La OCDE recomienda a los países que reorienten los subsidios públicos y otras ayudas a la agricultura hacia la innovación
De acuerdo con los resultados presentados por la OCDE en su análisis anual de las políticas agrícolas de los países miembros, mismos que incluye a México.
El apoyo público a la agricultura en los países estudiados ha disminuido desde 2021, pero se mantiene cerca de máximos históricos y aún no está suficientemente dirigido a objetivos críticos de innovación, productividad y sostenibilidad.
El informe de Seguimiento y Evaluación de Políticas Agrícolas de la OCDE 2024, la referencia mundial sobre el apoyo gubernamental a la agricultura en 54 países analizados muestra que el apoyo total a la agricultura promedió 842 mil millones de dólares por año durante el período 2021-23.
El apoyo sigue concentrado en unas pocas economías grandes, donde China, Estados Unidos, India y la Unión Europea representan el 37%, el 15%, el 14% y el 13% del total respectivamente.
La proporción estimada de apoyo dedicado a servicios generales como innovación, bioseguridad o infraestructura promedió solo el 12.6% del apoyo total en 2021-23.
Si bien se ha mantenido bastante estable desde 2020, esta proporción está muy por debajo del 16% observado a principios del Siglo XXI.
Estos servicios son elementos clave en los esfuerzos de los países por lograr un crecimiento sostenible de la productividad: la capacidad de producir más con menos y reducir al mismo tiempo las demandas sobre el medio ambiente.
Para fomentar la innovación, los gobiernos están desarrollando estrategias y marcos, invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D), fortaleciendo las instituciones, mejorando el conocimiento agrícola y los sistemas de innovación, y brindando incentivos específicos a los productores para que desarrollen y adopten nuevos métodos de producción. La reorientación del apoyo podría beneficiar esos esfuerzos.
Los agricultores recibieron 628 mil millones de dólares por año en apoyo durante el período 2021-23, aún por encima de los niveles previos a la COVID-19.
Más de la mitad de este apoyo (334 mil millones de dólares anuales) provino de políticas que elevaron los precios internos por encima de los precios de referencia y fue pagado por los consumidores, mientras que el resto (295 mil millones de dólares anuales) fue pagado por los contribuyentes a través de transferencias presupuestarias.
La mayor parte de la disminución del apoyo en los últimos dos años se debió al aumento de los precios del mercado mundial más que a reformas de políticas.
El aumento de los precios mundiales de los productos básicos ha hecho que el apoyo a los precios del mercado caiga un 8% entre 2021 y 2023, mientras que el apoyo presupuestario se redujo un 10%.
Los consumidores y otros compradores de primer nivel de productos básicos agrícolas recibieron 107 mil millones de dólares por año en apoyo presupuestario durante 2021-23, muy por encima de lo observado antes de la COVID-19.
Sin embargo, en promedio, esto no compensó el efecto negativo del aumento de los precios para los consumidores inducido por las barreras comerciales y otras políticas que distorsionan los precios.
En conjunto, las políticas públicas aumentaron el gasto de los consumidores en un 3.2% en ese período, frente al 10.3% en 2000-02, el primer período para el que hay datos completos de los 54 países estudiados.
La OCDE recomienda que los apoyos dirigidos al campo se establezcan con una sólida agenda de políticas. Para que la agricultura sea más sostenible, productiva y resiliente, los gobiernos deberían:
-Establecer objetivos claros para las estrategias de crecimiento sostenible de la productividad e invertir en la capacidad de medir los resultados y ajustar las políticas.
La labor de la OCDE sobre la medición de la productividad y sus indicadores agroambientales son posibles vías para medir el crecimiento sostenible de la productividad en el futuro.
-Reducir el impacto ambiental negativo del apoyo agrícola identificando y abordando las medidas perjudiciales para el medio ambiente y reorientando el apoyo agrícola hacia medidas beneficiosas para el medio ambiente, sistemas de conocimiento e innovación agrícola, servicios de bioseguridad e infraestructura física y digital clave.
-Aumentar la proporción del apoyo a los productores vinculado a las prácticas ambientales y hacer de la gestión y el uso sostenibles de los recursos naturales una parte central de la política agrícola. Utilizar políticas basadas en resultados y monitorearlas, medirlas y evaluarlas continuamente para mejorar su eficacia.
-Orientar mejor los sistemas de innovación hacia el objetivo combinado de mejorar la productividad y el desempeño ambiental. Al mismo tiempo, los gobiernos deberían aumentar la eficacia y la eficiencia del apoyo y los mercados agrícolas.
En un contexto donde se está por aprobar el presupuesto propuesto al campo, donde son las mismas o menores cantidades que al año pasado, y se da continuidad a los programas que actualmente están operando, vemos que no ha cambiado nada con respecto a las políticas de 2023. Mismas que fueron evaluadas por este estudio, donde destacan:
La coordinación limitada entre instituciones orientadas a apoyar al campo, la escasez de fondos, el desajuste entre las necesidades de los agricultores y las instituciones de investigación, así como servicios de extensión limitados, limitan el sistema de innovación agrícola de México e impiden el crecimiento sostenible de su productividad.
Como resultado, hay bajos niveles de adopción de tecnología, en particular entre los pequeños productores. Una mayor inversión pública en el sistema de innovación, los servicios de extensión y el desarrollo de capacidades ayudaría a que la agricultura avanzara hacia una mayor sostenibilidad.
Se deben fomentar las prácticas agrícolas sostenibles y ampliar las existentes, por ejemplo, continuando la promoción de prácticas climáticamente inteligentes, la siembra directa, la diversificación de cultivos y la recuperación del suelo, aprovechando los conocimientos tradicionales y adoptando un enfoque basado en los resultados.
Los programas de apoyo a la conservación de los recursos fitogenéticos locales, en particular entre los pequeños agricultores de las zonas pobres, podrían ayudar a fortalecer la resiliencia de los sistemas agrícolas y la diversidad genética de los cultivos. Vincular los pagos a la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles o, cuando sea posible, a mejoras ambientales, también podría reducir el impacto ambiental del sector.
La agricultura de México se beneficiaría de mayores inversiones públicas en servicios generales, como infraestructura climáticamente inteligente, sistemas de información meteorológica y de precios, e infraestructura rural y agrícola, en particular para la gestión del recurso del agua.
México también debería considerar la posibilidad de reformar sus subsidios a la electricidad, que siguen fomentando el uso excesivo del agua, y mejorar la gestión del agua en general para prepararse mejor para el futuro de la agricultura en un clima cambiante.
Entre otras sugeridas, por lo que vemos que este año todavía no se implementarán algunas de las sugerencias de la OCDE para el campo, ni tampoco algunas de las prioridades mencionadas en el plan de la nueva administración.
Esperamos que en el presupuesto para el 2026 se pueda ver un mayor impacto de las prioridades de la nueva administración en el desarrollo de los programas y en la asignación de presupuestos al campo.
Fuente: https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2024/11/oecd-advises-countries-to-redirect-public-subsidies-and-other-support-for-agriculture-to-innovation.html