Sinaloa enfrenta fallas estructurales en su sistema de justicia: CESP
Miguel Calderón Quevedo señaló que el estado requiere fortalecer toda la cadena de seguridad y justicia, desde la investigación de los delitos hasta la reinserción social, para construir una paz duradera
El sistema de seguridad y justicia de Sinaloa enfrenta deficiencias estructurales que van más allá del combate a la delincuencia y alcanzan a la procuración e impartición de justicia, advirtió Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), al señalar que durante el primer semestre de 2026 se iniciaron más de 16 mil carpetas de investigación, pero únicamente se obtuvieron cerca de 200 sentencias.
El también titular del CESP sostuvo que este dato refleja un rezago importante en la capacidad institucional para llevar los casos desde la denuncia hasta una resolución judicial, por lo que consideró indispensable fortalecer todos los eslabones del sistema de seguridad y justicia.
“Este hallazgo tiene relación con lo que hemos venido señalando desde esta trinchera ciudadana. En la medida en que fortalezcamos nuestras instituciones de seguridad y justicia podremos estar abonando a una parte de las necesidades para que la paz en Sinaloa se asome”, expresó.
No obstante, puntualizó que alcanzar una disminución de la violencia no será suficiente si las instituciones no logran consolidar esas condiciones y evitar que la inseguridad vuelva a incrementarse.
“Se asome, decimos, porque luego existe otro reto, que es la consolidación y después la garantía de que la violencia no retorne de vuelta a Sinaloa, como pareciera que es un destino eterno para los sinaloenses”, comentó.
Penales, entre los principales desafíos
Calderón Quevedo explicó que el funcionamiento de los centros penitenciarios representa una de las etapas finales de la cadena de seguridad y justicia, pues es ahí donde deberían cumplirse las sentencias derivadas de las investigaciones y procesos judiciales.
Indicó que el presupuesto estatal destinado a seguridad asciende a alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, recursos que deben atender múltiples necesidades, entre ellas la operación de los centros penitenciarios, el fortalecimiento tecnológico y el equipamiento de las instituciones.
Precisó que para este año se contempla una inversión de 150 millones de pesos destinada específicamente a mejorar los centros penitenciarios de Aguaruto y Mazatlán.
“Ahí en medio de eso están, por supuesto, las inversiones en los centros penitenciarios, las necesidades de tecnología. En el presupuesto de este año está contemplado un paquete exclusivo de 150 millones de pesos para mejorar el centro penitenciario de Aguaruto y el centro penitenciario de Mazatlán”, explicó.
Aunque consideró positiva esa inversión, señaló que el reto es mayor, pues el estado mantiene un rezago importante frente a otras entidades del país.
El problema comienza antes de llegar a prisión
Para el coordinador del CESP, el bajo desempeño del sistema penitenciario no puede analizarse de forma aislada.
Explicó que las cifras muestran que el principal cuello de botella se encuentra antes, en la procuración e impartición de justicia.
Durante el primer semestre del año, detalló, en Sinaloa se iniciaron más de 16 mil carpetas de investigación por diversos delitos; sin embargo, únicamente se emitieron poco menos de 200 sentencias, una proporción que evidencia las dificultades para que las investigaciones concluyan con resoluciones judiciales.
“Eso quiere decir que hay una deficiencia, no solamente en el sistema penitenciario, sino en el paso previo, que es la procuración de justicia. Hay que revisar cuál es el nivel de desempeño de nuestro Poder Judicial local o cuál es el desempeño de nuestra Fiscalía”, manifestó.
Afirmó que el sistema enfrenta múltiples desafíos que requieren atención simultánea, ya que el funcionamiento de una sola institución no es suficiente para mejorar los resultados en materia de seguridad.
Reinserción social, otro reto pendiente
Calderón Quevedo agregó que el objetivo de los centros penitenciarios no debe limitarse al resguardo de personas privadas de la libertad, sino que deben cumplir con su función constitucional de reinserción social.
Explicó que el sistema debe ofrecer condiciones que permitan que quienes cumplen una condena puedan reincorporarse a la sociedad sin volver a involucrarse en actividades delictivas.
“Tenemos que garantizar que, al retornar a la sociedad después de cumplir sus penas, esas personas ya no sigan dañando a la colectividad a través de actos delictivos”, señaló.
El coordinador del CESP sostuvo que fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario constituye una condición indispensable para avanzar hacia una paz sostenible en Sinaloa.
A su juicio, el desafío no consiste únicamente en contener la violencia, sino en construir instituciones capaces de investigar los delitos, sancionarlos oportunamente y favorecer procesos efectivos de reinserción social que reduzcan la reincidencia delictiva.