Ataques de EU contra narcolanchas no reducen flujo de cocaína: DEA
La adaptación de las rutas hacia aeronaves y costas nacionales complica el sustento legal y operativo de la ofensiva estadounidense, indicó la DEA
La Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Defensa de Estados Unidos concluyeron que la campaña de bombardeos contra presuntas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental no logró reducir la cantidad, la pureza ni el precio de la cocaína que llega a territorio estadounidense, según reportes oficiales divulgados el 27 de julio de 2026 por el diario The Washington Post.
La operación, denominada “Lanza del Sur”, acumula 67 ataques contra embarcaciones y 221 personas muertas, entre ellas 13 de nacionalidad mexicana. Pese a la magnitud de la ofensiva, una evaluación de la DEA aún no publicada determinó que los bombardeos no afectaron el suministro ni el costo del estupefaciente en el mercado estadounidense.
Según el reporte, los operadores del narcotráfico modificaron sus métodos de transporte tras el inicio de la campaña. Dejaron de emplear lanchas rápidas y comenzaron a utilizar embarcaciones de mayor tamaño con rutas cercanas a las costas, donde la probabilidad de ser atacados por fuerzas de EU resulta menor, además de evitar las aguas internacionales.
Los grupos criminales también incrementaron el uso de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela, con trayectorias hacia el este que atraviesan Guyana y Surinam para eludir el despliegue militar estadounidense.
“Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro. Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”, declaró al rotativo un funcionario de la DEA que pidió el anonimato.
En una reunión a puerta cerrada celebrada durante junio de 2026, funcionarios del Departamento de Defensa informaron a legisladores estadounidenses que los ataques en aguas internacionales frente a las costas de América del Sur y Central tampoco redujeron la pureza de la droga.
Sean Parnell, vocero del Departamento de Defensa de EU, rechazó las conclusiones y sostuvo que la operación cumple su propósito. “Eso no indica que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos imponiendo fricción sistémica a sus operaciones”, afirmó, tras señalar que las organizaciones criminales transnacionales han adaptado sus tácticas durante décadas.
La campaña inició en septiembre de 2025 bajo la Administración del Presidente Donald Trump, primero en aguas del Caribe y posteriormente en el Pacífico oriental. El operativo tuvo además el objetivo de incrementar la presión respecto al depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros, detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a un centro de detención en Nueva York a principios de enero de 2026.
Los analistas de la DEA habían identificado inicialmente un encarecimiento de la cocaína y un aumento de la violencia asociada al narcotráfico, resultados que se revirtieron conforme los cárteles ajustaron sus operaciones a las maniobras militares.
Trump aseguró desde el inicio de la ofensiva que los ataques alcanzaban embarcaciones cargadas con cocaína y fentanilo, sin presentar pruebas y pese a que no existen reportes públicos que documenten el tráfico de esa última sustancia desde Sudamérica.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales y denunciaron que entre las víctimas figuran pescadores y contrabandistas de combustible. Human Rights Watch (HRW) advirtió a los países latinoamericanos respecto a las graves consecuencias de colaborar en estas acciones y reiteró que eliminar garantías no constituye una estrategia eficaz contra el crimen organizado.