Corte Penal Internacional: las nuevas sanciones de Estados Unidos son un ataque flagrante contra su independencia
El organismo alerta que el propio orden jurídico internacional está en riesgo cuando se amenaza a jueces por aplicar la ley. El responsable de velar por los derechos fundamentales reitera su llamado a los Estados para que salgan en defensa de las instituciones encargadas proteger los derechos humanos y el Estado de derecho
La Corte Penal Internacional (CPI) deploró el anuncio de la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra su presidenta y un fiscal de alto rango, calificándolas de “un ataque flagrante” contra el tribunal.
“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa en virtud del mandato que le han conferido sus Estados Parte de distintas regiones”, señaló la Corte en un comunicado.
La Corte, creada en 2002 en virtud del Estatuto de Roma, es una institución independiente y no forma parte de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, sin embargo, puede remitir casos al tribunal.
Con el consentimiento de los países que han firmado el Estatuto, la Corte procesa a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo el miércoles a los periodistas que el Secretario General, António Guterres, estaba “seriamente preocupado” por la última medida de Estados Unidos, así como por las continuas sanciones contra otros empleados de la Corte.
Estados Unidos intensifica su ofensiva
Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma, teme que el tribunal pueda procesar a ciudadanos estadounidenses por delitos graves presuntamente cometidos en países que, a diferencia de Washington, reconocen la autoridad de la Corte.
El martes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, y el fiscal principal de juicio Abdoulaye Seye. Washington ya había sancionado al exfiscal jefe Karim Khan, quien posteriormente fue destituido de su cargo.
Según informaciones de prensa, Seye ha participado en la investigación sobre la financiación israelí de asentamientos ilegales en Cisjordania y la presunta distribución de armas a los colonos.
En noviembre de 2024, la Corte, bajo la dirección del fiscal Khan, emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la guerra contra Hamás en Gaza.
Las sanciones se suman a las impuestas anteriormente por EE. UU. contra la Corte durante los dos mandatos del presidente Donald Trump, así como a las declaraciones de Rubio del 13 de julio de que Estados Unidos tenía la intención de “desmantelar” la “amenaza” que el tribunal supone para la soberanía estadounidense.
Nueve de los 18 jueces de la Corte, además de sus dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal, tienen ahora prohibido realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses y están sujetos a importantes restricciones en el sistema financiero mundial.
La Corte es “un pilar fundamental” de la justicia penal internacional
“Aunque las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional son instituciones separadas, con mandatos distintos y diferenciados, como hemos dicho en numerosas ocasiones, las Naciones Unidas consideran que la CPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional y el Secretario General respeta profundamente su labor”, afirmó Dujarric.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que las nuevas sanciones son “inaceptables” y deben levantarse.
“Volker Türk reitera su llamado a los Estados para que salgan en defensa de las instituciones que ellos mismos han creado para promover y defender los derechos humanos y el Estado de derecho, y para que protejan a los funcionarios de la Corte que son blanco de tales represalias”, dijo la Oficina en una publicación en redes sociales.
En su réplica, la Corte subrayó que “el propio orden jurídico internacional está en riesgo” cuando se amenaza a jueces por aplicar la ley.
“Las amenazas y las medidas coercitivas también afectan a la capacidad de las víctimas para buscar justicia, ya que recurren a la Corte cuando se han agotado todas las demás vías”, señaló.
El tribunal afirmó que respalda a su personal y a las víctimas de “atrocidades inimaginables” y añadió que continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad.
Aseguró que valora las constantes muestras de solidaridad de los Estados Parte, la sociedad civil y todos aquellos que apoyan el Estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales.
“La Corte continuará su labor, con todos sus socios y con el apoyo inquebrantable de sus Estados Parte, para garantizar la aplicación efectiva e independiente de su mandato”, concluyó.