¿Por qué el ex futbolista Omar ‘N’ está en prisión? Así protege la ley mexicana a las infancias

Animal Político
17 octubre 2025

La reciente detención del ex jugador de Chivas de Guadalajara, acusado de delitos sexuales contra la hija de su pareja, ha reavivado el debate sobre cómo protegen las leyes mexicanas a las infancias

En México, en el papel, la protección de las infancias frente a los delitos sexuales es una prioridad jurídica y social debido a que la violencia sexual infantil se ha incrementado en los últimos años. Por ello, el Estado mexicano reconoce a las infancias como un grupo vulnerable, por lo que ha establecido un marco legal que busca prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de abuso, acoso o explotación sexual.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2024 las víctimas de violencia sexual de entre uno y 17 años fueron principalmente mujeres y representaron el 92.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes atendidas por este tipo de violación a sus derechos.

La detención del ex futbolista de Chivas, Omar “N”, acusado de delitos sexuales contra una adolescente, ha reavivado el debate sobre cómo se aplican estas leyes en México para proteger a las infancias.

El caso que involucra a una figura pública del mundo deportivo pone en evidencia la importancia de que las normas se apliquen sin distinción y que la justicia actúe con perspectiva de género y respeto a la niñez. Sin embargo, más allá del impacto mediático: ¿cómo protege la legislación mexicana a las infancias frente a los delitos sexuales?

Vinculan a proceso a Omar ‘N’ por abuso sexual infantil

El 30 de septiembre de 2025, la hija de la pareja de Omar “N” presentó una denuncia ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes por abuso sexual infantil agravado en contra del exfutbolista.

Juan Soltero, abogado de la víctima, en entrevista con Azucena Uresti afirmó que la joven mostró pruebas como videos y mensajes que respaldan que el acusado presuntamente abusó sexualmente de ella desde hace alrededor de seis años —cuando la víctima tenía 10 años— y a cambio de su silencio la amenazaba con dejar sin sustento económico a su madre e incluso le ofrecía dinero.

La defensa del ex futbolista ha desestimado las pruebas en contra del acusado: “El video está descontextualizado, no muestra lo que quieren demostrar. Las capturas de pantalla no muestran las conversaciones completas, solo lo que beneficia a la otra parte”, explicó en una entrevista publicada por El País.

En seguimiento a la denuncia, elementos de la Fiscalía de Jalisco detuvieron al ex jugador el 5 de octubre en Zapopan y cinco días después se realizó una audiencia que determinó que Omar “N” fuera vinculado a proceso con prisión preventiva de seis meses mientras las autoridades realizan las investigaciones del caso.

Además, la Fiscalía de Jalisco informó que reactivó dos denuncias antiguas contra el exdelantero de Chivas que fueron archivadas por la administración anterior. Sin embargo, las autoridades jaliscienses no han revelado qué tipo de delitos se denunciaron en ambos casos, pero sí especificaron que se trata de víctimas distintas.

¿Cómo protege la legislación mexicana a menores de edad ante el abuso sexual?

En México, la protección de las infancias frente a delitos sexuales se rige por leyes como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), el Código Penal Federal y distintas normas estatales que sancionan este tipo de agresión.

El artículo 47 de la LGDNNA establece: “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México [...] están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: [...] El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual [...]”.

En tanto, el Código Penal Federal considera a los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes como graves y establece diversas sanciones según el tipo de agresión. Por ejemplo, el abuso sexual infantil se castiga con seis a 13 años de prisión, según el artículo 201 bis.

Arlen Palestina, abogada especializada en derechos sexuales y reproductivos, señala que, más que una ley, las infancias necesitan una protección verdadera ante la violencia sexual infantil, que los delitos no queden impunes y que las víctimas tengan lugares seguros como casas cuna o refugios para habitar durante su proceso judicial.

Además de las legislaciones, existen mecanismos como el Protocolo de Prevención del Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes del sistema nacional DIF, el cual unifica la intervención interinstitucional, y el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que establece mecanismos para la prevención y atención de la violencia infantil.

“Estos protocolos no fueron creados por políticas públicas o propuestos por diputados o diputadas. Es importante reconocer que nacieron a raíz de las exigencias de un movimiento feminista que buscaba humanizar el proceso de denuncia para las víctimas”, explica Arlen Palestina.

A pesar de que la legislación mexicana reconoce y castiga al abuso sexual infantil como un delito grave, existen brechas en la práctica judicial y legislativa que dificultan la protección efectiva de las víctimas, como la poca o nula capacitación del personal que trabaja con niñas, niños y adolescentes.

“En ocasiones el personal que atiende a las víctimas realmente no sabe cómo hacerlo. Existen casos donde las autoridades filtran nombres, exponen rostros o realizan interrogatorios sin acompañamiento psicológico. Esto ocurre por la poca capacitación de policías, ministerios públicos o jueces que no están preparados para trabajar con infancias”, señala la abogada Arlen Palestina.

Protección de la víctima en casos mediáticos“El imputado no ha recibido un trato especial por ser una figura pública”, afirmó el abogado del exjugador de Chivas en la misma entrevista con El País. Sin embargo, la psicóloga especializada en violencia sexual infantil Paula Aguilar detalla que en estos casos aumenta la posibilidad de que los datos personales e incluso la apariencia física de la víctima se vuelva de fácil acceso para cualquier persona.

Para proteger el anonimato de las víctimas, la legislación mexicana contempla diversas disposiciones como el artículo 13 de la LGDNNA, que establece el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales de la víctima, lo que implica que ninguna autoridad, medio de comunicación o particular puede divulgar información que permita su identificación sin su consentimiento.

Además, el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) ordena que, durante las investigaciones y procesos judiciales, debe resguardarse la identidad de las víctimas menores de edad, evitando que su nombre, domicilio, escuela o cualquier dato que permita reconocerlas sea público. Las audiencias pueden realizarse a puerta cerrada y los registros judiciales deben omitir o codificar la información personal de la víctima.

La exposición mediática y social, sobre todo si difunde desinformación o revictimiza, puede influir de manera negativa en el estado psicoemocional e incluso neurobiólogo de las infancias, afirma la psicóloga en entrevista con El Sabueso.

“Garantizar el anonimato de las víctimas favorece el proceso de cuidado. Es un trato básico para que las infancias vivan su derecho a una vida libre de violencia”, expone la psicóloga Paula Aguilar.

El 16 de octubre, una nota de Fox Sports afirmó que el ex futbolista fue retirado del museo de Chivas y también sustituido como embajador de la sede Guadalajara para el Mundial 2026 después de su detención. Sin embargo, el equipo de futbol mexicano no ha confirmado esto ni emitido una posición sobre el caso.

El caso del ex futbolista subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para que las víctimas —sin importar la influencia, poder o fama del agresor— puedan acceder a procesos seguros, empáticos y efectivos que garanticen su derecho a la verdad, a la reparación del daño y a la justicia.