Solo el 7% de las 186 obras que se han realizado en el Gobierno de Rocha Moya cumplen con obligaciones de transparencia

Roberto Torres
19 octubre 2022

De acuerdo con el Índice de Transparencia de Obras Públicas, presentado por Iniciativa Sinaloa A.C, hay indicios de opacidad en este rubro dentro del Gobierno Estatal, lo que establecen condiciones para corrupción o uso discrecional del gasto público.

De las 186 obras registradas en Sinaloa del primero de enero al 25 de septiembre del 2022, solo un 7.24 por ciento cumple con las obligaciones de transparencia que marca la Ley de Obras Públicas, lo que demuestra altos indicios de opacidad en este rubro por parte del gobierno de Rubén Rocha Moya, reveló Iniciativa Sinaloa A.C.

Con base en el primer informe del Índice de Transparencia de Obras Públicas, documento que pretende exponer el nivel de cumplimiento de las obligaciones legales de este rubro a través revisiones a compranet.sinaloa.gob.mx, sitio de compras de Gobierno del Estado, se identificó que de ninguna de las obras se publican estudios de beneficio social ni dictamen de calidad de obra o evidencias documentales de sus realizaciones.

La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, señaló que estos niveles de opacidad resultan preocupantes, pues establecen condiciones para corrupción o uso discrecional del gasto público.

“Detectamos que como hallazgo principal, tiene un incumplimiento a la Ley de Obra Pública, hay indicios graves y preocupantes de opacidad en materia de Obra Pública por parte de Rocha Moya, donde su cumplimento general es de un 7 por ciento, lo cual nos resulta preocupante”, dijo.

Asimismo, del total de obras registradas en el sitio, 102 son por adjudicación directa, las cuales solo dan cumplimiento con el nombre de la obra, el nombre de la empresa o particular que ganó el proyecto, el monto aprobado y las actas de la junta pública. De estas obras, 17 sobrepasan los límites económicos establecidos en la Ley de Adquisiciones.

Al respecto, expuso que en materia de obras se siguen realizando adjudicaciones directas como una regla, las cuales no presentan un justificación acerca del por qué se exceptúa la licitación pública, siendo solo 84 las obras que sí se registraron bajo este proceso.

“Lo preocupante aquí es que siguen permeando las adjudicaciones directas como una regla y no como una excepción; además, nos preocupa que estas 102 adjudicaciones directas que se han otorgado, se estén otorgando sin haber mostrado una debida justificación para exceptuar la licitación pública”, puntualizó.

También arrojó que, estas obras hechas por adjudicación directa, ninguna cuenta con estudio de mercado, aun cuando la Ley obliga a que estos estudios se den a conocer.

En el índice también se informa que no hay conocimiento si alguna de estas obras sí se llevó a cabo, si fueron finiquitadas, también se desconoce su valor social, los resultados de las auditorias de calidad, si se realizaron ampliaciones de contrato, la suficiencia económica de las empresas para cubrir con los proyectos; además, ninguna cuenta con información pública detallada de los miembros de las empresas, a fin de conocer sobre posibles simulaciones de contratos.

El índice también hace hincapié en que de las 186 obras registradas en el sitio:

- 42 solamente tienen evaluación de testigo social.

- 34 no cuentan con fallo de adjudicación.

- 75 solo cuentan con actas de juntas de aclaraciones.

- 4 solo cuentan con toda la información básica en el proceso de contratación.

Por tal motivo, Iniciativa Sinaloa externó las siguientes recomendaciones al gobierno estatal para elevar los niveles de transparencia y evitar riesgos de corrupción.

- Transparentar todas las etapas de la contratación, no solo apegarse al proceso de contratación pública.

- Establecer mecanismos de transparencia proactiva.

- Incentivar la participación de los testigos sociales.

- Retomar el uso proactivo de la información de transparencia.

- Impulsar una adecuación a la normativa interna de las dependencias para integrar sus comités de obra pública

- Reformar y publicar el reglamento a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.