El Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 208VG/2026, que exonera al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas, pero existen evidencias de que los militares monitorearon las actividades políticas de los estudiantes, manipularon las cámaras del C4 y fueron, como mínimo, testigos directos de los hechos de la noche de Iguala. Con autorización de la editorial Grijalbo, reproducimos en exclusiva este capítulo del libro “Cruzando la línea: Las Fuerzas Armadas en México”, en el que John Gibler desmonta la versión absolutoria de la CNDH y muestra que el Ejército sabía, y cómo, al mentir y negarse a entregar información, se convierte en partícipe del delito de desaparición forzada
Por John Gibler
Siempre fue imposible sostener que no supieran.
Los periodistas sabían. Los futbolistas sabían. Los taxistas sabían. El sindicato de maestros sabía. La noticia corrió desde los primeros disparos. Todo Iguala sabía.
Durante la interminable noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cientos de policías y sicarios persiguieron y atacaron a un grupo de casi 100 normalistas de Ayotzinapa por las calles de Iguala, Guerrero. Hirieron a más de 40 personas, asesinaron a seis y desaparecieron a 43 estudiantes.
La persecución y los distintos ataques ocurrieron entre las nueve de la noche del viernes 26 y las cuatro de la madrugada del sábado 27. Los estudiantes salían de la terminal de autobuses del centro de Iguala a bordo de cinco camiones, cuando policías municipales les empezaron a disparar. Los policías persiguieron a tres camiones por todo el centro, hasta rodearlos y asediarlos sobre la calle Juan N. Álvarez, a la altura del Periférico Norte. Hirieron gravemente a varios normalistas —uno de ellos, Aldo Gutiérrez Solano, recibió un disparo en la cabeza, estuvo desangrándose sobre el asfalto por casi una hora y hoy sigue en estado vegetativo— y desaparecieron a todos los estudiantes que iban en el último camión de la caravana de tres (salvo uno que recibió un disparo en el brazo y fue enviado al hospital, donde, horas más tarde, policías intentaron infructuosamente sacarlo de la sala de emergencias).
La policía atacó a los otros dos camiones sobre el Periférico, a la altura del Palacio de Justicia. Los jóvenes normalistas de uno de esos camiones lograron bajarse de la unidad y salir corriendo. Los elementos los persiguieron en diferentes momentos durante la madrugada, pero lograron esquivar las patrullas y las balas y refugiarse, algunos en una casa y otros en el monte. El cuerpo policial desapareció a todos los estudiantes del autobús detenido enfrente del Palacio de Justicia.
Otros policías también atacaron al autobús de Los Avispones, un equipo juvenil de fútbol que jugó esa noche, mientras salía de Iguala por la carretera, de regreso a Chilpancingo. Mataron al chofer, Víctor Manuel Lugo Ortiz; a un jugador de 15 años, David Josué García Evangelista, y a una maestra que en ese momento pasaba en un taxi, Blanca Montiel Sánchez; e hirieron gravemente a otras 16 personas entre jugadores, entrenadores, el director técnico y hasta el porrista.
Mientras tanto, hombres armados volvieron a la calle Juan N. Álvarez y dispararon contra una pequeña conferencia de prensa que daban los estudiantes. En ese ataque asesinaron a dos de ellos, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, e hirieron gravemente a varias personas. El estudiante Julio César Mondragón Fontes fue visto con vida por última vez corriendo para escapar de las balas de ese ataque. Al otro día, su cuerpo fue encontrado, torturado y desfigurado, al borde de un pequeño basurero a pocas cuadras de ahí.
Fue un operativo masivo. Fue una noche de terror. Se supo de los ataques en tiempo real. Los normalistas llamaban a sus compañeros, contactos en la prensa y en movimientos sociales. Durante la noche llegaron más normalistas de Ayotzinapa, llegaron reporteros, maestros solidarios y familiares de jóvenes futbolistas, todos de Chilpancingo. Cada sobreviviente y testigo sabía lo que había vivido, pero no tenía idea de los otros ataques. Las primeras noticias fueron confusas, y se enfocaron en solo dos escenarios de ataque: Juan N. Álvarez y Santa Teresa, este último donde emboscaron a Los Avispones. Pero aun así, algo estuvo muy claro desde siempre: fueron policías quienes persiguieron y atacaron a los normalistas. De hecho, los estudiantes sobrevivientes al inicio pensaron que sus compañeros habían sido detenidos —pues se los llevaron policías uniformados en sus patrullas oficiales—, no desaparecidos.
