Jurado en EU declara culpable a texano por traficar partes de 5,700 rifles a México
Según el reporte judicial, aportó piezas, las herramientas y el asesoramiento necesarios para operar una empresa completa de fabricación de armas de fuego en el norte de México
Un jurado federal del Distrito Oeste de Texas declaró culpable a Chandler Britain Bradford, de 37 años, residente de New Braunfels, Texas, de siete cargos relacionados con el contrabando de piezas de armas de fuego hacia México y conspiración para cometer lavado de dinero, tras un juicio de una semana.
El veredicto fue anunciado este 18 de agosto por Justin R. Simmons, Fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Bradford participó en un esquema multimillonario para suministrar ilegalmente miles de rifles semiautomáticos a un ciudadano mexicano residente en Monterrey, Nuevo León.
El acusado entregó piezas suficientes para armar aproximadamente 5 mil 700 rifles semiautomáticos, pese a carecer de licencia para exportar componentes de armas de fuego desde Estados Unidos a México.
Las pruebas mostraron que Bradford proporcionó a su cómplice las piezas, las herramientas y el asesoramiento necesarios para operar una empresa completa de fabricación de armas de fuego en el norte de México.
Por esa actividad recibió más de 3.5 millones de dólares.
El jurado lo declaró culpable de un cargo de conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos, un cargo de conspiración para transferir armas de fuego destinadas a su uso en un delito grave, cuatro cargos de complicidad en el contrabando de mercancías desde Estados Unidos y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal. Un juez de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
“Chandler Bradford desempeñó un papel clave en un plan complejo, sabiendo que los cárteles de la droga utilizaban las armas de fuego que él traficaba para asegurar su territorio y las rutas que usan habitualmente para introducir drogas en Estados Unidos”, declaró Simmons.
El Fiscal federal añadió que, al igual que los cárteles, al acusado “solo le importaba el dinero que ganaba con su actividad delictiva”.
Michael Weddel, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Houston, sostuvo que la condena “demuestra las consecuencias del tráfico ilegal de armas de fuego y sus componentes a través de nuestras fronteras”.
Precisó que el acusado “proporcionó los medios y la experiencia necesarios para facilitar la fabricación ilegal de miles de armas de fuego destinadas a un mercado criminal en México, todo ello con fines de lucro”.
Dos coacusados, José Francisco García Cervantes y Ricardo Rodríguez Sotelo, fueron sentenciados a prisión federal en enero de 2025.
Los coacusados Troy Vernon Erbe y Jesús Guzmán Delgado se declararon culpables.
Otros dos conspiradores acusados en el caso, Julio Gómez Mendoza y Octavio Quiroga Treviño, permanecen prófugos, por lo que la ATF difundió sus fichas y solicitó información sobre su paradero.
La ATF investigó el caso con la asistencia de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Los fiscales federales adjuntos Brian Nowinski y Ryan Groomer están a cargo del proceso.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159.
Ese grupo interinstitucional está integrado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, ICE-HSI, la Administración para el Control de Drogas, la ATF, la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal, el Departamento de Transporte, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, además de corporaciones policiales locales.
Este 19 de agosto, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, difundió el fallo y afirmó que el caso demuestra la necesidad de desmantelar redes criminales completas “siguiendo las armas, el dinero y a quienes las facilitan”.
Señaló que su Gobierno, en coordinación con sus socios en México, mantiene el compromiso de detener el tráfico ilegal de armas.