Eligen en Guatemala a nueva fiscal general
"El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina juramentó el sábado en el Palacio Nacional a la nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público Thelma Esperanza Aldana Hernández"
GUATEMALA (AP)._ El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina juramentó el sábado en el Palacio Nacional a la nueva fiscal general y jefa del Ministerio Público Thelma Esperanza Aldana Hernández, de 58 años, quien tendrá el cargo los próximos cuatro años.
Aldana, con 25 años de experiencia en los tribunales y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que su gestión estará enfocada "en la lucha contra la impunidad y la corrupción", que según Pérez Molina fueron las razones para elegirla para ocupar el cargo.
"La política criminal del Estado que le he planteado al señor Presidente de la República incluye la participación de los tres poderes del Estado, de las entidades del sector de justicia y los sectores que estén involucrados en la investigación, persecución penal y prevención del delito", dijo Aldana.
La funcionaria llega a su gestión luego de varias controversias con Claudia Paz y Paz, quien el viernes dejó el cargo de fiscal general rodeada de flores y vítores de decenas de activistas de derechos humanos, especialmente mujeres que respaldaban su gestión.
Las controversias surgieron luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenó en febrero finalizar la gestión de Paz antes de los cuatro años establecidos por la Constitución y también porque la Comisión de Postulación, a cargo de seleccionar seis candidatos de entre los cuales el presidente elegiría al jefe del MP, no incluyó a Paz a pesar de que tenía el segundo mejor punteo, luego de Aldana.
PELIGRO
Los activistas temen que la gestión de Aldana no sea independiente, en especial por los vínculos políticos que tiene con el Frente Republicano Guatemalteco, ahora Partido Republicano Institucional, que fundó Ríos Montt, y que con ello se acaben las posibilidades de enjuiciarlo de nuevo.
En mayo de 2013, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio, pero 10 días después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y ordenó reanudar el juicio en enero de 2015.