Desde las primeras horas de sobresalto, caos e información confusa, una pregunta surgió por encima de todas: ¿Y el Ejército? ¿Qué hizo el Ejército durante los ataques? En el 2014, Iguala contaba con dos batallones, el 27 y el 41. El Batallón 27 queda a menos de dos kilómetros de distancia de Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Se puede llegar caminando en menos de 10 minutos. Los ataques con armas de fuego duraron cuatro horas.
Cuando los periodistas llegaron de Chilpancingo, a eso de la una de la madrugada, soldados del Batallón 27 ya habían instalado un retén en la entrada de la ciudad y otros más posaban en las sombras sobre Juan N. Álvarez y Periférico Norte, donde los cuerpos de dos estudiantes asesinados seguían tirados sobre la calle. Llovía. No había ninguna autoridad civil presente. Todos los demás estudiantes habían corrido, buscando un refugio de las balas.
Muchos de esos estudiantes se resguardaron previamente en una clínica privada sobre Juan N. Álvarez. Llevaron a un estudiante gravemente herido con un balazo en la boca. Las enfermeras no le dieron atención médica: llamaron al director, quien se contactó con la policía para denunciar a los estudiantes, y luego se fueron. Poco tiempo después, llegó una camioneta del Batallón 27. Los soldados entraron a la clínica cortando cartucho, apuntando a los estudiantes y gritando: “¡Levanta las manos!”. Obligaron a todos a entregar sus pertenencias y a dar sus nombres. El capitán Juan Crespo les dijo: “Se creían hombrecitos. Ahora aguántense, ustedes se lo buscaron”. Luego les dijo que vendría la policía por ellos. Cuando los estudiantes le explicaron que la policía llevaba horas atacándolos, que los iban a matar, el capitán pidió un momento y salió. Luego regresó y los regañó. Les dijo que lo que hacían estaba mal y que deberían enseñarles a sus papás que son estudiantes sacando buenas calificaciones. Entonces llegó el director de la clínica: tampoco le dio atención médica al estudiante que se desangraba. Echaron a todos los estudiantes de la clínica, quienes volvieron a correr y buscar refugio. Un maestro y otro estudiante se quedaron con el herido. Lograron convencer a un taxista de que habían peleado en un bar para que los llevara al hospital: los taxistas dijeron que tenían órdenes de no dar servicio a estudiantes de Ayotzinapa. Édgar Andrés Vargas, con un balazo en el rostro, llegó al hospital y cayó inconsciente. Despertó a los cuatro días. Los estudiantes que se encontraban en la clínica, así como el maestro que se quedó con ellos, contaron de la visita de los soldados.
Siempre fue imposible sostener que no supieran. Pero eso dijeron. Primero que no sabían. Luego que los soldados no estaban en el batallón. Luego que no tenían equipo ni personal suficiente para atender la situación. Y finalmente, en palabras del entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos: “De haber salido, hubiéramos creado un problema mayor”, es decir: hubieran matado y desaparecido a un mayor número de estudiantes.
Siempre fue imposible sostener que no supieran, que no salieran, que no actuaran. Y ahora, mientras escribo estas palabras casi 10 años después, sabemos que es así. Una serie de documentos militares, el análisis de la comunicación telefónica que mantuvieron los soldados en Iguala durante esa noche, los registros del sistema de vigilancia federal C4 y mensajes interceptados en Chicago por el gobierno de los Estados Unidos, además de los testimonios de numerosos testigos, es decir, toda la evidencia del caso confirma lo que siempre intuimos: sí sabían, sí salieron, sí actuaron. Desde antes, desde siempre: estuvieron en todo.
Esa noche, el Ejército tenía agentes infiltrados entre los estudiantes, tenía agentes de inteligencia presentes en los diferentes lugares de ataque, controlaba las cámaras de seguridad del C4, monitoreaba las llamadas de emergencia, tenía intervenidos los celulares de varios miembros del crimen organizado. Los soldados del Batallón 27 salieron en varios patrullajes a los escenarios principales de ataque y desaparición. Estuvieron ahí. Supieron todo. Vieron todo.
El GIEI y la negación de lo evidente
La documentación oficial que se ha hecho pública en los últimos años es un resultado de la resistencia de las madres y los padres de los normalistas desaparecidos, quienes se negaron a conformarse con mentiras y pagos a cambio de sus hijos. También es un resultado del apoyo jurídico y social que han recibido. Esa resistencia presionó al gobierno de Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014 a firmar un acuerdo con las familias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permitió la llegada de un grupo de expertos internacionales al país para dar una “asistencia técnica” a la investigación.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se formó a finales del 2014 con cinco integrantes, bajo la medida cautelar 409/2014 de la CIDH. En un inicio, el grupo estuvo integrado por Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox. Procedentes de Colombia, España, Guatemala y Chile, los miembros reunían una amplísima experiencia jurídica, investigativa y psicosocial en casos de violaciones graves de los derechos humanos. Llegaron a México en marzo del 2015 con el aval de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, sus representantes legales y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La llegada del GIEI fue a la vez una muestra de la debilidad del gobierno ante las protestas y la indignación masiva por la desaparición de los 43 estudiantes y una estrategia arriesgada de los abogados de las familias. El GIEI —un grupo de cinco expertos de otros países trabajando como coadyuvantes de las víctimas— tendría, por primera vez en la historia de México, acceso total a una investigación en curso de lo que, desde el inicio, parecía un crimen de Estado. Para que el GIEI tuviera ese acceso, las familias y los estudiantes de la normal de Ayotzinapa —que en ese momento se mantenía en huelga, dedicada completamente a las actividades de protesta y búsqueda— tendrían que mantener sus movilizaciones y presión política, pero sin escalar la protesta al grado de romper relaciones con el gobierno. La apuesta fue que, con el acceso del GIEI, se podría desmontar cualquier intento oficial de encubrir a los responsables, y llegar a la verdad de los hechos y al paradero de los estudiantes desaparecidos.
Desde el inicio de su mandato, el GIEI pidió entrevistar a los soldados que estuvieron en Iguala la noche de los ataques y poder revisar toda la documentación militar respecto a los hechos. El gobierno de Peña Nieto les negó las dos solicitudes.
El grupo presentó su primer informe en septiembre del 2015, en vísperas del primer aniversario de los ataques. El informe descalificó, con base en pruebas y análisis científico, la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que, basada en declaraciones rendidas bajo tortura, concluyó que los 43 estudiantes habían sido incinerados durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula por miembros de Guerreros Unidos. El informe documenta la presencia de soldados en distintos escenarios de ataque durante la noche. También postula como hipótesis la posibilidad de que los estudiantes hubieran tomado un autobús cargado de heroína. Menciona una investigación en Estados Unidos sobre el trasiego de heroína de Guerrero a Chicago en autobuses y llama al gobierno mexicano a solicitar la información pertinente al país vecino.
Después de la presentación, el gobierno mexicano empezó a cerrar las puertas y obstaculizar el trabajo del GIEI mientras se realizaba una campaña mediática en contra del grupo y sus integrantes. El GIEI volvió a insistir en la importancia de entrevistar a los soldados y acceder a los documentos militares. El general Cienfuegos se indignó: “Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo, “no puedo permitir que interroguen a mis soldados, que no cometieron hasta ahorita ningún delito”.
Bajo esas condiciones adversas, los expertos presentaron un segundo informe seis meses después; este profundizó en la documentación de la participación de diversas fuerzas de seguridad del Estado en los ataques y la desaparición de los jóvenes, y reveló nueva evidencia sobre la tortura y las irregularidades, falsificaciones y mentiras respecto a las supuestas diligencias de la PGR y la Secretaría de Marina (Semar) en el basurero de Cocula y el río San Juan, donde decían haber encontrado una bolsa con restos humanos. En este segundo informe, el GIEI demuestra que el Ejército tenía control de las cámaras del C4 durante la noche de los ataques y documenta la presencia de agentes de inteligencia militar, así como elementos del Batallón 27 en los diferentes lugares de desaparición.
Después de la presentación de sus hallazgos —con el grito de “¡No se vayan!” de las familias de los estudiantes desaparecidos—, el GIEI tuvo que abandonar el país. La CIDH instaló un mecanismo de seguimiento en Washington, pero el trabajo del grupo se frenó. El gobierno de Peña Nieto nunca se retractó de la investigación torcida y completamente desacreditada que llevó a cabo.
