Empresas públicas y empresas privadas

"Como todas las guerras civiles, la nuestra mantuvo detenido al país entre 1913 y 1929, para hacerlo retroceder 30 o 40 años de como estaba en 1913, al empezar de nuevo en 1929 las actividades económicas normales"

Óscar Ricardo Flores

En nuestra larga y triste historia del México moderno, a partir del asesinato del presidente Madero ordenada por el traidor Huerta en 1913, la economía del país ha sufrido muchos cambios y sobresaltos.
La guerra civil que empezó con la muerte de Madero y terminó hasta 1929, destruyó toda la obra civil creada en el largo régimen de Porfirio Díaz (1877-1880 y 1884-1910): carreteras, puentes, ferrocarriles, empresas industriales mexicanas y extranjeras creadas durante la larga dictadura, así como la producción agrícola convulsionada y en gran parte eliminada por la guerra misma, que enlistaba en los ejércitos contendientes a los campesinos por medio de la leva, impidiendo los trabajos del campo.
Como todas las guerras civiles en todo el mundo, la nuestra mantuvo detenido al país entre 1913 y 1929, para hacerlo retroceder 30 o 40 años de como estaba en 1913, al empezar de nuevo en 1929 las actividades económicas normales.
En los 78 años transcurridos hasta ahora, el progreso ha sido muy lento y con grandes problemas financieros creados por la ineptitud de nuestros gobernantes y el autoritarismo del sistema establecido por el partido en el poder, que concentró todo el poder de los tres departamentos del gobierno federal en una sola persona que decidía todo.
La guerra civil iniciada por Madero (1910) no destruyó al país, en primer lugar porque Porfirio Díaz se exilió a Europa para evitar una guerra destructiva y en segundo lugar, porque el propósito de Madero era establecer un gobierno elegido democráticamente, no la destrucción del régimen anterior, lo cual finalmente le costó la vida.
La nueva Constitución de 1917 en vigor durante el proceso revolucionario y después, mantuvo un criterio moderno entonces de moda en Europa, que otorgaba al Estado una mayor intervención en la economía del país y sobre todo, la facultad de eliminar los latifundios, que en una sociedad y en una época esencialmente agrícolas se consideraba importante para la distribución de la riqueza, lo cual después se ha demostrado que es una idea equivocada.
La mini-parcela es necesariamente improductiva y condena al agricultor a una relación de esclavitud con la tierra similar a la imperante en la Europa feudal, manteniéndolo en la pobreza.
Pero el socialismo europeo -entendido como la detentación de parte del Estado de los medios de producción- era, a pesar de estar moda, para los mexicanos tan extraño como las elecciones libres y los gobiernos honrados.
Durante todo el período posrevolucionario, nuestra Constitución aprobó que el Gobierno federal otorgara concesiones para la explotación de minas, para la explotación petrolera, para la generación de energía eléctrica para venderla a los centros urbanos y para la captación y distribución de agua potable para venderla a los pueblos y ciudades en todo el país. Todas esas actividades aderezadas por la corrupción, que se hizo costumbre.
El incumplimiento de la ley laboral y el desacato a una sentencia de la Suprema Corte, obligó al Presidente Cárdenas (1938), a ejercer su facultad constitucional para expropiar las empresas petroleras estadounidenses e inglesas, aprovechando que Inglaterra estaba prácticamente en guerra con Alemania y que Estados Unidos mantenía el criterio de aceptar las expropiaciones de bienes propiedad de sus nacionales por gobiernos extranjeros, siempre y cuando se pagaran los bienes expropiados y existiera la posibilidad de negociar más tarde.
Como consecuencia de la expropiación petrolera, nuestra constitución se reformó en noviembre de 1940 (Artículo 27, sexto párrafo), justo antes de entregar Cárdenas la presidencia a Manuel Ávila Camacho, para prohibir las concesiones para extraer petróleo en México, estableciendo la obligación de que todos los trabajos de explotación se realicen por el Estado: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos."
Posteriormente, en enero de 1960, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, se reforma nuevamente el sexto párrafo del Artículo 27 Constitucional, para incluir a los contratos en la prohibición de las concesiones: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva."
En el mismo año de 1960, pero en diciembre, se reformó nuevamente el sexto párrafo del artículo 27 de la Constitución, para incluir el derecho exclusivo del Estado a la explotación de minerales radioactivos y para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público y para prohibir también el otorgamiento de concesiones a particulares para estos dos objetos. De este modo, se estableció que la explotación de la energía nuclear y de la energía eléctrica quedaban como derecho exclusivo del Estado.
Existen muchas razones para estimar conveniente, cuando menos desde un punto de vista teórico, que el Estado central o federal sea el productor de energía nuclear y de energía eléctrica, en virtud de que se trata de un servicio público que difícilmente pueden prestar los empresarios privados sin afectar a las comunidades cautivas en sus servicios, que por regla general son monopólicos y requieren de una supervisión rígida de las autoridades, lo que obviamente genera corrupción.
En Estados Unidos, la historia de la energía eléctrica de ese país desde la época anterior a la Gran Depresión (1929-1940), hasta prácticamente 1970, es una historia de monopolios que explotaron a sus clientes y corrompieron a las autoridades y en la cual las empresas proveedoras de los servicios obtuvieron utilidades abusivas e injustificadas.
Actualmente, la mayor parte de las empresas proveedoras de energía eléctrica y todas las de energía nuclear en Estados Unidos son privadas, pero sujetas a una reglamentación especial, pero sin duda ahora proveen servicios eficaces y a precio razonable. La energía eléctrica que producen las grandes represas propiedad del gobierno federal se vende a las empresas privadas cercanas, también con apego a reglas especiales para evitar la corrupción y el abuso a los consumidores.
La controversia es aguda en lo que se refiere a las empresas petroleras. Existen dos formas de reglamentación de los recursos petroleros por los distintos países: la que establece la propiedad del Estado de los recursos petroleros (México, Holanda, Noruega, Cuba y Brasil, entre otros) y la que los considera recursos que pueden ser explotados por los particulares, sin que el Estado sea propietario de esos bienes, como en Estados Unidos. Además, en los países en donde el petróleo es propiedad estatal, existen algunos en los cuales los recursos pueden ser explotados por particulares (como Holanda, Cuba, Brasil y Venezuela) y otros como México, en los cuales sólo el Estado puede explotar el petróleo del subsuelo. Existen otros países como Japón, que no tienen petróleo y admiten la importación, refinación y venta libremente por empresas privadas nacionales y extranjeras.
Existe una corriente de opinión que sostiene que los recursos petroleros son estratégicos para la seguridad nacional y para el futuro económico de México.
Otra corriente, que yo comparto, opina que el petróleo no es un recurso natural estratégico que deba ser explotado sólo por el Estado, porque lamentablemente, en México no existe una empresa estatal eficiente, libre de corrupción y que proporcione a sus consumidores un servicio razonable a precios razonables.
Los ejemplos más obvios son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero la lista es larga y comprende a todas las empresas propiedad del Estado y desgraciadamente, comprende también a todos los servicios públicos como seguridad pública, educación, salud, transportes y agua potable y drenaje.
Seguramente la empresa estatal de petróleos de Noruega es eficiente y además, libre de corrupción, como lo indica la información que leemos en las revistas relativas a la economía internacional.
El fondo de dinero para el futuro del país que ha creado esa empresa estatal y que lo custodia el Estado noruego, comprende ya varios miles de millones de dólares que se usarán por el gobierno cuando el petróleo se acabe y se deba recurrir a energías distintas que Noruega no posee y que tardará en desarrollar, cuando sea necesario.
Pero suponer que México puede tener una empresa propiedad del Estado destinada a proporcionar servicios públicos como la energía petrolera o eléctrica o nuclear, es un sueño que debemos reconocer como imposible para nuestro país, cuando menos en muchas décadas.
La corrupción en México no es una posibilidad sino un hecho fácilmente comprobable, que debe formar parte de los problemas que obstaculizan la planeación del futuro del país y del papel que el Estado debe tener en ese desarrollo. Es una epidemia fatal, nociva, destructiva y actual, comprobable fácilmente todos los días en todo el país.
Por ello creo que debe permitirse la libre competencia en la exploración, explotación, transporte, refinación y venta de petróleo y sus derivados, pagando las empresas privadas al Estado mexicano la cantidad que la ley estime necesaria para permitirle disfrutar de ese beneficio e invertir el dinero que reciba en servicios públicos esenciales y para el futuro.
Por regla general, los regímenes autoritarios permiten la existencia de corrupción grande o pequeña y que puede darse en todos los niveles del gobierno central o estatal o regional o sólo existir en los círculos más altos del poder central.
Los países autoritarios desarrollados generalmente tienen corrupción sólo en los altos niveles de gobierno, mientras en los países autoritarios subdesarrollados encontramos la corrupción en todos los niveles de autoridad, desde el policía municipal hasta los ministros o secretarios de Estado.
La competencia económica, la libertad de comercio y de industria, la libertad de enseñanza tecnológica y científica y la democracia electoral, son elementos característicos de las economías desarrolladas con menos corrupción.
La regulación excesiva del Estado en la vida económica de un país, por regla general auspicia la corrupción y conjuntamente con un gobierno autoritario, restringe las libertades individuales y generales innecesariamente y con el propósito de evitar la rendición de cuentas y mantener la corrupción que se reduce sólo con un régimen de respeto a la ley, de aplicación general de la ley sin discriminación y preferentemente con un sistema democrático de gobierno.
México es un país atrasado, tanto económicamente como tecnológicamente. Pero también es un país educativamente atrasado, y ese atraso incluye el necesario respeto a la ley, la necesaria rendición de cuentas de los servidores públicos y la indispensable existencia de cuerpos de seguridad que abandonen la corrupción como parte normal de su salario.
Aspirar a tener una empresa pública propiedad del Estado que realice los trabajos de explotación de petróleo sin corrupción, es ahora y será por mucho tiempo, imposible, como nos lo demuestra la historia reciente y comprobable. Ignorar este grave problema nacional en la planeación económica del país es hacer a un lado a la realidad y después hacer frente a las consecuencias que ahora padecemos con Pemex y con la CFE. Es la experiencia de 70 años en México.
Es verdad que las privatizaciones realizadas desde el sexenio de Miguel de la Madrid y continuadas con Carlos Salinas fueron un gran negocio para los beneficiados con la compra de las empresas estatales, pero también para los funcionarios vendedores. La causa de los efectos negativos es la corrupción, porque se vendieron las empresas sin la regulación jurídica adecuada, para permitir la venta con participación de los funcionarios encargados de vender.
Sin embargo, nadie puede decir que ahora Telmex tiene los mismos vicios que su antecesora estatal o que el servicio es deficiente. Para empezar, el déficit habitual anterior ya no existe a cargo del Estado y en cambio, ahora percibe muchos cientos de millones de pesos por impuestos en la prestación del servicio.
Los bancos son otro ejemplo de privatización con corrupción. Se salvó a los depositantes bancarios de la quiebra durante la crisis 1994-2005, pero se abandonó a los deudores de los bancos por un problema creado por el gobierno y no por ellos como depositantes.
Los bancos se vendieron antes de 1994 a los empresarios que el mismo gobierno federal quiso beneficiar y no a los más aptos para ese servicio. El resultado fue la quiebra y la venta a empresas bancarias extranjeras y ahora muy pocos bancos son propiedad de accionistas mexicanos, con un servicio eficaz, pero muy caro, en perjuicio de los usuarios de los servicios bancarios.
Seguramente algún día se privatizará correctamente la empresa petrolera mexicana. Lamentablemente, será cuando el petróleo en México se esté acabando y sea inevitable vender a empresas más eficientes en la extracción y refinación del petróleo. Mientras tanto, la empresa seguirá gastando el dinero de los mexicanos en el número excesivo de empleados, en costos abusivos de sus compras de mercancías y de servicios y en la ineficacia de su proceso industrial.