custodia
El sistema de seguridad de Sinaloa carece de protocolos, manuales y registros básicos sobre el uso progresivo de la fuerza, además de que no cuenta con información pública suficiente que permita evaluar la preparación y el desempeño de su personal en situaciones que impliquen el uso de la fuerza, revela Impunidad Cero.
El organismo señaló lo anterior en su informe “Transparencia sobre el desarrollo de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia”.
El documento, correspondiente al Eje 7: Uso progresivo de la fuerza, evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y revisa siete indicadores relacionados con la regulación, capacitación, equipamiento, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y custodia penitenciaria en Sinaloa.
De acuerdo con los resultados, la institución no cuenta con documentación que acredite estrategias, líneas de acción o políticas públicas que regulen, capaciten o profesionalicen a su personal en materia de uso de la fuerza.
El propio sistema penitenciario reconoció que no dispone de un programa operativo anual ni de evaluaciones sobre el uso de la fuerza, pese a que la ley exige su existencia y actualización.
Capacitación incompleta y deficiencias en derechos humanos
En el apartado de capacitación, Impunidad Cero señala que el instituto de formación de Sinaloa impartió 11 de las 13 materias obligatorias que marca la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Entre los cursos impartidos se incluyen Derechos Humanos, no discriminación, principios del uso de la fuerza, adiestramiento en control físico y empleo de armas menos letales, así como manejo de crisis y emociones.
No obstante, las materias de primeros auxilios y asistencia médica de emergencia, y manejo y control de multitudes no fueron impartidas, lo que representa una omisión en la formación integral del personal de custodia.
En total, 229 agentes recibieron capacitación en derechos humanos, pero solo 25 fueron formados en temas de no discriminación y 24 en el uso de armas menos letales, cifras que reflejan un alcance limitado considerando el tamaño del sistema penitenciario estatal.
Sin manuales, cámaras corporales ni protocolos propios
El informe advierte que Sinaloa carece de un manual de técnicas específicas para el uso de la fuerza, documento que la ley obliga a emitir y actualizar periódicamente para garantizar prácticas seguras y proporcionales tanto para los custodios como para las personas privadas de la libertad.
Asimismo, no existen protocolos sobre el uso de cámaras corporales, herramientas que organismos internacionales recomiendan como mecanismo para fortalecer la transparencia y reducir los abusos.
Aunque el sistema penitenciario señaló aplicar el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, no demostró tener instrumentos locales que adapten sus lineamientos a las condiciones específicas de los centros penitenciarios del estado.
En cuanto al equipamiento no letal, la institución reservó la información sobre la disponibilidad de bastones, irritantes químicos o pistolas de descarga eléctrica, a pesar de que el acceso a estos datos es clave para evaluar si las autoridades cuentan con alternativas que disminuyan el riesgo de incidentes letales.
Sin registros de violaciones a derechos humanos
Otro de los puntos críticos detectados es la ausencia de registros de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos derivadas del uso de la fuerza.
Según Impunidad Cero, la institución penitenciaria indicó no contar con información sobre estos casos, incumpliendo con el artículo 32 de la LNUF, que obliga a reportar pormenorizadamente cada intervención que implique fuerza física o armada.
Tampoco se pudo verificar la existencia de un protocolo de actuación con perspectiva de género para niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, ya que dicha información fue clasificada como reservada mediante el acta SSP/018/2025.
Falta de equipo y prácticas de tiro inexistentes
El informe también alerta sobre las deficiencias en la protección física de los agentes penitenciarios, pues el sistema se declaró incompetente para informar sobre la existencia de chalecos antibalas, cascos, escudos o patrullas blindadas, a pesar de que el artículo 15 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza establece que las instituciones deben dotar a su personal de equipo de protección.
En materia de prácticas de tiro policial, el sistema penitenciario reportó contar con estándares de ejercicios de precisión y reacción, con 70 y 80 cartuchos percutidos respectivament, pero reconoció que ningún elemento acudió a dichas prácticas durante el periodo evaluado, lo que implica una falta de entrenamiento real para enfrentar situaciones de riesgo.
Cero rendición de cuentas
La última evaluación del eje se centró en la rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza. En este punto, Impunidad Cero documentó que la institución no elaboró informes pormenorizados ni un informe público anual, incumpliendo con el artículo 32 de la LNUF, que obliga a reportar toda acción en la que se emplee la fuerza y a transparentar los resultados de su aplicación.
La ausencia de informes, sumada a la clasificación de información esencial y a la falta de registros sobre violaciones de derechos humanos, coloca a Sinaloa en un escenario de opacidad estructural en el manejo del uso de la fuerza en sus centros penitenciarios.
Un sistema sin controles ni evaluación
El análisis de Impunidad Cero concluye que la falta de documentación, capacitación completa, manuales técnicos, registros y prácticas de tiro coloca al sistema penitenciario sinaloense en incumplimiento de varios artículos de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Además, la ausencia de protocolos de rendición de cuentas y la reserva de información sobre equipamiento y derechos humanos impiden la supervisión ciudadana y la posibilidad de corregir fallas que pueden derivar en abusos o violaciones graves.