En septiembre de 2018, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar los hechos, encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables. El 4 de diciembre, en su primer acto como mandatario, creó por decreto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ). El 26 de junio de 2019, mediante un segundo decreto, creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a Omar Gómez Trejo como titular de la unidad. Gómez Trejo tenía experiencia en derechos humanos y había trabajado con el GIEI en México en 2015 y 2016, y luego con el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Washington.
Una de las peticiones de las familias de los estudiantes desaparecidos fue el regreso del GIEI. El gobierno de López Obrador le abrió las puertas, volvió a firmar un acuerdo con la CIDH y el GIEI inició —ya con cuatro integrantes, Alejandro Valencia no volvió— el trabajo de su segundo periodo en marzo de 2020.
Primeros avances, la intromisión en el caso y la división del grupo
El GIEI regresó a México justo al inicio de la pandemia. Tanto la UEILCA como el grupo de expertos trabajaron durante ese periodo. López Obrador dio la orden a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Semar, y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen) de dar al GIEI acceso ilimitado a sus archivos. El grupo, sin embargo, se topó con evasiones y negativas de esas instituciones y reclamó ante el presidente la falta de colaboración. En reuniones con los secretarios de Sedena y Semar, López Obrador volvía a insistir en que se les brindara acceso. Durante el 2021 se dio una apertura parcial de muchos archivos militares, y el GIEI y la CoVAJ dedicaron horas, días y semanas a la revisión de documentos.
En febrero de 2022, el GIEI presentó al presidente, la UEILCA, la CoVAJ y otras instituciones su tercer informe. No se hizo público sino hasta marzo, cuando el GIEI presentó una versión resumida de 40 páginas).
La versión completa del tercer informe incluye información de los documentos militares que demostraba, por primera vez con fuentes oficiales, que: 1) los militares sabían, oficialmente, del trasiego de drogas en autobuses de Guerrero a Chicago; 2) los militares monitoreaban las actividades políticas de los normalistas, incluso realizaron un monitoreo especial durante la fecha de los hechos que “cesa en las horas críticas” del 26-27 de septiembre de 2014; 3) la Sedena tenía celulares interceptados “que tendrían que ver con personas sospechosas de pertenecer a la delincuencia organizada”, los documentos no mencionan sus identidades ni las autorizaciones judiciales de dichas intercepciones; 4) los militares recibieron denuncias anónimas que nunca compartieron; 5) los documentos militares encontrados por el GIEI mencionan una averiguación previa realizada sobre los hechos en el fuero militar que nunca ha sido compartida; 6) los militares operaron las cámaras del C4 en Iguala durante los hechos del 26-27 de septiembre, las cuales voltearon antes de captar a las patrullas de la policía en las que se transportaba a los estudiantes; asimismo, los agentes en el C4 informaron sobre todo lo ocurrido a sus superiores y mintieron sobre este hecho durante los largos años de investigación y búsqueda, y 7) una patrulla militar estuvo presente en el Palacio de Justicia de Iguala mientras los estudiantes a bordo del camión Estrella de Oro #1531 estaban siendo atacados, agredidos y finalmente desaparecidos por los policías, y todos los soldados mintieron al respecto en sus declaraciones durante seis años.
En los documentos de la Semar, el GIEI encontró videos de un dron de la dependencia que voló sobre el basurero de Cocula por más de dos horas durante la mañana del 27 de octubre de 2014. En el video se observa a elementos de la Marina bajando bultos al basurero, esparciendo cosas, prendiendo fuego. Llegaron a supervisar los actos el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam (actualmente detenido), y Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (prófugo en Israel). Todo esto ocurrió antes del hallazgo oficial del basurero como una escena del crimen.
Los miembros del GIEI y el exfiscal Gómez Trejo cuentan que después de la presentación del tercer informe, y después de que la UEILCA solicitara una orden de aprehensión contra un oficial del Cisen acusado de tortura y trajera a México como prueba certificada las transcripciones de mensajes interceptados por el gobierno de los Estados Unidos entre miembros del crimen organizado en Iguala y Chicago, se generó una cerrazón de la Sedena y la Semar respecto a los archivos y los documentos sobre el caso. El exfiscal Gómez Trejo me dijo esto sobre las pruebas de Estados Unidos que logró incorporar al expediente: “Es una prueba muy contundente del involucramiento que tenía el Ejército con el crimen organizado. En las evidencias de Chicago se logra ver que [los militares] venden armas, que capacitan [a miembros de Guerreros Unidos], que reciben dinero”.
