Sinaloa, entre la violencia imparable y la falta de empatía del Gobierno, advierte especialista
Javier Llausás Magaña señala que la crisis de seguridad en la entidad refleja una fractura en la cadena de justicia, donde la labor militar se ve limitada por la inacción de las fiscalías en la investigación de delitos
En medio de una crisis de seguridad que no da tregua, Sinaloa se enfrenta no solo a la violencia en las calles, sino a una marcada falta de empatía por parte del Gobierno federal, que ha optado por ver las demandas ciudadanas como ataques en lugar de peticiones de auxilio.
Javier Llausás Magaña, especialista en temas de incidencia delictiva, advierte que la administración Civil Federal ha fallado al no responder con reciprocidad al Estado, a pesar de la importancia estratégica y económica que la entidad representa para el país.
“Cuando la sociedad ha transmitido su sentir de la falta de resultados en seguridad o los resultados económicos, las instituciones la han tomado como una agresión”, señaló Llausás Magaña.
Aunque la presencia de fuerzas especiales ha derivado en decomisos de armas y drogas valuados en miles de millones de pesos, el impacto en la seguridad cotidiana es insuficiente.
El problema radica en que la cadena de justicia se encuentra fracturada, ya que los militares solo pueden actuar en casos de flagrancia, mientras que las labores de investigación y persecución de delitos, responsabilidad de las fiscalías, parecen estar paralizadas.
El especialista compartió que esta falta de coordinación entre los niveles de gobierno y las instituciones civiles impide que se detengan delitos de alto impacto como el homicidio y el robo de vehículos, los cuales han mostrado repuntes alarmantes recientemente.
“Los mandos militares creemos que han estado a la altura, pero ellos no tienen la cadena de seguridad, no pueden ejecutar una orden de aprehensión”, dijo.
Además, la ausencia de un programa integral de seguridad conocido por la población deja a la ciudadanía en la incertidumbre sobre el rumbo de las estrategias actuales.
También compartió que el costo social de este conflicto es profundo y se refleja en la pérdida de vidas de sectores vulnerables, con más de un centenar de menores fallecidos desde el inicio de las hostilidades y un número creciente de feminicidios registrados tan solo en junio.
Sin embargo, la tragedia trasciende la violencia física, pues se estima que entre 30 mil y 40 mil familias han perdido su sustento económico, lo que ha ocasionado problemas de salud mental y ansiedad que alcanzan incluso a los niños en las escuelas.
A pesar de que el estado es un pilar fundamental para el éxito del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el principal proveedor de productos agrícolas como el tomate, el maíz y el garbanzo, el Ejecutivo Federal ha respondido con polarización y división ante los reclamos de los sinaloenses.
Llausás Magaña compartió que la sensación de abandono es latente entre los sectores productivos y la sociedad civil, quienes perciben que el gobierno central no ha estado a la altura de la contribución histórica de Sinaloa al desarrollo de México.
Para el especialista es urgente que el mando civil abandone la postura de confrontación y escuche con sensibilidad social a una población que, tras años de esfuerzo en sus comunidades y parques, hoy solo pide la voluntad política necesaria para recuperar la paz y su capacidad de trabajo.