Urgen reglamento técnico de construcción para reducir riesgos en Sinaloa
11 de los 20 municipios carecen de normas de seguridad estructural y los otros nueve tienen disposiciones obsoletas; especialistas proponen homologar criterios para edificios, puentes, instalaciones eléctricas, drenaje pluvial y protección ambiental
Ante los riesgos que representan los fenómenos sísmicos y meteorológicos para la infraestructura urbana, especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Sinaloa impulsan la creación de un reglamento técnico de construcción de alcance estatal que establezca criterios de seguridad para las obras en los 20 municipios.
“Por todo este escenario de fenómenos naturales, sísmicos y eólicos, a Sinaloa le urge tomar las medidas necesarias, convenientes, preventivas para darles mayor seguridad a las construcciones y una mejor salvaguarda en las vidas humanas”, advirtió el maestro de ingeniería Marco Antonio Noriega Salazar.
De acuerdo con los impulsores del proyecto, 11 municipios carecen de disposiciones técnicas de seguridad estructural en sus reglamentos de construcción, mientras que los otros nueve cuentan con normas que requieren actualizarse.
Noriega Salazar explicó que el cambio climático está modificando los patrones meteorológicos y que los fenómenos naturales representan desafíos cada vez mayores para las construcciones y la infraestructura urbana.
“El cambio climático está trastocando en el mundo los parámetros geológicos, geotécnicos y meteorológicos”, señaló, al advertir que las condiciones climáticas actuales obligan a revisar los criterios con los que se diseñan las obras.
Como antecedentes, mencionó los daños ocasionados por huracanes como Otis, en Acapulco, así como los efectos de fenómenos meteorológicos que han afectado a Sinaloa, entre ellos los ciclones Nora, en 2021, y Polo y Simón, en 2026.
En materia sísmica, recordó el movimiento telúrico del 1 de noviembre de 1969 en Mazatlán, de magnitud 6.6, y el del 3 de septiembre de 2015 en el norte de Sinaloa, de magnitud 6.7.
También mencionó el sismo del 23 de julio de 2025, de magnitud 4.6, registrado al noroeste de Culiacán, en las inmediaciones de Santa Fe, donde, señaló, se han presentado otros movimientos telúricos en años anteriores.
“Esa zona en particular de la ciudad amerita ser sujeta de un monitoreo permanente, para tomar las medidas previsorias necesarias y convenientes a tiempo”, expuso.
Sobre las afectaciones relacionadas con estos fenómenos, indicó que después del sismo de 2025 se reportaron daños en una escuela y fisuras en muros, aunque no se registraron colapsos catastróficos.
“No ha habido colapsos que pudiéramos decir catastróficos, pero ese es un foco rojo que empieza a prenderse para ir tomando las medidas de prevención necesarias”, sostuvo.
Ante este panorama, los especialistas consideran necesario establecer criterios técnicos comunes que permitan mejorar la seguridad estructural de las construcciones, además de incorporar disposiciones para prevenir inundaciones y reducir los impactos ambientales de las obras.
José Ramón Gaxiola Camacho, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la UAS e integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, explicó que el grupo trabaja en un borrador que ya fue presentado anteriormente a la Secretaría de Obras Públicas y busca ahora una reunión con el nuevo titular de la dependencia.
“Estamos buscando impactarlo a través de una ley estatal, que esa ley estatal, en alguna de las leyes que existen de ordenamiento territorial, la propia Ley de Obras Públicas, tratar de aterrizar por ahí este documento para que los 20 municipios acaten esa parte nueva de la seguridad estructural”, detalló.
El investigador aclaró que la intención no es sustituir las facultades de los ayuntamientos para regular las construcciones, sino generar una referencia técnica que pueda incorporarse a los reglamentos municipales mediante las disposiciones legales correspondientes.
“Actualmente no se cuenta, sí hay reglamento de construcción, los 20 municipios, pero no hay como tal una normativa técnica que nos permita dar seguridad en esa construcción”, explicó.
El proyecto contempla cuatro áreas principales: seguridad estructural de edificios, puentes y cimentaciones; instalaciones eléctricas; drenaje pluvial urbano, y sustentabilidad y protección del medio ambiente.
Para el apartado de seguridad estructural, Gaxiola Camacho indicó que se propone utilizar como referencia las normas técnicas de la Ciudad de México, debido a que cuentan con actualizaciones y especificaciones para el diseño de las construcciones.
En materia de drenaje pluvial, el documento incluye recomendaciones técnicas para reducir las inundaciones urbanas, mientras que en el componente ambiental se plantea un programa de gestión que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a cada obra.
Ana Paula Cárdenas, participante en el desarrollo de este último apartado, señaló que, aunque existe legislación ambiental, uno de los problemas es que las condicionantes establecidas en las autorizaciones no siempre se llevan a la práctica.
“Se resuelve en materia ambiental y agarran el resolutivo y lo guardan y no lo ejecutan como tal”, expuso.
Por ello, explicó que se propone contar con un supervisor en el área ambiental y un corresponsable ambiental en obra, además de llevar una bitácora de las acciones realizadas durante la ejecución de los trabajos y al cierre de estos.
El objetivo, añadió, es que las medidas de conservación y prevención establecidas en las autorizaciones se cumplan efectivamente.
Los impulsores del reglamento buscan concretar la propuesta mediante una iniciativa ciudadana y modificaciones al marco normativo estatal. Por ahora, el documento continúa en etapa de borrador y está pendiente de avanzar en las gestiones con las autoridades correspondientes.