Aumenta la desaparición de adolescentes en Jalisco; advierten sobre reclutamiento forzado y subregistro
El número de adolescentes desaparecidos, que ha aumentado 140% desde 2019, es mayor al que figura en el registro estatal, coinciden especialistas. Una de las razones del incremento es la necesidad de los grupos criminales de sumar cuadros a sus filas, señalan; además, las redes de captación se extienden a barrios y escuelas
Por Laura Castellanos para A dónde van los desaparecidos
El 22 de septiembre de 2026, Issai de Jesús fue dejado por un auto, con una fractura en el pie y quemaduras en las piernas, en su casa de la Colonia Benito Juárez de Guadalajara.
Estuvo desaparecido desde el 11 de junio de 2025, cuando con 17 años viajó a Zacatecas siguiendo una oferta de trabajo. Por las circunstancias de su desaparición, pudo ser víctima de reclutamiento forzado.
Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, considera que el aumento de las desapariciones de adolescentes en estados del Pacífico, como Jalisco y Sinaloa, apunta al incremento del reclutamiento forzado.
Describe al Cártel Jalisco Nueva Generación como una empresa criminal que suministra reclutas para el conflicto armado que, desde hace más de dos años, mantienen integrantes del Cártel de Sinaloa —Los Chapitos, apoyados por el CJNG, según el Gobierno federal, y La Mayiza—.
El doctor en Ciencias Sociales analizó las fichas de desaparición de adolescentes varones publicadas en 2024 y 2025 en el país, y después cruzó esta información con la que le proporcionaron colectivos de búsqueda de Jalisco y con reportes de la prensa estatal y nacional.
Así encontró “una concentración atípica” de víctimas en los estados que conforman el corredor que va de Michoacán a Baja California.
“El reclutamiento está mutando rápidamente”, observa. “Se ha vuelto más intenso, indiscriminado, coercitivo, con adiestramientos más breves y en movilización permanente”.
Precisa que no solo involucra al CJNG, sino a grupos criminales de otros estados que son aliados o socios, e intervienen de forma directa o indirecta en los combates de Sinaloa.
El descubrimiento del Rancho Izaguirre en marzo de 2025 en Teuchitlán —un campo de adiestramiento del CJNG que las madres buscadoras aseguran operaba también como un centro de exterminio— reveló a Ramírez que los jóvenes reclutados de manera forzada se desplazaban desde Jalisco a otras entidades: “Desaparecen en Jalisco, se les conduce a Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, para adiestramiento, reforzar posiciones o participar en confrontaciones abiertas”.
Víctor Manuel González Romero, ex Rector de la UDG (1995-2001) y autor del portal Desaparecidos en Jalisco, en el que procesa las bases de datos estatales y federales por edad, sexo y lugar, publicó en septiembre en su cuenta de X que las cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) muestran que, en Jalisco, la desaparición de adolescentes se incrementó 140 por ciento entre 2019 y 2026, al pasar de 734 a 1,764 víctimas.
En otra entrada advirtió que, de acuerdo con las cédulas publicadas por la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (CBPJ), las edades que registran mayor número de desapariciones en 2026 son 15, 16 y 17 años.
En promedio, agrega, cada día se han emitido 1.2 cédulas de desaparición de menores de edad.
De las fichas de búsqueda de mujeres publicadas este año hasta el 23 de octubre, agrega, el 46.4 por ciento corresponden a menores de edad, mientras que en el caso de los hombres son el 14.4 por ciento.
“Eso significa que, prácticamente, la mitad de las mujeres que desaparecen en Jalisco son menores de edad”, señala.
A nivel nacional se registra también un aumento en la desaparición de adolescentes. Una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra que, en el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el grupo con más desapariciones era el de hombres y mujeres de 25 a 29 años (14.7 por ciento), mientras que, en su segundo año, fue el de 15 a 19 años (16.2 por ciento).
