CIDH urge a países de América Latina adaptar las estrategias contra el crimen organizado con enfoque en derechos humanos
El informe nació luego de que los Estados Miembros de la OEA le reclamaron a la CIDH emitir resoluciones en contra de ellos en materia de crimen organizado sin proponerles salidas alternas para el combate integral de este fenómeno
Frente al avance del crimen organizado en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente a los países de la región para cambiar la forma en que combaten al crimen organizado, adoptando estrategias estatales que integren un enfoque de derechos humanos como pilar fundamental.
Así lo hizo a través de su Resolución Número 1/26, titulada Crimen organizado y derechos humanos en las Américas, considerada como una resolución histórica pues es la primera vez desde su conformación que la CIDH aborda la crisis de la delincuencia en la región y su severo impacto en la población.
Por el contrario, el documento insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a abandonar sus estrategias exclusivamente represivas para adoptar políticas públicas integrales que prioricen la prevención social, la protección a grupos vulnerables y el fortalecimiento de la justicia, a través de 50 recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros.
El agotamiento de las estrategias represivas
El informe nació luego de que los Estados Miembros de la OEA le reclamaron a la CIDH emitir resoluciones en contra de ellos en materia de crimen organizado sin proponerles salidas alternas para el combate integral de este fenómeno.
Al responder los cuestionamientos a través de esta recomendación, la CIDH realiza un diagnóstico de las tácticas empleadas actualmente por diversos Estados de la región, advirtiendo que muchas de las respuestas frente al crimen y la violencia “se han sustentado principalmente en estrategias basadas en el control coercitivo, el fortalecimiento del sistema penal punitivo, y la recurrencia a estados de excepción”.
Sin mencionar directamente a ningún país, el documento señala que este enfoque, centrado en endurecer las penas y aumentar las detenciones, ha provocado un crecimiento desproporcionado de la población en las cárceles, “sin lograr una reducción efectiva de los índices delictivos, ni abordar las causas estructurales de la criminalidad”.
Además, la Comisión expresa preocupación por el uso de operativos policiales a gran escala con alta letalidad. Según su análisis, estas acciones “no constituyen una respuesta eficaz ni sostenible”, ya que no aseguran el control del territorio y “tampoco logran desarticular las estructuras económicas, financieras y de corrupción política que sostienen a las organizaciones criminales”.
Por el contrario, el texto advierte que este tipo de medidas terminan por normalizar la muerte como un indicador de que las autoridades están trabajando, mientras profundizan la criminalización de las personas en situación de pobreza.
Sobre el uso de los estados de excepción o emergencia —como el llevado a cabo en El Salvador en el que se acusa la existencia de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad— la resolución aclara que su declaración “no puede realizarse generalizada y permanente, ni emplearse como respuesta ordinaria frente a problemas estructurales de seguridad o criminalidad”.
En su informe, la CIDH también desmitifica la idea de que garantizar los derechos fundamentales es un obstáculo para mantener el orden, enfatizando textualmente que “no existe incompatibilidad entre el respeto y la garantía de los derechos humanos y la efectividad de las acciones de seguridad”.
Según la Comisión, aplicar esta perspectiva “fortalece la confianza pública, previene abusos de poder, refuerza la legitimidad democrática, garantiza su eficacia operativa y consolida el Estado de Derecho”. Es decir, el respeto a los derechos humanos se considera una condición indispensable para que las políticas públicas sean legítimas y sostenibles a largo plazo.
Las recomendaciones: prevención, políticas integrales y no militarización
Para hacer frente a esta crisis, la CIDH pide a los gobiernos abandonar las medidas coyunturales y fragmentadas. En la parte resolutiva del documento, se recomienda a los Estados “adoptar políticas públicas de seguridad ciudadana integrales, estructurales, preventivas y con enfoque de derechos humanos”.
El abordaje integral que propone la Comisión requiere que los Estados recuperen los territorios mediante su presencia institucional, garantizando servicios públicos y el acceso a derechos básicos como la educación, la salud y el empleo, atacando así el problema desde su raíz.
Finalmente, la CIDH recuerda que la seguridad ciudadana debe estar a cargo exclusivamente de los cuerpos policiales civiles y no de las fuerzas militares.
Por ello, insta a los gobiernos a realizar una “separación progresiva de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública”, enfocando sus recursos en la modernización, profesionalización y fortalecimiento de las capacidades de investigación de las policías civiles.
Las recomendaciones contrastan con el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump de la creación de una alianza de 17 países americanos para “destruir” a los cárteles de narcotraficantes del continente, garantizando que “el compromiso es utilizar la fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas”.
Al anunciar la creación de esta alianza, Trump dijo que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México”, asegurando que estos se encuentran “muy cerca” de los Estados Unidos y gobiernos de Latinoamérica.
La mención a México en el informe
En el marco de la elaboración de esta resolución, la CIDH llevó a cabo diálogos y consultas con diversos Estados del continente. Al documentar las leyes y políticas que los países compartieron sobre su abordaje del crimen organizado, el informe hace una breve mención al caso mexicano.
El documento señala textualmente que México destacó su “estrategia nacional hacia causas estructurales de la violencia” como parte de las acciones adoptadas en el país frente a este fenómeno.
Asimismo, la resolución precisa que representantes del Estado mexicano fueron parte de los 20 países que participaron en la consulta virtual celebrada el 16 de mayo de 2025 para la creación de estas recomendaciones.
En el documento sobre crimen organizado y derechos humanos en las Américas también se menciona la participación de otros países como Bolivia, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago, entre otros.