Empresa

"Regresa el fantasma Fobaproa"

En el insólito de la temporada, el presidente de la poderosa firma siderúrgica Grupo Simec, Rufino Vigil González, podría ir a la cárcel acusado del delito de fraude en agravio de la firma distribuidora de vehículos Motormex, con sede en Guadalajara.
Sobre el empresario de 61 años pesa una orden de aprehensión dictada por el juez 32 del fuero común, Jesús Ubando López, y solicitada por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ocho días antes, bajo cargos de fraude procesal.
La solicitud de acción penal la firmó la agente del Ministerio Público Blanca Rosa Ham García.
De acuerdo a los considerados de ésta, la ex subsidiaria del grupo Simec, Administradora de Cartera de Occidente, conocida como Acosa, pretende cobrar supuestos créditos obtenidos por Motormexa, propiedad de los hermanos Juan Arturo y Ricardo Covarrubias Valenzuela, por 200 millones de dólares, que al tipo de cambio actual representarían 2 mil 291 millones 140 pesos.
El caso es que las firmas de los supuestos acreditados, es decir Juan Arturo como titular del préstamo y sus hermanos Ricardo y María del Pilar como avales, fueron falsificadas.
El supuesto pagaré está fechado el 15 de julio de 2004.
Ahora que, del otro lado de la moneda, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Simec señala que la demanda planteada hace cuatro años por Motormexa y los Covarrubias es en represalia por otra que a su vez ganó la empresa, que le obliga a pagarle los 200 millones de dólares de la discordia… más intereses.
La querella se planteó en el 2005.
La sentencia favorable a Acosa se emitió en el 2007.
El entorno del asunto remite a las secuelas del tristemente célebre rescate bancario, al que coloquialmente se le denomina Operación Fobaproa.
Hete aquí que la empresa (¿financiera?) de Simec, Administradora de Cartera de Occidente, en cuyas siglas lleva la fama: Acosa, le compró al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), sucesora del Fondo para la Protección del Ahorro Bancario (Fobaproa), un lote de cartera vencida que supuestamente sólo incluía créditos a favor de la siderúrgica ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán conocida como NKS.
Según ello, entre el legajo del paquete venían dos créditos concedidos a Motormexa, ambos por 200 millones de dólares, acreditados con Banca Cremi, Banco de Oriente y Banco Interestatal.
El valor del lote fue de dos centavos por cada peso que avalaban los documentos.
Naturalmente, a la vista del "tesoro", Vigil se lanzó al abordaje.
El caso es que Juan Arturo Covarrubias, a quien en los polvos de aquellos lodos lo despojó el Gobierno de un banco regional de razón social Industrial, pese a que no había recibido ayuda alguna oficial para salir a flote tras la crisis de pagos de 1995, señala que los créditos de la discordia fueron pagados en tiempo y forma por la familia.
De hecho, el entero se hizo bajo constancia notarial.
El caso es que a juicio del Ministerio Público que acreditó la acción penal contra el presidente de Simec, la firma de Juan Arturo Covarrubias Valenzuela no es atribuible por su ejecución a éste, ni tampoco la de su hermano Ricardo.
De hecho, se califica de "dolo" de Vigil González, "el continuar queriendo ejercer la sentencia a su favor (que obliga a redimir uno de los pagarés), a sabiendas de que el documento base de la acción es falso, ya que no fue firmado por ninguno de los denunciados".
Concretamente los peritos de la PGJDF ubicaron 33 inconsistencias en los rasgos de las firmas de los hermanos Covarrubias Valenzuela.
Lo inaudito del asunto es que el segundo pagaré por 200 millones de dólares, cuyo status de cobranza se desconoce, según ello fue firmado por las esposas de los hermanos Juan Arturo, Ricardo y José Luis Covarrubias Valenzuela.
Ahora que en el grueso legajo de pruebas a su favor, éstos exhiben un peritaje del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el que se reitera que las firmas de ellos y la de María del Pilar Covarrrubias Valenzuela fueron falsificadas.
Del otro lado, empero, Simec sostiene que hay un peritaje de un tercero en discordia que avala que las firmas son reales, lo que acreditó que prosperara su litigio original… al que se le volteó la mira del fusil.
Por lo pronto, tras el asunto existe una triste realidad: el nacimiento, a la vera del rescate bancario, de una industria de cobro de deudas vencidas, canjeando centavitos por pesos.
La posibilidad que se le negó a los acreditados, se le entregó en bandeja de plata a terceros para hacer el gran negocio.

Balance General
En lo que constituye otro error de cálculo de Mexicana de Aviación, el juez de lo concursal que le daría luz verde al concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada podría demorar aún tres o cuatro semanas más en emitir su resolución, lo que provoca un efecto dominó no sólo en la línea aérea, sino en sus filiales Click y Link.
De acuerdo al cálculo de los expertos, por lo pronto, la firma tiene vendidos 25 mil boletos que no han sido utilizados, lo que representa un pasivo de un mínimo de 200 millones de pesos, considerando que algunos de ellos avalan rutas internacionales.
La firma, pues, podría ser acusada de fraude, al lanzar en los meses previos a su estallido una agresiva campaña de preventa ofreciendo descuentos en proporción de la anticipación con que se adquirían los boletos.
¿No sabía que estaba en opción de incumplir?
¿No previó el alud que se le vendría encima en su intento de culpar de todos los males a sus trabajadores?

Con todo
En uno de los vericuetos de la accidentada comparecencia de ayer del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ante Comisiones de la Permanente, uno de los legisladores le lanzó al rostro un golpe demoledor. Casi de nocáut.
-De acuerdo a sus alegatos, le dijo, usted no es responsable de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, en su carácter de director del Instituto Mexicano del Seguro Social de entonces. Los culpables son funcionarios menores.
Sin embargo -agregó-, los funcionarios menores de la Secretaría a su cargo no tienen personalidad para recibir una notificación de una medida cautelar expedida por un juez.
El dardo apuntaba a la "estrategia" de la dependencia de soslayar el recurso obtenido por Iusacell ante un juez de Matamoros que ordenaba suspender la licitación 21 para frecuencias del espectro de 1.7 gigahercios para telefonía celular.
La notificación se le entregó a la delegación de la dependencia de la ciudad fronteriza tamaulipeca.
Lo inaudito del asunto es que aún sin supuesta notificación oficial, la SCT le solicitó al propio juez un amparo… que le fue negado.
El caso es que de acuerdo a lo dicho por Molinar, la licitación 21 culminará esta mañana con la entrega de la concesión a los ganadores, entre ellos el binomio Nextel-Televisa, quien pagó 180.3 millones de pesos por una red nacional de 30 megahercios, cuando otros pagaron más de 3 mil millones por el equivalente a un tercio de ella, con simple opción regional.

albertobach@yahoo.com.mx