Según el REPD, en Jalisco habían desaparecido (hasta el 30 de septiembre) 16 mil 247 personas, de las que el 11 por ciento son mujeres y 89 por ciento son hombres, mientras que el RNPDNO registraba (el 27 de octubre) 130 mil 729 víctimas, de las que el 21 por ciento son mujeres y el 79 por ciento son hombres.
El pasado 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó tipificar el reclutamiento forzado mediante la adición de un capítulo a la Ley General de Trata de Personas.
El delito será castigado con penas de 10 a 20 años de prisión, que pueden aumentar a 25 años cuando existan amenazas, intimidación, coacción, violencia o abuso de poder.
Para Ramírez, la tipificación es acertada porque “está centrada en quien realiza acciones conducentes a la incorporación de una persona a un grupo delictivo, no en quien acepta incorporarse”.
“Es correcto también”, agrega, “que se aumente la pena cuando exista coacción, amenaza o violencia física. Con esta distinción terminará por perder peso el falso dilema en torno a si el reclutamiento fue voluntario o forzado. Quizás por ello valdría la pena considerar si, en vez de usar la expresión reclutamiento forzado, se usa la de ‘reclutamiento ilegal o ilícito’, como se le llama en Colombia. También es importante que haya quedado especificado que no solo es punible la incorporación, sino también la utilización o invitación para realizar actividades delictivas”.
Tejiendo Redes Infancia consideró limitada la reforma por ubicar el reclutamiento forzado en la Ley General de Trata de Personas y no como un delito autónomo en el Código Penal Federal.
“México necesita dejar de mirar a las infancias reclutadas como instrumentos del crimen organizado”, señaló, “y reconocerlas como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos”.
Planteó que la nueva legislación no incide en la investigación de las redes criminales, su financiamiento y la colusión institucional, y no garantiza la protección de las víctimas.
Ramírez advierte que los cambios legislativos, aunque son necesarios, resultan insuficientes para erradicar el reclutamiento forzado.
Sobre todo, por la “urgente necesidad de nuevos cuadros por los conflictos entre cárteles, especialmente en Sinaloa, y por la incertidumbre que han generado las políticas antiterrorista de Donald Trump y anticártel de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que obligan a las organizaciones criminales al reclutamiento permanente”.
‘Desbalance’ en las cifras
La alerta del aumento de las desapariciones de jóvenes de 15 a 19 años en Jalisco no la dio el Gobierno estatal, sino el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UDG en mayo de 2025, dos meses después del descubrimiento del Rancho Izaguirre.
Este órgano consultivo reportó que el promedio por mes de personas desaparecidas en edades de 15 a 19 años fue de 9.8 en 2023, 11.8 en 2024, y 25.3 de enero a mayo de 2025, más del doble que el año previo.
La coordinadora del comité universitario, Dolores del Carmen Chinas Salazar, señala que colectivos de Jalisco como Luz de Esperanza y Guerreros Buscadores no fueron escuchados cuando advirtieron a las autoridades que “había una estrategia de reclutamiento a través de falsas ofertas de empleo, que incluso les llamaban de otros estados [a los jóvenes] y el punto donde se citaban era la Central Camionera [de Tlaquepaque], y ahí las familias les perdían la pista”.
El desdén oficial hacia las desapariciones de esta franja de población no se limita al gobierno de Jalisco. Ramírez analizó los casos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) contabilizados en el RNPDNO en 2024 y observó un “subregistro sistemático” de algunos gobiernos estatales, lo que provoca un “desbalance” en las cifras.
“Mientras que en Aguascalientes, el Estado de México, Yucatán y Campeche reportan que 50 por ciento o más de sus registros totales corresponden a NNA, en Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, el porcentaje de NNA no superó el 25 por ciento”, lo que en su opinión expresa omisión, borrado de los casos y negación del servicio, por ejemplo, a emitir la cédula de búsqueda.
González Romero, investigador analista de datos, considera que el problema de los subregistros estatales es grave, pero al Gobierno federal le conviene que haya menos casos de desaparición: “Sabe que varias entidades, como en el caso de Jalisco, no están reportando correctamente, pero como eso le ayuda a su narrativa no dice nada”.
Centrales de autobuses: pieza clave
Said Emanuel tenía 16 años cuando fue asesinado, durante un convivio, la madrugada del 15 de septiembre de 2026 en Zapopan. Le dispararon dos sujetos a bordo de una motocicleta.
La prensa difundió una foto suya, con el rostro difuminado, en la que porta un uniforme militar con una inscripción en el pecho: “Fuerzas especiales del Mencho”. Su mano derecha alza un arma de grueso calibre; la izquierda esconde el pulgar y muestra cuatro dedos extendidos, la señal del CJNG.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, el adolescente no tenía reporte de desaparición ni ficha de búsqueda, y se investiga si fue reclutado de manera forzada por una organización criminal.
Ramírez precisa que el reclutamiento forzado afecta principalmente a adolescentes hombres desde los 12 años.
En su estudio corroboró que, si bien la mayoría de casos de desaparición se concentran en la mencionada franja que va de Michoacán a Baja California, otros estados muestran índices menores “seguramente por manipulación de cifras: Durango, Zacatecas y Chihuahua”.
Su revisión sugiere que “la utilización de adolescentes con fines bélicos o de confrontación directa es más alto de lo que podemos documentar a partir de los casos que llegan a ser noticia”, como sucedió con Said Emanuel.
En opinión del investigador, las organizaciones criminales envían a otros estados una gran cantidad de personas reclutadas, lo que provoca una escasez de cuadros en sus lugares de origen.
Esta escasez ha obligado al reclutamiento forzado de adolescentes varones porque, dice, “es una solución rápida, barata y, sobre todo, más factible, porque esta población es más fácil de movilizar mediante engaños, amenazas o promesas que la población adulta. Los jóvenes reclutados pueden ser enviados directamente a la zona del conflicto o usarse localmente como sustitutos de cuadros adultos”.
Contrario a la información que se difunde, el investigador no considera que la mayoría de los jóvenes sean reclutados a través de redes sociales, chats de videojuegos o videos de TikTok.
“Creo que lo más común es un reclutamiento activo a través de redes de amistad del barrio, la escuela, o incluso familiares”, y agrega: “En el área metropolitana de Guadalajara, el CJNG tiene una presencia cotidiana y visible en muchos barrios desde hace años y se explota esta cercanía y familiaridad para el reclutamiento”.
Sin embargo, Ramírez apunta que “las centrales de autobuses foráneas, sobre todo la ubicada en Tlaquepaque, son una pieza clave para el reclutamiento de adolescentes provenientes de otros estados y no puede sustituirse tan fácilmente. Entiendo que el CJNG ha buscado que el flujo de potenciales reclutas se dirija a centrales de otros estados, por ejemplo, a Morelia, Michoacán, pero los casos que se siguen detectando en Jalisco indican que no han logrado una sustitución completa”.
De acuerdo con el Gobierno municipal de Tlaquepaque, en los últimos dos años han “rescatado” a 94 personas de una posible desaparición. De ese número, 51 (54 por ciento) eran menores de edad.
En el caso de mujeres adolescentes y jóvenes, la mayoría de las desapariciones ocurren entre los 15 y 24 años (65 por ciento), según el REPD al cierre de agosto de 2026, indica Ramírez.
En una entrada de X destacó que las mujeres, a diferencia de los hombres, están desapareciendo más en grupo, y que detrás hay una persona que las recluta directamente, no a través de redes.
Ramírez dice que, en contraste con la creencia general de que la mayoría de las desapariciones de mujeres tienen que ver con la trata sexual, “hay casos donde las niñas y adolescentes son reclutadas para integrarse como sicarias y llegan a recibir un adiestramiento similar al que se impone a sus pares masculinos”.
