Van contra la extorsión en Sinaloa con nueva Ley
El Congreso del Estado aprobó una nueva Ley que obliga a todas las autoridades a prevenir, investigar y sancionar este delito, además de fortalecer estrategias y atención a víctimas
El Gobierno de Sinaloa publicó la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, con la que se busca reforzar el combate a este ilícito en todo el estado.
El decreto, aprobado por el Poder Legislativo y publicado en el Periódico Oficial del Estado, establece que la extorsión será perseguida de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente denuncia formal.
La nueva ley fija las bases para que autoridades estatales y municipales trabajen de manera coordinada en la prevención, investigación y sanción del delito, además de implementar programas y políticas públicas enfocadas en reducir su incidencia.
Entre las medidas contempladas, se incluye el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia para combatir la extorsión, así como la realización de operativos conjuntos y campañas de difusión para alertar a la ciudadanía sobre sus distintas modalidades.
También se establece la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía, integradas por personal capacitado para atender este tipo de casos, además de fortalecer la coordinación con autoridades federales y de otras entidades.
En materia de sanciones, la ley contempla medidas cautelares contra los imputados, como la prohibición de contacto con las víctimas, y en casos agravados, la aplicación de prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, se incluyen acciones específicas para evitar que desde centros penitenciarios se cometan extorsiones, como el bloqueo de señales y la restricción del uso de dispositivos electrónicos.
“Los centros penitenciarios del Estado deberán establecer, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro”, señala el artículo 18.
Con esta legislación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado deberá diseñar una estrategia estatal para prevenir y combatir el delito, en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor del decreto.