Violencia, rezagos e incertidumbre sobre aprendizajes marcaron el ciclo escolar 2025-2026 en Sinaloa: Mexicanos Primero
La organización documentó 60 días con suspensión de clases por violencia, 64 por problemas operativos y advirtió que el estado carece de información pública para conocer qué tanto están aprendiendo los estudiantes
El ciclo escolar 2025-2026 estuvo marcado por la violencia, deficiencias en infraestructura escolar, recortes en programas estratégicos y la ausencia de información pública para medir los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, asentó Mexicanos Primero Sinaloa en su Balance Educativo 2025-2026.
La directora de la organización, Nuria González Elizalde, explicó que el análisis se elaboró con base en solicitudes de acceso a la información, documentos oficiales y un monitoreo realizado durante todo el ciclo escolar para responder a una pregunta central: ¿Qué condiciones, decisiones y acontecimientos marcaron la educación en Sinaloa durante el ciclo escolar 2025-2026?.
“El derecho a aprender exige que el Estado garantice condiciones propicias para que las niñas, niños y jóvenes puedan estar, aprender y participar en contextos adecuados, dignos y seguros”, sostuvo.
Uno de los datos expuestos durante la presentación fue el impacto del contexto de inseguridad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 fueron asesinados 72 niñas, niños y adolescentes en Sinaloa.
Si se toma como referencia el inicio de la crisis de seguridad, en septiembre de 2024, y hasta mayo de 2026, la cifra asciende a 173 menores de edad víctimas de homicidio.
Aclaró que estos hechos no ocurrieron necesariamente dentro de los planteles, pero sí reflejan el entorno en el que crecen miles de estudiantes.
“Ese contexto importa porque puede generar miedo, incertidumbre y estrés. Importa porque afecta la asistencia, la permanencia y el bienestar de estudiantes, docentes y comunidades escolares. Por eso garantizar el derecho a aprender también exige condiciones de seguridad y protección para las comunidades educativas”, expresó.
El monitoreo de Mexicanos Primero identificó además 60 días del calendario escolar en los que al menos una escuela suspendió actividades presenciales debido a hechos de violencia.
A ello se suman 64 días en los que algún plantel suspendió clases por causas operativas o institucionales, entre ellas la falta de docentes, ausencia de personal de apoyo, problemas administrativos o carencias de infraestructura y servicios básicos.
“Las interrupciones de clases no representan únicamente días menos del calendario. Cuando se vuelven recurrentes debilitan la continuidad educativa, reducen las oportunidades de aprendizaje y pueden afectar con mayor fuerza a niñas, niños y adolescentes que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad”, señaló.
En materia de infraestructura, la organización documentó que 5 por ciento de las escuelas no cuenta con energía eléctrica; 19 por ciento carece de agua potable; 13 por ciento no dispone de espacios adecuados para el lavado de manos y 15 por ciento no tiene sanitarios independientes.
Asimismo, detectó que 73 por ciento de los planteles carece de instalaciones adaptadas para estudiantes con discapacidad y 85 por ciento no cuenta con materiales especializados para atenderlos.
En el ámbito tecnológico, el diagnóstico reveló que 63 por ciento de las escuelas no dispone de computadoras y 60 por ciento carece de conexión a internet.
Al comparar estos indicadores con el ciclo escolar anterior, González Elizalde advirtió que, en la mayoría de los casos, hubo estancamiento o incluso retrocesos.
“No estamos hablando de laboratorios especializados ni de tecnología de punta. Estamos hablando de condiciones mínimas para que una escuela pueda funcionar con dignidad”, afirmó.
Respecto al presupuesto educativo, reconoció algunos incrementos, como el 24.8 por ciento destinado al bachillerato comunitario, así como aumentos para escuelas normales, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, estancias infantiles y el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.
Sin embargo, también señaló reducciones en programas considerados estratégicos, entre ellos una disminución de 6.2 por ciento en educación especial, 3.4 por ciento para atención a estudiantes migrantes, 4.6 por ciento para desarrollo profesional docente, 10.1 por ciento en infraestructura de educación media superior, 27.6 por ciento en educación superior y 32.4 por ciento en el programa de mejoramiento de infraestructura escolar.
Uno de los principales hallazgos, añadió, es que actualmente no existe información pública que permita conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes sinaloenses.
“Hoy no sabemos el estado que guardan los aprendizajes de los estudiantes en Sinaloa”, dijo.
Explicó que, aunque se aplicaron evaluaciones diagnósticas y ejercicios integradores derivados del nuevo modelo educativo, sus resultados no han sido publicados.
“Conocemos las acciones que dicen realizar, pero no conocemos sus resultados. Y esa diferencia, sin duda, es enorme”, enfatizó.
Durante la sesión de preguntas, González Elizalde fue cuestionada sobre el acompañamiento socioemocional que reciben estudiantes afectados por la violencia o por la pérdida de compañeros.
Respondió que existen esfuerzos aislados, pero no una estrategia estatal.
“No encontramos una política pública con ese alcance que la gravedad y el contexto actual exige y demanda”, señaló.
Añadió que la violencia impacta también a niñas, niños y adolescentes que son familiares de personas desaparecidas, víctimas de otros delitos o integrantes de familias afectadas por la inseguridad.
“Hay una sociedad en duelo, lastimada, y ante eso no encontramos una política pública de amplia atención que sea general y que sea para todos los que requieren un acompañamiento socioemocional”, indicó.