Expertos piden a Venezuela eliminar las trabas a la sociedad civil tras los terremotos
Las organizaciones locales participan en la búsqueda de desaparecidos, la atención a las víctimas y la distribución de ayuda. Sin embargo, expertos independientes de la ONU advierten que las restricciones legales, administrativas y bancarias amenazan su labor en plena emergencia
Expertos independientes de la ONU* pidieron este viernes a las autoridades venezolanas eliminar las restricciones que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuya participación consideran indispensable para la recuperación y reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.
Según los expertos, la catástrofe ha agravado las vulnerabilidades de la población y profundizado la crisis humanitaria y de derechos humanos que Venezuela atraviesa desde hace años.
“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta”, afirmaron.
Organizaciones de derechos humanos, redes vecinales y entidades nacionales e internacionales participan en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de medicamentos, suministros sanitarios y otros servicios esenciales.
Los expertos señalaron que parte de esa asistencia no llegaría a las comunidades afectadas sin la intervención de estas organizaciones.
Restricciones legales y financieras
Pese a su papel en la emergencia, las organizaciones enfrentan obstáculos derivados de la legislación que regula a las ONG y otras asociaciones sin fines de lucro, advirtieron los expertos.
La normativa obliga a las organizaciones a inscribirse o reinscribirse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Sin embargo, señalaron que muchos de esos procedimientos quedan paralizados por la falta de respuesta de las autoridades, lo que amenaza la continuidad jurídica de las entidades.
También cuestionaron las normas bancarias que someten a las ONG a una supervisión más estricta que a otros actores y dificultan la recepción y administración de fondos, incluidas las contribuciones procedentes del exterior.
Estas restricciones afectan tanto a las organizaciones venezolanas como a las internacionales, indicaron.
Los expertos instaron a las autoridades a facilitar la llegada de recursos y permitir mecanismos como las transferencias de efectivo a las personas damnificadas, una modalidad habitual de asistencia humanitaria que, según señalaron, actualmente no está disponible en el país.
Evitar la represión de las iniciativas ciudadanas
Los expertos también pidieron al Gobierno que instruya a las fuerzas de seguridad para que protejan las iniciativas ciudadanas de ayuda, incluidos los centros de acopio, y respeten el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales.
Advirtieron que deben evitarse “los patrones de represión del pasado” contra quienes participan en actividades humanitarias o comunitarias.
“El Estado debe facilitar de manera prioritaria la acción humanitaria y respetar la labor de todas las asociaciones”, afirmaron.
La respuesta, añadieron, debe permitir el acceso sin trabas a la cooperación internacional y colocar los derechos y las necesidades de las víctimas en el centro.
Las comunidades deben participar en la reconstrucción
Los expertos llamaron además a Naciones Unidas, los donantes y otros actores internacionales a garantizar que las organizaciones locales puedan trabajar libremente y participar en la toma de decisiones.
Destacaron que la sociedad civil puede contribuir a supervisar el uso transparente de los recursos, defender los derechos de las comunidades y lograr que la asistencia llegue de manera más directa a las personas afectadas.
Los planes de alojamiento de emergencia, reconstrucción y recuperación a largo plazo deben contar con la participación significativa de las comunidades, incluidas las personas desplazadas dentro del país, concluyeron.
La respuesta al desastre, agregaron, debe ajustarse plenamente a las normas internacionales de derechos humanos.