Fiscalía de EU presenta de pruebas contra ‘Z-40’ y ‘Z-42’, ex líderes de Los Zetas

Carlos Álvarez
12 junio 2025

En caso de que en el proceso penal sean encontrados culpables, podrían recibir la pena de muerte

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, respectivamente, dos ex líderes de Los Zetas, comparecieron el 11 de junio ante el juez Trevor McFadden, en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, donde se formalizaron los cargos en su contra por participar en una empresa criminal continua; conspiración de tráfico de drogas; delitos con armas de fuego; y conspiración internacional de lavado de dinero.

De ser encontrados culpables, los capos tamaulipecos -que fueron entregados a por el Gobierno mexicano, el 27 de febrero de 2025- podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado.

Durante la audiencia, Kirk Kenneth Handrich, fiscal asistente de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó un conjunto probatorio de 4.9 millones de archivos recopilados por agencias gubernamentales estadounidenses y mexicanas.

El “Z-40” compareció en persona, vestido con uniforme azul carcelario, una playera blanca debajo y lentes oftálmicos, custodiado por elementos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Con el cabello casi a rapa y una creciente barba, el capo tamaulipeco saludó de mano a cada uno de sus abogados. Escuchó atento las palabras del juez, del fiscal Handrich y de sus defensores. Llevaba en la mano un cuaderno rojo con varias anotaciones.

Entre los abogados del “Z-40” se encontraban Eduardo Balarezo, conocido por haber defendido a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, así como Frank Pérez, también abogado de Ismael Zambada García, “El Mayo”.

El juez McFadden permitió continuar la audiencia pese a la ausencia del “Z-42”, quien no asistió por problemas de calendario. También estuvo presente Alfredo Rangel Buendía, “El Chicles”, otro de los acusados en el mismo expediente.

Durante la audiencia la Fiscalía de Estados Unidos denunció un posible conflicto de interés en la defensa legal de los hermanos Treviño Morales, debido a que Balarezo también representaba a Gilberto Barragán Balderas, “El Tocayo”, otro coacusado en el caso. Ante ello, el juez solicitó una revisión de la situación, aunque el litigante aseguró que continuaría con la defensa del “Z-40”.

Según Handrich, la oficina en Houston, Texas, de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, aportó evidencia obtenida en el marco de operaciones dirigidas contra ocho objetivos prioritarios de Los Zetas, entre ellos los hermanos Treviño Morales.

El expediente incluía 490 mil llamadas telefónicas interceptadas, transcripciones de conversaciones, informes de inteligencia y documentos judiciales, evidencia adicional proveniente de las oficinas de la DEA en Dallas, Laredo y del Gobierno mexicano.

En total, según detalló Handrich, había al menos 4.9 millones de archivos identificados y todo el material -mayoritariamente en español- sería compartido con la defensa de los hermanos Treviño Morales y podría utilizarse en juicio. Asimismo, habían dispuesto traductores oficiales para garantizar el acceso equitativo a la información.

“Los acusados son los últimos tres dentro del caso que no se han declarado culpables, ¿cierto?”, preguntó McFadden. “Sí, su señoría, de los acusados que están en custodia del Gobierno de Estados Unidos así es”, respondió Handrich.

El juez programó la próxima audiencia para llevarse a cabo el 14 de octubre de 2025. En esa sesión, la Fiscalía de Estados Unidos preveía informar si pediría pena de muerte para los líderes de Los Zetas, renombrado como Cártel del Noreste y que el 20 de febrero de 2025 fue nombrada como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado.

Handrich previó que para la próxima audiencia se tuvieran avances del progreso del Departamento de Justicia de con respecto al inicio de su Protocolo de Pena de Muerte, es decir, si pediría que los hermanos fueran ejecutados en caso de ser encontrados culpables.

“Sólo para el caso del señor Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales”, aclaró el fiscal del fiscal asistente de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del DOJ, dejando claro que para Alfredo Rangel Buendía no se contemplaba pedir la pena capital.

Según informó el diario Milenio, el 6 de junio de 2025 la defensa de los líderes de Los Zetas solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que entregaran todos los documentos y pruebas relacionados con el operativo que permitió expulsarlos -sin extradición de por medio- desde México, el 27 de febrero.

La moción -dirigida a los fiscales Melanie Alsworth y Kirk Handrich, presentada ante el juez McFadden- fue firmada por el abogado Eduardo Balarezo, quien se acababa de integrar al equipo de defensores de los hermanos Treviño Morales; luego de haber sido abogado de “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, enemigos de Los Zetas.

”Se solicitan todos los documentos relacionados con las circunstancias que dieron lugar a la expulsión del Sr. Treviño Morales de México a Estados Unidos, incluyendo comunicaciones entre representantes de ambos gobiernos y documentos internos de agencias y oficinas del gobierno de EU, incluyendo los Departamentos de Justicia y Estado y la Casa Blanca”, indicaron los abogados de los líderes de Los Zetas.

La defensa de los hermanos Treviño Morales explicó que esto era necesario para verificar si no existieron irregularidades en torno al procedimiento de traslado de los capos tamaulipecos a Estados Unidos, que se realizó sin que completaran los procedimientos de extradición que estaban en curso.

Apoyado en jurisprudencias como Brady v. Maryland y Giglio v. United States, el abogado de los hermanos Treviño Morales exigió que la Fiscalía estadounidense entregara toda evidencia que pudiera resultar exculpatoria para sus clientes o que pudiera ser usada para desacreditar a los testigos del Gobierno de Estados Unidos.

Esto incluía historiales criminales de testigos, actos previos de mala conducta, problemas de salud mental o consumo de drogas, y cualquier declaración contradictoria. En el caso específico de las intervenciones telefónicas, la defensa de los hermanos Treviño Morales pidió que se entregara los documentos sobre cómo se solicitaron dichas escuchas, para verificar si se efectuaron con apego a la legalidad.

Mientras que en el caso de potenciales testigos colaboradores que la Fiscalía de Estados Unidos ya ha dicho que contaba, la defensa pedía que también se entregaran, no solo los contenidos de sus dichos, sino la negociación realizada con ellos y los beneficios que se les habían ofrecido, en caso de estar contemplados para ser presentados en juicio.

A nombre de sus clientes, Balarezo solicitó, además, acceso a toda evidencia tangible -desde documentos, fotografías, teléfonos celulares y discos duros, hasta registros bancarios obtenidos de instituciones financieras-, que estuvieran en poder del Gobierno o de agencias federales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los abogados de los hermanos Treviño Morales también solicitaron revisar los elementos que el Gobierno de Estados Unidos no planeaba usar en el juicio contra sus clientes, en la medida en que pudieran ser relevantes para preparar la defensa.

Asimismo, Balarezo exigió conocer el paradero de cualquier evidencia que hubiera sido destruida, extraviada o retirada de la custodia del Gobierno de Estados Unidos, y solicitó que se ordenara su preservación inmediata.

El 10 de junio de 2025, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que hasta ese momento no tenía conocimiento de que fueran a declarar contra algún funcionario de pasadas administraciones.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que había varios procesos contra delincuentes mexicanos en Estados Unidos, pero que también existían otros procesos llevados por la Fiscalía General de la República.

”[...] está en comunicación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y están informándose de lo que está ocurriendo allá”, aseveró García Harfuch.

”¿Creen que algún tipo de declaración involucre a algún tipo de funcionarios del gobierno anteriores vinculados al crimen?”, le preguntó un reportero.

”¿Del ‘Z-40’ y ‘Z-42’? No tenemos conocimiento, pero si es así pues también nos compartirán la información [las autoridades estadounidenses], y trabajaremos con ellos”, respondió.