Departamento de Justicia de EU acusa a pandillero prófugo en México de proteger a ex olímpico canadiense
La acusación señala que el prófugo filtró datos de operativos, detenciones y decomisos obtenidos de agencias mexicanas y estadounidenses
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que un gran jurado federal acusó a Roberto Gómez, de 51 años, presunto integrante de la pandilla 38th Street y prófugo radicado en México, de ayudar al ex snowboardista olímpico canadiense Ryan James Wedding a operar una red de tráfico de drogas valuada en mil millones de dólares y de obtener información reservada de agencias policiales para que evadiera su captura. La acusación, de seis cargos, fue presentada ante la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California.
Según la acusación formal, Gómez enfrenta un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, uno de conspiración para importar sustancias controladas, tres de encubrimiento y uno de intento de realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado. De ser declarado culpable de todos los cargos, el presunto responsable recibiría una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una máxima de cadena perpetua. El DOJ precisó que una acusación contiene señalamientos y que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Gómez, ciudadano estadounidense originario del área Central-Alameda, en el sur de Los Ángeles, huyó del condado de Los Ángeles hacia México luego de ser acusado, en el año 2000, de dos cargos de robo en segundo grado ante la Corte Superior de Los Ángeles. En enero de 2018, un gran jurado federal en esa ciudad lo acusó de tráfico de drogas y lavado de dinero, por lo que es considerado prófugo en ambos procesos penales. Según la acusación, durante su estancia en México se reunió y comunicó con líderes de organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno de Estados Unidos, entre ellas el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y cultivó relaciones con personas que tenían acceso a información reservada de agencias mexicanas y estadounidenses.
Esa información comprendía detalles de operativos policiales, detenciones, decomisos de droga, cumplimiento de órdenes judiciales y presentación de cargos penales, que Gómez entregaba a sus presuntos cómplices, entre ellos Wedding, de 45 años, ex atleta olímpico y ciudadano canadiense a quien las autoridades estadounidenses acusan de ordenar varios asesinatos. De 2016 a 2026, el acusado operó como proveedor intermedio de narcóticos para distintas organizaciones criminales transnacionales, incluida la de Wedding, mediante el traslado de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia México por vía aérea y marítima a través de Centroamérica, con posterior transporte terrestre hacia Estados Unidos y Canadá.
Entre octubre de 2024 y enero de 2026, Gómez habría ayudado a Wedding a impedir su detención, juicio y sanción en territorio estadounidense. En ese mismo periodo intentó intermediar la venta de aproximadamente mil libras de metanfetamina, equivalentes a 453.6 kilogramos, entre un proveedor y Wedding, a quien el Gobierno de Estados Unidos designó narcotraficante especialmente designado, por alrededor de 550 mil dólares pagados en criptomonedas.
En un caso relacionado, los fiscales federales hicieron pública una acusación de dos cargos contra Édgar Aaron Vázquez Alvarado, de 42 años, alias “El General”, quien murió por disparos de policías mexicanos, según el DOJ. De acuerdo con la acusación, Vázquez Alvarado se presentaba como fundador y jefe de El Cártel Nuevo Imperio, organización criminal que operaba principalmente en la Ciudad de México, y traficaba cocaína para la empresa criminal de Wedding. El acusado proporcionaba a los integrantes de esa estructura claves rotativas casi diarias que los transportistas de cargamentos de cocaína en México repetían ante personal policial y militar en retenes para cruzarlos sin revisión.
La acusación señala que Vázquez Alvarado también pagó a servidores públicos mexicanos para retrasar investigaciones penales, destruir y manipular pruebas incriminatorias y lograr el sobreseimiento de cargos contra miembros de la organización. Entre octubre de 2024 y enero de 2026 habría contribuido a que Wedding evadiera la detección de las agencias policiales estadounidenses.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), con la participación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) y de la Policía Montada de Canadá, además del apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en Buffalo. Ambos casos forman parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional creado mediante la orden ejecutiva 14159. La acusación es llevada por los fiscales federales auxiliares Lyndsi Allsop y Joshua J. Lee, de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ.