Condenan a hermanos en EU ligados al Cártel de Sinaloa por red de fentanilo y metanfetamina
La organización de tráfico de drogas Mendoza operaba en California, Nevada, Oregon y Nueva York
Un tribunal federal en San Diego, California, sentenció a Eduardo Mendoza, “Casper”, a 15 años de prisión por encabezar una organización de tráfico de fentanilo y metanfetamina abastecida por el Cártel de Sinaloa; su hermano Francisco Javier Mendoza, “Pancho”, había recibido el 17 de abril una condena de 10 años por el mismo delito.
Ambos son originarios de Niland, California, y operaban en el condado de Imperial, en la frontera entre Estados Unidos y México.
La investigación, desarrollada durante varios años mediante intervenciones telefónicas, permitió identificar a la Organización de Tráfico de Drogas Mendoza, que obtenía los estupefacientes de una fuente vinculada al Cártel de Sinaloa con sede en Mexicali, Baja California, para después distribuirlos en el Valle Imperial y en otros estados, llegando hasta Nueva York.
Eduardo Mendoza, de 33 años, fue el acusado principal en una acusación formal que comprendió a 12 imputados por conspiración para distribuir metanfetamina y fentanilo.
En su acuerdo de culpabilidad, Eduardo Mendoza reconoció haber participado en la conspiración entre al menos 2020 y la fecha de su arresto, ocurrido en junio de 2024 en el estado de Oregón, mientras que Francisco Javier Mendoza, de 35 años, fue detenido en el Valle Imperial, California, en el marco de una operación simultánea en múltiples distritos.
Durante la investigación, los agentes decomisaron en distintas ocasiones cargamentos de fentanilo y metanfetamina atribuidos a la organización: el 12 de abril de 2021, incautaron aproximadamente 30 mil pastillas de fentanilo —equivalentes a 3.18 kilogramos— en el Valle Imperial, y en esa misma fecha confiscaron droga camuflada en huevos de Pascua en Nueva York; el 24 de diciembre de 2021, decomisaron alrededor de 9.64 kilogramos de metanfetamina en Las Vegas, Nevada.
“Imperial Valley. Nueva York. Las Vegas. Oregón”, declaró Adam Gordon, titular de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California.
“Esta fue una investigación de amplio alcance contra traficantes de drogas prolíficos. Pero intervenimos sus teléfonos, decomisamos su droga y los llevamos ante la justicia”, afirmó el fiscal.
Kevin Murphy, agente especial en funciones a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego, señaló que la sentencia representa “una victoria significativa en nuestra lucha continua contra las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad de nuestras comunidades”.
El caso fue investigado por una veintena de agencias federales, estatales y locales, entre ellas la DEA, la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inspección Postal, entre otras.
La acusación estuvo a cargo de las fiscales auxiliares Shivanjali Sewak y Kevin Mokhtari, bajo el número de caso 24-cr-0504-CAB.
La causa forma parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 del Gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo es desmantelar cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio estadounidense, con especial énfasis en los delitos relacionados con el tráfico de menores y la remoción de extranjeros con antecedentes de violencia.