Critican impuesto a 'comida chatarra'

"El IVA de 8 por ciento aprobado por el Senado fue severamente rechazado por las empresas refresqueras y botaneras, ya que aseguran que el más afectado será el consumidor"

MÉXICO (UNIV)._ El sector botanero rechazó la aprobación del impuesto de 8 por ciento a alimentos con alto contenido calórico que aprobó el Senado. Advirtió que este impuesto "lo terminará pagando el consumidor". 

La madrugada del 31 de octibre, el Pleno del Senado avaló elevar de 5 por ciento a 8 por ciento el impuesto a la llamada "comida chatarra". La propuesta aprobada permitirá recaudar 5 mil 600 millones de pesos. 

Bruno Limón Celorio, presidente de la rama 106 de fabricantes de botanas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, anunció que a partir del 1 de enero de 2014, este sector trasladará a proveedores y consumidores este gravamen, lo cual estima elevará el precio final entre 8 por ciento y 10 por ciento. 

El representante de Sabritas, Barcel y Bocado, explicó que como parte de las estrategias a seguir por la industria están el etiquetado y empaquetado con porciones más pequeñas en las presentaciones de sus productos. "Sin embargo, esta medida no es la más acertada, pues se ha evidenciado que no ha dado resultados", dijo. 

Luis Martínez, director de Asuntos Corporativos de Bimbo, afirmó que este impuesto podría verse reflejado en un alza de precios en productos Marinela, Ricolino y Barcel, por lo que no descarta una reformulación en su oferta. 

ConMéxico, que agrupa a 46 empresas de las industrias de alimentos y bebidas, manifestó su rechazo al uso de impuestos como una medida efectiva de salud pública, y afirmó que quien pagará este impuesto serán los consumidores. 

Acatan medidas, pero hay rechazo
Los refrescos
El sector refresquero también rechazó el gravamen de un peso por cada litro de refresco, previamente avalado por legisladores, pero reconoció que apoyará la medida. 

Brian Smith, presidente de Coca-Cola para América Latina, expresó que apoyarán al Gobierno federal con su estrategia de salud, pues es uno de los ejes de sustentabilidad de la compañía. 

Sin embargo, previó que con el alza en los impuestos, el sector tendrá pérdidas por 1.2 billones de dólares anuales, "pero al final será el consumidor el que pague estos costos". 

El directivo pidió que los recursos obtenidos de estos impuestos se empleen para combatir la obesidad y la diabetes. 

En ese mismo sentido, se pronunciaron los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana y de Canacintra, Juan Pablo Castañón y Rodrigo Alpízar, respectivamente, quienes exigieron al Gobierno que los recursos obtenidos se etiqueten con transparencia para el combate de la obesidad en México. No descartaron acciones legales para revertir el daño al sector y al consumidor. 

Actualmente, el valor de la industria refresquera mexicana es de 17 mil millones de dólares, con una participación en el mercado de: Coca-Cola Femsa, con 70 por ciento; PepsiCo con 20 por ciento, Peñafiel detenta 5 por ciento y el resto de las compañías, 5 por ciento. 

La aplicación del impuesto al refresco recaudará 12 mil 500 millones de pesos, de los cuales, a decir de Humberto Jasso, director de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, sólo 2.5 por ciento se destinaría a prevención.



CALORÍAS
Modifican la iniciativa
MÉXICO (UNIV)._ La iniciativa de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo, una vez en manos de los legisladores, ha sufrido algunas modificaciones y añadidos importantes. Uno de los más destacados es la creación de un impuesto a la llamada "comida chatarra". 

La reforma aprobada por los diputados grava con un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de 5 por ciento a los alimentos de alto contenido calórico como frituras, dulces, gelatinas o chocolates y de 10 por ciento a la enajenación e importación de algunos productos cuya ingesta se encuentra presuntamente relacionada con el sobrepeso y la obesidad. 

Además, se aplicará un gravamen de un peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares. 

Los argumentos a favor de estos impuestos descansan sobre todo en que son necesarios para combatir la epidemia de obesidad que en México se ha incrementado significativamente. 

Sobre este fenómeno, no podemos más que aceptar que las cifras son alarmantes. Según un reporte de la FAO (The State of Food and Agriculture) publicado este año, México es el país miembro de la OCDE con mayor porcentaje de población obesa y uno de los más destacados en el mundo. Según el informe, la prevalencia de obesidad en adultos alcanzó el 32.8 por ciento, superando a Estados Unidos, que registró 31.8 por ciento. 

Política de Estado
Ahora bien, se podría argumentar que la obesidad es un asunto personal, un tema de libertades, después de todo, no hay evidencia que muestre que la comida sea adictiva (salvo excepciones relacionadas con trastornos de conducta). El gran problema radica en el tratamiento de la obesidad como un problema de salud pública, porque ésta, como cualquier otra enfermedad, tiene un impacto tanto en las finanzas personales como en las públicas. Según el estudio "Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado", para 2017, los problemas de obesidad costarán al País entre 70 mil y 101 mil millones de pesos. 

En este contexto, proponer impuestos a la comida obesogénica, para elevar su precios y así reducir su ingesta tiene sentido, e incluso soporte científico. Recientemente el National Bureau of Economic Research (Michael Grossman, Erdal Tekin y Roy Wada. Food Prices and Body Fatness Among Youths. NBER Working Paper 19143), publicó un artículo donde después de pruebas que relacionan el precio de los alimentos que se ingieren en la casa y en los restaurantes de comida rápida, con los indicadores de obesidad como lo es el Índice de Masa Corporal y encuentra que elevar el precio de una caloría en los alimentos un 10 por ciento podría disminuir el IMC en jóvenes de 8 por ciento a 9 por ciento. Con esto podríamos argumentar que la cura económica de la obesidad es elevar el precio de los alimentos. Sin embargo, en realidades como la mexicana estos resultados pueden no ser tan evidentes. 

Salud pública
No estamos en contra, per se, de los impuestos a los productos que causan daño a las individuos de manera colectiva y que se convierten en un problema de salud pública. Lo que indicamos es que lo recaudado sea destinado a financiar programas efectivos de combate a las conductas dañinas. Ni el Ejecutivo, al presentar su iniciativa, ni el Legislativo al crear nuevos gravámenes han planteado claramente los programas públicos de combate a la obesidad, a los que serán destinados estos recursos. 

A nivel mundial, los programas de salud dirigidos al combate a la obesidad han recibido una importante prioridad, a partir del surgimiento de la Estrategia Mundial Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud, que persigue homogenizar los diferentes criterios en torno a la alimentación, la actividad y salud física, como medidas preventivas de la obesidad y el sobrepeso mundial. La estrategia aborda dos de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles: (I) El régimen alimentario y (II) las actividades físicas, además de complementar las acciones relacionadas con la nutrición, las carencias de micronutrientes y la alimentación del lactante y del infante. 

México como país miembro de la OMS ha implementado iniciativas de ley, estrategias nacionales y acciones en la materia. Destacan el Programa Nacional de Salud, la Alianza por un México Sano, PrevenIMSS, PrevenISSSTE así como programas específicos hacia la obesidad en las escuelas, entre otros. 

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