EU acusa de terrorismo a mexicano, miembro del Cártel del Golfo

Un material hallado en el celular de José Flores Flores, fechado el 26 de junio de 2026, lo vincula con el desmembramiento de dos víctimas en Reynosa

Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a José Flores Flores, ciudadano mexicano de 21 años originario de Reynosa, Tamaulipas, de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de conspirar para ello, por su presunta participación como miembro activo del Cártel del Golfo (CDG). El Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer el caso el 16 de septiembre de 2026.

Los cargos forman parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre de 2026 ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2. De ser declarado culpable, Flores Flores enfrentará una pena de hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de 250 mil dólares.

El acusado permanecerá bajo custodia y comparecerá ante el juez magistrado J. Scott Hacker para la lectura de cargos.

Según la acusación, Flores Flores formó parte del CDG durante más de un año, periodo en el que prestó servicios de protección, vigilancia regional, contravigilancia de fuerzas de seguridad y eliminación de restos humanos. Las autoridades estadounidenses lo vinculan con el desmembramiento de al menos dos víctimas en las afueras de Reynosa.

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Flores Flores el 10 de julio de 2026 cerca de Mission, Texas, a corta distancia del río Bravo. El joven admitió haber ingresado de forma ilegal desde México, luego de haber sido expulsado de Estados Unidos a principios del mismo año, y declaró a los agentes que era miembro activo del CDG. Por ese cruce fue acusado inicialmente de reingreso ilegal.

Tras su arresto, el detenido autorizó la revisión de su teléfono celular. En la carpeta de elementos eliminados recientemente, los agentes localizaron un video en el que aparece cortando las extremidades de un cadáver, una imagen con al menos dos torsos humanos desmembrados y fotografías de un tambo en llamas utilizado para incinerar restos. Según el expediente, los metadatos ubicaron la creación del material el 26 de junio de 2026 en las afueras de Reynosa. El dispositivo también contenía imágenes de Flores Flores con un radio portátil y rifles tipo AR-15.

Al mostrarle el video, el acusado reconoció que era él quien aparecía en la grabación. Renunció a sus derechos Miranda y declaró que su profesión era “barbero y sicario”. Posteriormente, en una entrevista con un agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), reiteró que trabajaba para el CDG.

Según su testimonio, operaba principalmente de noche en un sector de Reynosa asignado por la organización criminal, donde recorría la zona en vehículo, escuchaba comunicaciones de radio y vigilaba la presencia del Ejército Mexicano y de otras fuerzas de seguridad. El CDG le proporcionaba rifle, chaleco antibalas y vehículo. Cuando un superior le entregaba el nombre o la fotografía de una persona, su función era privarla de la libertad y entregarla a mandos de mayor rango.

Flores Flores sostuvo que las víctimas que aparecían en el material habían sido castigadas por la organización por extorsionar, secuestrar o vender metanfetamina sin autorización dentro del territorio bajo su control.

Un gran jurado acusó por primera vez a Flores Flores el 4 de agosto de 2026. A mediados del mismo mes, la Fiscalía obtuvo una acusación sustitutiva que agregó los cargos de terrorismo, ante los cuales el acusado se declaró no culpable. La segunda acusación sustitutiva incorporó la evidencia del video y las imágenes.

“Gracias a que el Presidente Trump designó a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, las fuerzas del orden federales ahora cuentan con un nuevo arsenal de herramientas legales para desmantelar sus actividades”, declaró Aaron Reitz, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas.

El funcionario añadió que Flores Flores fue solo uno de los acusados anunciados el 16 de septiembre de 2026, y afirmó que su oficina se encontraba “a la vanguardia” del combate contra los cárteles bajo la conducción del presidente Donald John Trump y del fiscal general Todd Blanche.

El caso se inscribe en la ofensiva de la Administración estadounidense contra los cárteles mexicanos. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que instruyó al Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) a designar a diversas organizaciones criminales como terroristas. El 20 de febrero del mismo año, el CDG quedó incluido en esa lista, junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

Según el DOS, el CDG tiene su base en el noreste de México y se dedica al narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas, entre otras actividades ilícitas. En julio de 2026, el Gobierno de Estados Unidos incorporó a la lista al Cártel de Juárez y a Los Viagras, con lo que sumaron ocho las organizaciones criminales mexicanas con esa designación.

La investigación estuvo a cargo de la Patrulla Fronteriza y el FBI, mientras que los fiscales federales adjuntos Devin Walker y Avery Benitez llevarán el caso. Fiscales de Texas han enviado a prisión federal a jefes históricos del CDG, entre ellos Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén.