Detienen en Los Ángeles a cuatro miembros de una familia ligados al Cártel de Sinaloa
Los detenidos, tres de ellos indocumentados, enfrentan cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas y vender armas de fuego sin licencia
Cuatro miembros de una misma familia, ligados al Cártel de Sinaloa, fueron arrestados en Los Ángeles por tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas ilegales.
El Departamento de Justicia resaltó que de los miembros de la familia Salazar detenidos, tres son indocumentados y enfrentan 29 cargos federales, incluyendo posesión de armas sin serie.
Las autoridades informaron que los detenidos comparecerán ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.
Los hermanos José Luis Salazar-Cruz, Alfonso Salazar y Jorge Humberto Salazar, junto a José Manuel Salazar, hijo de José Luis, son los acusados.
Este caso forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la migración ilegal, eliminar cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
También se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).
Los cinco acusados, incluyendo a José Ángel López Paniagua, quien sigue prófugo, enfrentan un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas.
También se les imputa un cargo de conspiración para dedicarse al negocio de la venta de armas de fuego sin licencia, y un cargo por dedicarse a dicha venta.
Salazar-Cruz enfrenta siete cargos por posesión ilegal de armas de fuego, siete por distribución de metanfetamina y cuatro por distribución de fentanilo.
Se le acusa también de tráfico de armas de fuego, posesión de un artefacto explosivo y posesión de un rifle de cañón corto no registrado.
López Paniagua enfrenta dos cargos por posesión de armas de fuego relacionadas con un delito de narcotráfico, dos por distribución de fentanilo y dos por distribución de metanfetamina.
Además, se le acusa de posesión de un rifle de cañón corto no registrado.
Alfonso Salazar, por su parte, enfrenta cargos por distribución de metanfetamina y posesión ilegal de un arma de fuego.
Los demás acusados enfrentan diversos cargos por delitos graves.
Según la acusación, entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, Salazar-Cruz coordinó la venta de narcóticos como fentanilo y metanfetamina, así como armas de fuego.
Para ello, utilizó aplicaciones de mensajería de texto y mensajes cifrados, llamadas telefónicas y reuniones presenciales.
Los otros acusados actuaron como intermediarios.
Su función fue concretar las ventas de drogas y armas entre proveedores y clientes, reuniéndose con estos últimos para finalizar las transacciones.
El Departamento de Justicia acusó que se realizaron múltiples ventas de drogas, a menudo de aproximadamente medio kilo de metanfetamina.
El 21 de enero de 2025, señaló, Salazar-Cruz vendió a un comprador casi medio kilo de metanfetamina y aproximadamente 324 gramos de fentanilo.
El 30 de julio de 2025, Salazar-Cruz vendió aproximadamente 1.2 kilogramos de metanfetamina a un comprador, mientras que el 19 de diciembre de 2025, vendió al mismo comprador unos 2.3 kilogramos de metanfetamina.
Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Salazar-Cruz y los demás acusados vendieron ilegalmente varias armas de fuego a compradores.
Entre ellas se encontraban una pistola Glock calibre .45, un dispositivo destructivo para barredoras de calles y un rifle tipo AR sin número de serie, conocido como “arma fantasma”.
En mayo de 2025, Salazar-Cruz y otros tres acusados informaron a un comprador que su suministro de drogas provenía de Tijuana y Mexicali.
Las sustancias eran transportadas a través de la frontera en un remolque.
Paniagua, según lo expresado, obtenía las drogas de miembros del Cártel de Sinaloa y las entregaba a Salazar-Cruz a cambio de dinero.
De ser declarados culpables de todos los cargos, los acusados enfrentarían una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal y una pena máxima legal de cadena perpetua.