Unos meses después, el 18 de agosto de 2022, la CoVAJ presentó un informe con capturas de pantalla de WhatsApp en las que supuestamente se daba a conocer el destino de los desaparecidos, pero que luego fueron descalificadas y descartadas. En esos mismos días se detuvo a Murillo Karam y la propia Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que había solicitado la UEILCA, 16 de ellas contra militares de los batallones 27 y 41 en Iguala, todos involucrados en la desaparición de los estudiantes, el ocultamiento de información, o con vínculos con el crimen organizado. La FGR también ordenó una auditoría de la UEILCA y mandó a los policías de investigación de la unidad a un retiro en Querétaro, frenando la posibilidad de realizar nuevas diligencias.
Esta intromisión en el caso llevó al fiscal titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, a renunciar y, poco tiempo después, a salir del país. El 29 de septiembre de 2022, el GIEI presentó un cuarto informe con un peritaje que descalificó las capturas de pantalla del informe de la CoVAJ y denunció la intromisión en la UEILCA. Dos miembros del GIEI, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, renunciaron por la pérdida de confianza hacia las autoridades mexicanas y el acoso a la UEILCA.
El cierre del acceso a los documentos
Ángela Buitrago y Carlos Beristain —los últimos dos integrantes del GIEI— aceptaron quedarse con una serie de condiciones: que no habría represalias contra Gómez Trejo y su equipo, que se restablecerían las 21 órdenes de aprehensión canceladas, se daría el acceso a la información completa de los archivos de Sedena y Semar, y que la CoVAJ, la UEILCA y el GIEI se compartirían toda la información que obtuvieran.
Al inicio se cumplió solo con la primera condición. Luego, en junio de 2023 se reactivaron 17 de las 21 órdenes de aprehensión anteriormente canceladas. A finales de junio, la FGR detuvo a Gualberto Ramírez, acusado de tortura. Ramírez es el extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y participó en las diligencias tan cuestionadas en el basurero de Cocula y el río San Juan en octubre de 2014. En los primeros días de julio, se detuvo al coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del Batallón 41 en Iguala.
La Sedena y la Semar mantuvieron su negativa acerca de la existencia de la información solicitada por los expertos, especialmente la relativa a la documentación del monitoreo y reportes de lo ocurrido en Iguala durante la noche del ataque y los días posteriores, que el grupo logró constatar en los propios archivos militares.
El 31 de marzo de 2023, el GIEI publicó su quinto informe, un documento breve, de apenas 20 páginas, que da “una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa a ocho años y medio”, y vuelve a remarcar los daños al caso provocados por la intromisión de Asuntos Internos de la FGR en la UEILCA y la publicación del informe de la CoVAJ basado en datos que “no pueden considerarse como una prueba digital”.
La salida del GIEI y el sexto informe
El martes 25 de julio de 2023, el GIEI presentó su sexto informe. En su mensaje final, los dos expertos hablaron directamente sobre la negación institucional de la información de los archivos militares solicitada.
“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad”, dijo Carlos Beristain. “El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de donde se ha podido investigar como asistencia técnica. El GIEI ve imposible continuar con su trabajo. [...] Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes. [...] El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”.
Ángela Buitrago siguió: “Si bien es cierto que se generaron en este tiempo espacios de interlocución de diversas personas, esto no es ni ha sido suficiente para alcanzar el total de la información. Para las familias, esas negaciones son un nuevo impacto psicológico y colectivo. La credibilidad de las instituciones que niegan la verdad afecta la de la voluntad expresada por el propio Estado, la presidencia, y acaba con la legitimidad de las instituciones. El presidente recibió al GIEI en numerosas ocasiones. Le pusimos al tanto de los avances y obstáculos. Gracias a sus gestiones, se abrieron parcialmente los archivos, lo cual ha sido clave para avanzar hasta aquí. [...] La negativa de proporcionar la información y la contumacia de las respuestas negativas, incluso en declaraciones ante la fiscalía, de mandos de Sedena y de Semar como testigos, negando que se disponga de ella o se conozcan incluso documentos en investigaciones que realizaron, de las que hemos tenido documentos relevantes, no hace más que negar lo evidente”.
