La tortuosa reinserción social

"En el país de las etiquetas se marginan hasta las segundas oportunidades. Comenzando por el Estado, en México nadie parece dispuesto a confiar en quienes han purgado una sentencia en prisión. Apenas 0.25 por ciento de ellos obtiene un empleo formal y, con ello, dicen especialistas del tema, es imposible la rehabilitación de los individuos"

Melina Gil

@AdelaChayotes

 

 

“Estoy fichado”, reconoce Édgar.

Ahora es el mataperros. El prieto entre granos inmaculados. Mudó de hombre a imputado ante la ley, por allanamiento y violencia. Más por su voluntad que por preocupación pública, trabaja para reintegrarse a la sociedad.

Él quería recuperar su televisión. Fue a la casa de su suegra, donde su cónyuge presuntamente la había escondido. Su propósito quedó en forcejeo; lo más dramático fue la golpiza que recibió la esposa y que quedó registrada en el parte médico. “Édgar” dice que se tropezó con una manguera; ella lo denunció por violencia y allanamiento.

Quedó sin prisión preventiva, pero con la obligación de firmar en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco; luego se le asignó una doble atención psicológica para iniciar la reparación del presunto daño, por el que aún espera sentencia. Quiere cambiar, dice, pero la mitad del tratamiento realizado por el Sistema DIF y limitado a talleres masivos sobre “nuevas masculinidades”, no le da las herramientas: lo que se ha traído son represalias y exclusión en lo laboral por cumplir los horarios. Además, ninguna autoridad ha reparado en que su posible delito roce en lo psiquiátrico.

“A veces me sulfuro de la nada, ya me han explicado que necesito un medicamento prescrito para calmarme”, comparte mientras espera la definición de su caso.

Dentro de las reformas a la Constitución Política del país para dar pie al nuevo sistema penal acusatorio y oral, se modificó el artículo 18 para apuntalar la reinserción social como una de las metas del modelo, exigiéndola como obligación para los estados y la Federación a partir de 2011. Cinco años después, los esfuerzos parecen inútiles.

 

 

El panorama

 

Agresiones, intentos de suicidio y otras muertes que sí se concretan. Por lo menos seis incidencias violentas cada día. Una riña cada 12 horas. Así son los días para los reos, según los números del más reciente Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

La sobrepoblación en las prisiones es el factor fundamental que genera tales condiciones, y también se convierte en uno de los principales obstáculos para la reinserción, sostiene la abogada penalista María de Jesús Jacobo Meléndez. También subraya el antecedente de quienes mayormente componen el sobrecupo: personas de perfil sociocultural bajo y con historias hostiles predispuestas a conductas antisociales que la autoridad debe manejar.

“El Estado no tiene la capacidad para poder reaccionar, ni espacios. No hay recurso que alcance. Tiene que bajar la población y será cuando el sistema se fortalezca”, afirma.

Los datos de la CNS indican que existen 233 mil 469 personas recluidas por delitos comunes y federales, aprisionadas en 379 centros penitenciarios, y el 41 por ciento de estos (157) tienen sobrepoblación.

A partir de su hipótesis, Jacobo Meléndez proyecta que pasarán al menos cuatro décadas para que se registre un adelgazamiento carcelario y la reinserción pueda concretarse, considerando las sentencias más altas que pudieron obtener las últimas personas juzgadas con el sistema tradicional.

Tampoco se puede observar un desahogo masivo inmediato entre quienes están en prisión preventiva, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) determinó que quienes comenzaron a ser juzgados antes de junio de 2016 no pueden apelar al derecho de retroactividad para eliminar la medida cautelar del encierro.

 

 

Todo bien… en el discurso

 

En las entidades federativas es en donde recae la mayor responsabilidad de la población reclusa, al atender al 80 por ciento del total. Pero el ejercicio financiero que manejan es menor.

Las estadísticas del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015 del INEGI informan que el presupuesto en los centros penitenciarios estatales fue de 11.8 millones de pesos en total.

La entidad que menos dinero ejerció fue San Luis Potosí, con 22 mil 612 pesos. Es decir, 6.80 pesos por recluso a readaptar. En el otro extremo, la Ciudad de México aplicó 2.6 millones de pesos o 67.7 pesos para cada reo.

Además de recursos hay ejemplos de inacciones. Tres años después de que ya había arrancado la migración hacia el nuevo modelo de justicia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el nulo desempeño de la Federación y los estados para cumplir con la reintegración.

“El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social operó solo parcialmente el esquema de reinserción social, porque ninguno de los 15 centros federales de readaptación social (Ceferesos) a su cargo ofreció las cinco actividades para la reinserción”, se lee en el reporte publicado junto con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“En los centros estatales de readaptación social (Ceresos), 14 entidades federativas tampoco lo hicieron. Con base en el registro de los internos que asistieron a las actividades de reinserción, la ASF determinó que el promedio de participación de los internos del fuero federal en Ceferesos fue de 38.9 por ciento, y en Ceresos, de 34.5 por ciento”.

La baja en la instrucción para algún futuro empleo igualmente se confirma en las cifras del “Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto”, en el que se expone que los cursos de capacitación en el Sistema Penitenciario Federal decrecieron respecto al número de participantes: de 64 mil 485 a 28 mil 962.

El mismo documento informa otra insuficiencia para la reinserción, una vez en libertad y saldada la sentencia: apenas el 0.25 por ciento obtiene un trabajo formal por intervención del Estado, según el contraste entre el número de egresos penitenciarios y las últimas cifras de empleo de la Dirección de Reincorporación Social (año 2014), consideradas en dicho anexo.

 

 

Desbordados de origen

 

El 16 de junio de este 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este documento establece la figura del juez de ejecución, quien se encarga de vigilar garantías fundamentales, preliberaciones, y se convierte en la autoridad que inicia con la reinserción en el nuevo sistema, pues tiene la obligación de rehabilitar todos los derechos de los sentenciados cuando estos acaben su condena.

A través de un ejercicio de transparencia se revisaron los avances en la creación de la figura: el 81 por ciento de los estados del País -que participaron- reportan un máximo de tres jueces de ejecución, a excepción del Estado de México y Ciudad de México, con 11 y 16, respectivamente.

Así, y según los mismos números de los gobiernos estatales, cada juez estaría a cargo de 4 mil 700 presos con sentencia en promedio, sin contar a quienes están encarcelados preventivamente y que en un futuro pudieran declararse culpables.

Aguascalientes, Colima y Nayarit informaron de un solo juez de ejecución. Otras entidades no distinguen funciones en sus nóminas judiciales, como Morelos y Baja California. También es el caso del Poder Judicial de Coahuila, que en el oficio UAIPJ/ 0384/2016 aclara la insuficiencia.

“Dadas las necesidades del servicio y las limitaciones presupuestales (...), el legislador local transitoriamente dispuso, entre otros aspectos, que los jueces de primera instancia y locales letrados en materia penal, donde haya Centros de Readaptación Social, serán competentes para conocer, como jueces de ejecución”, admite en la respuesta a la petición de información.

El Consejo de la Judicatura Federal también fue cuestionado a través de la solicitud electrónica 0320000142616, pero no entregó una respuesta.

 

 

Contradicción legal

 

Además de la falta de inversión y la omisión institucional, la legislación secundaria de la reforma judicial se contrapone con la esencia de la reinserción.

En agosto pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el “Pronunciamiento sobre antecedentes penales”, en el que establece el conflicto que supone una parte de la redacción de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues contempla un detrimento hacia exreclusos al normalizar criterios para extender la constancia de no antecedentes penales.

“Permite la solicitud de estos antecedentes a cualquier persona que, bajo el criterio de ejercitar un derecho o cumplir un deber, genere una violación del derecho a la privacidad de los datos, pero también al ejercicio pleno de otros derechos que se vean afectados por el mal uso de la información (...), como podría ser por ejemplo el acceder a un trabajo digno, a arrendar una casa, a no ser discriminado y a reinsertarse socialmente de manera efectiva”, reclama el organismo.

Jacobo Meléndez expone otra de las contradicciones que, a partir de su experiencia, sucede en contra de quienes alcanzan beneficios como la preliberación: la violación del derecho a la identidad que traspasa hasta terceros y que también impide apersonarse en trámites laborales.

“Sin la credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) no pueden registrar a sus hijos. Si ellos la llevan cuando los detienen, la recogen, les dan su ficha y nunca aparece (la credencial). Cuando salen, les ponen en el expediente que se les suspenden sus derechos políticos, que según la ley significa votar y ser votado, pero no retener (hasta que cumplen la sentencia) una identificación que es básica para abrir una cuenta de pago de nómina, para prestaciones, para conseguir un apoyo de gobierno”, describe.

 

 

Acción ante el vacío

 

Frente a los vacíos estatales, existen ejemplos desde la sociedad civil para acompañar la reinserción. Un caso es la Fundación Reintegra, que actúa en el occidente del país, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

“La Fundación surgió en 1990, por iniciativa de un empresario que había vivido la experiencia de un amigo cercano, recluido y acusado indebidamente. Se dio cuenta de las injusticias que había, que mucha gente estaba presa por cantidades pequeñas y no tenían opción a abogado particular. Iniciamos con las defensas (legales) de las personas internas, cuando salían siempre se entendió primordial manejar el proceso de reintegración”, cuenta Geraldina González del Razo, coordinadora del área de Trabajo Social.

“Después se han ido sumando muchas otras actividades: pago de fianzas (anteriormente), trabajo preventivo en la comunidad, atención a las familias, seguimiento a menores con medidas ejecutorias, convenios con instituciones”.

Las estadísticas del INEGI indican que el año anterior se registraron 199 mil 563 ingresos a centros penitenciarios en el país, de los cuales 29 mil 182 eran reclusos reincidentes del fuero común. Es decir, un 14 por ciento volvió a delinquir.

A diferencia de esa tasa, con un acompañamiento integral como el que realiza la fundación mantiene una tasa marginal de reincidencias. El anterior apenas se registró un 0.3 por ciento entre las personas exreclusas que participaron en el apoyo.

La compañía se realiza en áreas de psicología, espiritualidad -sin ser necesariamente religiosa-, trabajo social, ocupacional y jurídica, con la participación de la familia de la persona liberada, para afianzar la red primaria del individuo. Se establece por cuatro meses. En el caso de adolescentes con medida ejecutoria se ha sostenido el seguimiento hasta por cuatro años.

 

 

Solitariamente libres

 

El estudio “El egreso de la cárcel: valoración de los factores y estresores psicosociales percibidos”, de la investigadora Melina Crespi, refiere que en el entorno más inmediato, que es el ámbito individual-familiar, se presenta una serie de distanciamientos y alteraciones en los vínculos. Existe un rechazo y desconfianza de parte de los hijos, también la relación de pareja se disuelve o la persona liberada pierde su posición en la estructura económica del hogar.

“Cuando un miembro es extraído, la familia se tiene que reorganizar, necesariamente, para poder funcionar. Al salir hay quienes enfrentan una realidad muy complicada: ni siquiera un espacio tan propio, como el que era su cama, ya es de ellos”, ejemplifica González del Razo.

El maestro en ciencias de la salud Francisco José de Jesús Rodríguez Gutiérrez estima que, después de la vida en reclusión dentro del sistema penitenciario, un individuo tarda entre tres y cinco años para estabilizar y reestructurar su vida.

“Las personas (después de la liberación) todavía están profundamente afectadas por la sentencia carcelaria, tiene momentos donde varía su estado de ánimo, no hay un proyecto de vida, dentro de los procesos de reinserción social no se trabaja el qué voy a hacer con mi tiempo libre, cómo me voy a sostener, y con ello (surgen) crisis existenciales. En el caso de la comunidad en general, puede haber la falta de asertividad, hay incredulidad de que la persona se haya rehabilitado”, sostiene.

A partir de entrevistas a personas que han tenido una sentencia carcelaria, Rodríguez Gutiérrez indica que la reinserción depende principalmente de las habilidades que el individuo había desarrollado antes de ser recluido.

“(Faltan) proyectos de investigación que permitan dar seguimiento. Que las instituciones puedan tener entrevistas esporádicas (con exreclusos) a los tres, seis meses, o al año de haber obtenido la libertad. Pero no se da una observación de la reinserción en el medio, el sujeto respecto a sus relaciones sociales puede quedar aislado”, afirma el especialista. “La persona ha obtenido su libertad, pero no con ello la posibilidad de reinsertarse de forma inmediata”.

Los internos egresan sin herramientas psicológicas, ya que en su encierro obtienen una atención limitada. En las prisiones de entidades como Jalisco y el Estado de México -que concentran las más altas poblaciones penitenciarias-, cada especialista en salud mental debe responsabilizarse por lo menos de 142 a 210 reclusos, respectivamente, según datos de transparencia.

En cuanto al seguimiento, la fiscalía jalisciense reconoce a 29 trabajadoras sociales y 25 psicólogos que tienen la obligación de monitorear solo a preliberados. En territorio mexiquense el acompañamiento a liberados y preliberados recae en un equipo de 57 funcionarios.

 

 

El estigma

 

Édgar comenzó a resentir los comentarios de sus compañeros de trabajo. ¿Cómo, encima de que estaba acusado, le daban la facilidad de retrasarse y faltar (para cumplir medidas cautelares)? Y su anterior patrón lo que no ocultó fue el miedo después de que le explicó que tenía una situación legal: le pidió la carta de no antecedentes penales, pero para el resto de los trabajadores nunca fue requisito.

“Pensó -dice Édgar- que era un malhechor, hasta ratero o matón: ¿Qué confianza debo tenerte? Te vas a enojar y va a ocurrir una desgracia”.

Tiempo después, bajo el pretexto de los retardos y faltas, le retiraron el empleo. Siempre se ha dedicado al ramo de la construcción y está acostumbrado a la movilidad, pero ahora tiene que buscar oportunidades informales, sin prestaciones ni seguridad social, “para que no se puedan poner tan exigentes”.

Su propia esposa, refiere Édgar, también utiliza su situación para recriminarle situaciones.

“Y dice que le van a hacer más caso a ella por mi ficha; que yo ya soy el malo”, cuenta.

Recuerda muy bien el día cuando todo comenzó.

Los pedazos de televisión quedaron regados en el piso. En realidad, Édgar había ido a recuperar el aparato a casa de su suegra, donde se enteró de que el esposo de esta lo mantenía oculto. Pero en el momento en que lo hizo se sintió rebasado, y en medio de la rabia resolvió arrojarla por los aires. Mejor que no fuera contra nadie.

Antes hubo un forcejeo en el que Édgar perdió pedazos de camisa. La suegra sacó un machete; su esposa y su cuñada arrojaron piedras. Lo más aparatoso fue la golpiza que se llevó la esposa y que quedó registrada en el parte médico. Édgar dice que se tropezó con una manguera. Ella lo denunció por violencia y allanamiento.

Tras un par de audiencias quedó como imputado. Édgar no le encontró demasiadas bondades al nuevo sistema.

“El abogado que me pusieron, de oficio, leía que ‘el artículo equis...’, pero a mí no me preguntó cómo sucedieron los hechos, no se me tomó declaración de nada. Me dijeron que tenía que haber demandado para poder decir algo. De lo que se me acusó tuve que decir, o sea, considerarme culpable de todo”, recuerda.