Otras más sufren una “desaparición intermitente”, en la que son sometidas sexualmente por periodos, de acuerdo con las necesidades de las organizaciones criminales.
Adolescentes en la mira
Brayan Antonio tenía 13 años en 2023 cuando, relata Jorge Ramírez, “fue sustraído de un parque cercano a su vivienda en Zapopan en junio y localizado en septiembre cuando fue detenido en Zacatecas por portación de arma de fuego”. A pesar de su edad, tenía la complexión de un hombre robusto.
“Brayan medía 1.75 m y pesaba 85 kilos en el momento de su desaparición, quizá esto llevó a sus captores a privarlo de la libertad”.
El investigador observa que, desde 2023, hay evidencias de que el CJNG comenzó a reclutar a menores de 15 años.
“Los datos del registro estatal indican un crecimiento de casos no resueltos de menores de 10 a 14 años a partir de esa fecha”.
A partir de los datos generales de las fichas de búsqueda, Ramírez infiere el perfil de los adolescentes y jóvenes reclutados forzadamente en Jalisco: varones entre los 14 y 20 años, residentes de colonias populares del área metropolitana de Guadalajara, cercanas al Anillo Periférico Manuel Gómez Morín.
“Lo común es encontrar perfiles de niños que ya no estudiaron después de la secundaria o dejaron truncos sus estudios, parece que viven en hogares monoparentales o incluso bajo el cuidado de sus abuelos. Otros más viven en albergues o centros de internamiento bajo custodia del estado y donde los reclutan en grupos”.
Para Chinas Salazar, las desapariciones de adolescentes ocurren porque “poderes fácticos, en muchos casos en complicidad con actores estatales, perpetúan un marco en donde la vulnerabilidad de la juventud se hace presente”.
Esa vulnerabilidad tiene que ver, dice, con la pobreza, la precarización laboral, el empleo informal y la falta de seguridad social.
En Jalisco, “si sumamos impunidad más corrupción más una presencia económica clave en la región, pues crea un entorno que permite el reclutamiento de los jóvenes”.
Distintas formas de subregistro
El ex Rector González Romero considera que el número de adolescentes que han desaparecido es mayor al que muestran los registros.
Hasta el 30 de septiembre, según cifras del RNPDNO, había en México 13 mil 675 personas desaparecidas de entre 15 y 19 años —4 mil 914 mujeres, 8 mil 744 hombres y 17 de sexo indeterminado—, mientras que el registro estatal de Jalisco contabilizaba mil 443 personas de entre 15 y 19 años —297 mujeres y mil 146 hombres—.
Subraya que, si bien la reforma de 2025 a la Ley General en Materia de Desapariciones establece que por cada desaparición debe abrirse una carpeta de investigación, las fiscalías “no lo hacen”.
Fundar ha advertido que esa obligatoriedad pasa por alto que el obstáculo para que esto se cumpla es “la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar”.
Ramírez detalla que, en su análisis del RNPDNO, “hay una fuerte tendencia al subregistro de casos, sobre todo de NNA”. Precisa: “Normalmente, son niñas y mujeres las que menos se registran”.
Explica que los gobiernos estatales recurren a prácticas diversas para disminuir los registros de NNA.
“En esencia, [en Jalisco] se trata de localizar a la persona que se reporta como desaparecida, sobre todo menores de edad, sin registrarla primero. Por eso, casi no se activa la Alerta Amber y, cuando lo hacen, es común que hayan transcurrido varios días desde el suceso. Las personas que se localizan de este modo no se suman a las cifras oficiales”.
El investigador expuso en X el caso de Alexis Geovanni Velázquez, de 16 años; tras su desaparición, el 27 de septiembre en Tlaquepaque, el Gobierno de Jalisco tardó tres días en activar la Alerta Amber, a pesar de ser un mecanismo “que funciona, sobre todo, en las primeras 72 horas”.
Durante 2026, indicó, se activó solo en 18 ocasiones, a pesar de las decenas de casos reportados; hasta el 30 de septiembre, 152 NNA de 10 a 19 años habían desaparecido, de los cuales 35 son niñas y mujeres adolescentes.
Ramírez considera que existe un “subregistro focalizado” relacionado con los casos de reclutamiento forzado de adolescentes.
Asegura que hay evidencia de que el Gobierno de Jalisco tampoco registra la totalidad de casos reportados de NNA.
Narra que, en agosto de 2026, “la madre de un adolescente desaparecido denunció que se le negó la emisión de la cédula de búsqueda argumentando la necesidad de esperar algunos días”.
En 2025, el comité universitario alertó que no todas las denuncias contaban con fichas de búsqueda por parte de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas y la CBPJ, lo que afectaba la localización.
Destacó en un boletín: “De las 122 personas de 15 a 19 años [25 mujeres y 97 hombres] reportadas como desaparecidas en lo que va del año y que no se han localizado, solo se emitieron alrededor de 61 cédulas”.
Ramírez ha advertido también sobre las cifras de menores de edad hallados sin vida en Jalisco: 31 en 2024, 15 en 2025, y 3 en 2026, hasta principios de octubre.
“Es razonable sospechar”, escribió, “que el CJNG comenzó a deshacerse de los cuerpos, la fiscalía a no reportarlos, o una mezcla de ambos”.
El registro y la localización de adolescentes se tornan más complejos cuando las familias no denuncian su desaparición, o se tardan semanas o meses en hacerlo.
González Romero detalla que “cuando son casos de rebeldía comunes en jóvenes no se reportan, entran a la cifra negra, y cuando son casos ligados al crimen organizado no se reportan por temor”.
Campañas focalizadas
La CBPJ difunde mensajes de prevención del reclutamiento forzado en sus redes sociales.
Un cartel publicado en X muestra dos imágenes contrastantes: un muchacho con las manos llenas de joyas y dinero —“Lo que te prometen”—, y otro con las muñecas encadenadas, porque, advierte el mensaje, “la realidad... no es lo que parece”. Hasta la fecha, solo ha sido compartido una vez.
Ramírez afirma que el reclutamiento forzado podría reducirse mediante campañas de disuasión focalizadas, que no se observan a nivel federal ni estatal.
Tampoco ha habido un posicionamiento oficial sobre este delito.
“En Jalisco, ningún Gobernador o autoridad creíble ha enviado ni siquiera un mensaje de rechazo y condena a los grupos criminales que reclutan y/o desaparecen NNA. Nada. Impera el silencio, la vacilación, la tibieza”.
Considera apremiante que los gobiernos estatales modifiquen su diagnóstico sobre los detonantes del reclutamiento forzado, pues han puesto su foco en la oferta, “indicando, sobre todo, que las personas que terminan en las filas del crimen organizado, incluidos NNA, lo hacen voluntariamente”.
“Visto así”, agrega, “la culpa es de los individuos que quieren ser parte del crimen organizado y de las madres, de las familias, de las comunidades, no del Estado, y la solución se vuelve un tema de concientización, formación de valores, reparación del tejido social roto”.
Para el investigador, el diagnóstico debe centrarse en la desarticulación de las organizaciones criminales que reclutan. Le parece que esa estrategia resulta clara para el Gobierno federal, pues el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la detención de José Gregorio “N”, el Lastra, en marzo de 2025, presunto responsable del Rancho Izaguirre.
No obstante, señala que no ha habido otras detenciones relevantes de líderes criminales relacionados con el reclutamiento forzado de adolescentes.
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Laura Castellanos
Reportea sobre temas insurreccionales, defensa del territorio, violencia organizada y derechos humanos. Es autora de seis libros, entre ellos México armado 1943-1981. (Foto: Luis Cortés)