Ese día anunciaron que, al acabar su último contrato de tres meses, no lo renovarían, se irían de México el día 31 de julio, todo a causa de la imposibilidad de seguir trabajando frente a la mentira institucionalizada, la negación de lo evidente. Remarcaron varios ejemplos concretos de la información negada:
1) Sedena oculta las intervenciones telefónicas sin orden judicial de miembros de Guerreros Unidos que tenían activas antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes, aunque el GIEI encontró referencias y extractos de texto de esas intervenciones telefónicas dentro de los archivos de la Sedena. De hecho, la misma CoVAJ —organismo gubernamental que forma parte de la Secretaría de Gobernación— publicó dos hojas de un documento militar con parte de esas transcripciones en octubre de 2021.
2) Sedena insiste en que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) en Iguala no existía en 2014, aunque el GIEI descubrió numerosos documentos del mismo CRFI en Iguala sobre el caso, elaborados, firmados, sellados y fechados en 2014.
3) Sedena niega que elementos del 27 Batallón de Infantería supieran de los ataques y que salieran del batallón durante las horas críticas en que ocurrieron, aunque el GIEI encontró varios testimonios sobre su presencia y en su último informe publicó un análisis de la telefonía de varios soldados y oficiales del Batallón 27 que muestra ya con prueba técnica no solamente que sí salieron constantemente esa noche, sino que también estuvieron presentes en los lugares de ataque y desaparición forzada durante los hechos.
4) Sedena insistió en que su participación en el C4 en Iguala esa noche fue solo de observación, aunque el GIEI encontró los documentos que demuestran que elementos de Sedena fueron quienes operaban las cámaras y los teléfonos del C4 antes, durante y después de los ataques. De hecho, el soldado que operaba las cámaras las volteaba justo cuando pasaban las patrullas de la policía con los estudiantes sometidos en la parte descubierta de las camionetas.
5) El GIEI también halló nueva documentación de la Marina que señala su participación en diligencias y detenciones ilegales, torturas y posibles asesinatos de detenidos en 2014 y 2015, así como evidencias de la participación de agentes del Cisen en las torturas sistemáticas de los detenidos durante esos años.
Las respuestas del gobierno
El 26 de julio, el día siguiente de la presentación del último informe del GIEI, López Obrador apareció en su conferencia de prensa matutina acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, los dos uniformados. El presidente no habló del informe del GIEI ni de Ayotzinapa. No tomó preguntas al respecto. Los militares no hablaron en toda la conferencia.
El 27 de julio, López Obrador tomó una pregunta sobre el caso y respondió así: “Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, 115 detenidos. Y no solo funcionarios menores o personas [con] pocas influencias. No. Está detenido el anterior procurador de justicia. Están detenidos dos generales. Eso debe saberse. Porque no se informa. Y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad. Y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando”.
Un reportero le preguntó sobre la información que el GIEI aseguraba que la Sedena y la Semar no habían entregado. López Obrador continuó: “Sí. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución”.
El viernes 28 de julio, López Obrador dio una conferencia de prensa en Nayarit. Nuevamente, los dos secretarios uniformados lo acompañaron en el templete. Un reportero preguntó a los titulares de Defensa Nacional y de Marina su respuesta ante el informe del GIEI, pero López Obrador no les dejó responder. “No”, le dijo al reportero, “soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas además del presidente de México. Por eso quiero contestar yo. Porque no es cierto. Es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento. En general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”.
Al día siguiente, la cuenta de X del Gobierno de México publicó un cuadro con este texto: “No hay un gobierno en el mundo que haya actuado como el de México en casos como el de Ayotzinapa”, y “Los conservadores pretenden manchar al Ejército con este caso para propiciar que organizaciones como la DEA intervengan y manden en el país, como en el pasado. El fondo de lo de Ayotzinapa es político-ideológico”.
Llama la atención que, en todas esas respuestas, publicaciones y proclamaciones oficiales, ni López Obrador ni los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina hablen directa y concretamente sobre los documentos que tanto han exigido el GIEI y las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
La respuesta de las madres y los padres y sus representantes
Un día después de la presentación del sexto informe del GIEI, las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos realizaron una conferencia de prensa en el Centro Prodh. Ellos sí hablaron directamente de la documentación negada por el gobierno. Y, como siempre, lo hicieron desde la brutal realidad de ocho años y nueve meses de dolor por no encontrar a sus hijos.
Mario González, padre de César Manuel, dijo: “Ya basta. Ya basta de tanta cerrazón. Yo quisiera preguntar: si está la información, ¿por qué no entregarla? ¿Qué esconden? ¿Cuál es el problema de no entregarla? Si no hay nada, pues ahí se va a ver. Pero sí tendrían que entregarla. Entonces, creo que la Sedena [...], creo que esa institución le debe a los padres la verdad. Y si tiene un poco de vergüenza tendría que haber entregado ya esa información al GIEI. Creo que no se vale jugar con los expertos tan profesionales en ese tema. Es duro, es duro pensar que las instituciones que están obligadas a cuidarnos, a proteger a los ciudadanos, son las primeras instituciones que van a desaparecer a las personas. ¿En qué mundo estamos viviendo? Y si el presidente no nos da la apertura para que los de Sedena y Marina nos entreguen eso, entonces, ¿quién más podría entregarnos, si la máxima autoridad y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente? [...] Nos urge una reunión con él. Nos urge decirle que no se vale jugar con 43 padres, jugar con los compañeros que nos apoyan, que México entero tiene el derecho de saber qué pasó con esos 43 normalistas. Y decirle al presidente que no venimos de parte de nadie. Venimos de parte del dolor. Venimos de parte de que no encontramos a nuestros hijos”.
Entre las diferentes participaciones de las organizaciones de derechos humanos, destacó la de Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, al tocar el tema de la militarización durante el gobierno de López Obrador. Explicó que todo el conjunto de evidencias recabadas por el GIEI, la CoVAJ y la UEILCA, incluidas las intervenciones telefónicas realizadas por el gobierno de los Estados Unidos a miembros de Guerreros Unidos en Chicago, “muestra cómo el grupo criminal que operaba en la zona tenía un trato fluido y constante con los militares del Batallón 41 y el Batallón 27. Eso nos habla, no de una realidad de Iguala de 2014, sino que es una advertencia sobre los riesgos de la militarización. Esto nos lleva al segundo nivel de explicaciones del porqué vemos que no hemos logrado en cinco años acceder a eso, que es una perspectiva más de las organizaciones que de los papás y las mamás, lo aclaro, que tiene que ver con cómo se ha empoderado el Ejército en este sexenio, como nunca antes se había visto. Y cómo el Ejército es una institución que tiene más facultades que antes, más presupuesto que antes y que rinde menos cuentas que antes, y que está saboteando activamente dos de las apuestas principales de este gobierno en derechos humanos: el caso Ayotzinapa y traer verdad sobre la ‘guerra sucia’”.
Ya casi al cerrar la conferencia, Miguel Álvarez Gándara tocó otro tema, retomado de manera explícita en el sexto informe del GIEI (2023, pp. 114-116): la mirada contrainsurgente del Estado. “Hay otra clave”, dijo el expresidente y cofundador de Servicios y Asesoría para la Paz, “que es la de la contrainsurgencia. Porque los 43 eran estudiantes de Ayotzinapa. No es cualquier tema del porqué a ellos. Y ahí está la clave de la contrainsurgencia. Tiene muchas preguntas que el GIEI deja abiertas. [...] Por ejemplo: ¿Quién usó a quién? ¿El crimen organizado a agentes del Ejército por la corrupción? ¿O el Ejército al crimen organizado por las órdenes de la contrainsurgencia?” .
En los meses posteriores a la salida del GIEI, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos insistían en que López Obrador y la Sedena entregaran los 835 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala, fechados entre el 30 de abril de 2014 y el 22 de octubre de 2014 que faltan del archivo. Mientras tanto, el presidente aumentaba sus ataques discursivos en contra de los abogados de las familias, el exfiscal de la UEILCA, el GIEI y la CIDH. Tanto la UEILCA —después de las renuncias de Gómez Trejo y su equipo— como la CoVAJ quedaron descabezadas y desacreditadas. Para el noveno aniversario, las familias instalaron un plantón enfrente del Campo Militar Número 1, pero luego lo levantaron.
El arte de la mentira política
Estuvieron en todo. Supieron todo. Y mintieron. Todos mintieron: los soldados, los oficiales, los generales, y el secretario de la Defensa Nacional. Mintieron aquellos del gobierno de Peña Nieto. Y mienten ahora los del gobierno de López Obrador. Mintieron sobre qué hicieron y qué no hicieron. Mintieron sobre quiénes estuvieron, dónde y a qué hora. Mintieron sobre los hechos, sobre su conocimiento de los hechos y sobre la documentación que realizaron de los hechos. Mintieron desde el inicio; mienten ahora. Y dos administraciones civiles los respaldaron en sus mentiras. La segunda y actual, encabezada por el presidente López Obrador, les dio más poder, más facultades, y el mayor presupuesto que habían tenido jamás, mientras respaldaba sus mentiras y atacaba a quienes señalaron y documentaron esas mentiras.
Mentir desde el Estado, en este caso desde la institución del Ejército, en un caso de desaparición forzada, según el capítulo tercero, artículos 27, 28 y 29 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, constituye participar en la desaparición forzada. Cuando soldados, oficiales y generales mienten sobre la desaparición, siguen desapareciendo. Cuando un presidente —comandante supremo de las Fuerzas Armadas— miente y encubre a quienes desaparecen, participa en la desaparición. Las familias de los 43 estudiantes llevan ya casi 10 años buscando a sus hijos. Durante todo este tiempo el Ejército sabía y hasta tenía documentada una buena parte de los hechos. Nunca compartió esa información. Mintió y sigue mintiendo. Desapareció y sigue desapareciendo.
De toda la documentación contenida en los seis informes del GIEI, además de la investigación dinamitada de la UEILCA, que incluía los mensajes interceptados entre miembros de Guerreros Unidos, sabemos mucho, aunque todavía no todo, sobre qué hizo el Ejército antes, durante y después de los ataques contra los estudiantes. Sabemos que el Batallón 27 ya había documentado casos de trasiego de heroína desde Iguala hacia Estados Unidos en autobuses de pasajeros. Sabemos que Guerreros Unidos pagaba a oficiales de los dos batallones para dejar pasar sus cargamentos y perseguir a sus adversarios. Sabemos que los soldados les vendían armas y entrenaban a miembros de Guerreros Unidos. Sabemos que el Ejército tenía agentes encubiertos infiltrados en la normal de Ayotzinapa, que dos de ellos estuvieron en Iguala esa noche y que uno está desaparecido. Sabemos que el Ejército monitoreaba las actividades políticas de los normalistas; jamás los investigaba por narcotráfico ni crimen organizado. Sabemos que el Ejército tenía varios agentes de inteligencia encubiertos en Iguala. Sabemos que todos esos agentes pasaban información sobre las actividades de los estudiantes desde antes del 26 de septiembre, y durante ese mismo día en las horas previas al ataque. Sabemos que los agentes de inteligencia locales estuvieron presentes, documentando e informando sobre los ataques contra los estudiantes en tiempo real. Sabemos que un soldado del Batallón 27 operó las cámaras y los teléfonos del C4 la noche de los ataques. Sabemos que ese soldado volteaba las cámaras cuando pasaban las patrullas con los estudiantes durante los primeros instantes de su desaparición. Sabemos que los agentes encubiertos regresaban y volvían a salir del Batallón 27 para dirigirse a los lugares de ataque durante las horas críticas. Sabemos que las patrullas militares bajo el mando del capitán Crespo salieron a las calles durante los ataques. Sabemos que estuvieron en el Palacio de Justicia cuando un autobús entero de estudiantes estaba siendo atacado: todos los normalistas a bordo de ese camión están hoy desaparecidos. Sabemos que esas patrullas se fueron a los separos de barandillas, la cárcel de la policía municipal en donde un grupo de estudiantes detenidos sobre Juan N. Álvarez fue llevado. Sabemos que el capitán Crespo entró y salió de barandillas y que todos los alumnos presentes están desaparecidos. Sabemos que soldados del Batallón 27 habían instalado retenes en las entradas y salidas de la ciudad antes de la una de la madrugada, cuando llegaron en caravana desde Chilpancingo los reporteros y maestros solidarios. Sabemos que el capitán Crespo llevó sus patrullas al Hospital Cristina, donde regañó y sacó a los estudiantes refugiados ahí. Sabemos que los militares mintieron sobre todo esto. Sabemos que nunca entregaron la documentación que tenían y que cuando el GIEI logró encontrar una parte, Sedena siguió negando su existencia. Sabemos que el fiscal especial que trajo las pruebas de Chicago renunció y el GIEI se fue del país. Sabemos que Sedena, la Marina y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas siguen negando la existencia de los 835 documentos del 2014 del CRFI en Iguala que piden las familias, que siguen mintiendo, y por ende, según la ley mexicana, siguen desapareciendo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.