Al llevar el juicio dentro del nuevo sistema judicial y presuntamente cometer un delito menor, Édgar evitó la prisión, pero se le obligó a firmar periódicamente en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande. Después se modificó la medida cautelar y, además de la restricción a contactar a su esposa, se le obliga a un doble tratamiento psicológico. Una parte la lleva ante una asociación civil, la otra en los talleres de “nuevas masculinidades” del Sistema DIF.

En la parte privada está encontrando el soporte. Le gusta entenderse, saber que en más de algún aspecto ha mantenido una relación violenta y piensa en crecer. Pero la ayuda institucional -que se imparte de manera masiva- apenas le ha otorgado herramientas.

“En el DIF lo que buscan es que no sea macho y ya, que yo no sea el ‘rey’ de la casa, que no tenga que esperarla (a una pareja) para que me sirva la cena y lavar mis trastes. Tener modo para hablarle o casi ni hablarle (...), pero yo nunca he sido machista. Es como un repaso, eso de las nuevas masculinidades ya se ha visto hasta en (el programa televisivo) La rosa de Guadalupe”, opina.

Édgar refiere que, en todo caso, el cumplimiento de esa medida le ha significado una merma económica, por el transporte extra que debe utilizar como el tiempo laboral descontado y que de alguna manera debe reponer, pues está obligado a entregarle una pensión a su esposa. El trabajador tampoco se guarda la ansiedad que le genera estar expuesto a un despido, por la cantidad de ausencias y retardos que los supervisores no se olvidan de echarle en cara.

Para quienes además de ser juzgados sí pisan la cárcel, el estigma se recrudece ante la comunidad. Cifras de la encuesta de Parametría “A quién discriminamos” descubren que dos de cada diez habitantes del país consideran que quienes han salido de la cárcel no deben desarrollar trabajos que impliquen alguna responsabilidad, ya que pueden volver a cometer delitos.

La discriminación incluso se extiende hacia quienes trabajan a favor de la reinserción, como el caso de la Fundación Reintegra.

“Batallamos mucho para sobrevivir, para conseguir donativos, ¿quién te da para esta causa? Dan para los niños, los albergues, para quienes tienen cáncer...”, confiesa la coordinadora González del Razo. “Y si la gente viniera y viera, está visto y comprobado por nosotros que sí hay cambios, que la gente sí se reintegra. Con uno, dos, y que todo eso trasciende a la familia, a la comunidad, es mucho.

“Hemos perdido la confianza y más en una persona que delinque. Pero nadie sabe en qué momento puede tener una circunstancia que lo lleve al reclusorio (...). Cometieron un error importante, sí. Pero si a alguien le das la mano sí te responde. Hay que creer en las segundas oportunidades”.

Édgar dice que no desea verse envuelto en otro proceso.

“Bueno -se corrige-, no es cuestión de ganas. Es que pasa, que uno se encuentra en situaciones. Hay personas que van en el coche y ahí violan la ley (...) Las personas que estamos siendo juzgadas tenemos el derecho al perdón cuando estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para corregir el error”, pide.

“Hay quienes no quieren o se derrotan, pero no se puede generalizar que todos vamos a volver (a delinquir), la garantía para la sociedad es esto: que estamos en una rehabilitación, en una reinserción o como se diga, para quedar ‘en blanco’. Que le vamos a dar la vuelta y a escribir otra historia”.

 

 

 

Nido violento

Datos según los números del más reciente Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria de la Comisión Nacional de Seguridad.

-          6 incidencias violentas se registran al día en promedio en los penales en México.

-          Cada 12 horas se registra una riña en un penal del País.

Lo común

-          Agresiones

-          Intentos de suicidio

-          Otras muertes

 

 

El enemigo

La sobrepoblación en las prisiones es el factor fundamental que genera las condiciones violentas y que se convierte en uno de los principales obstáculos para la reinserción social. Además, consideran expertos, está el antecedente de quienes mayormente componen el sobrecupo: personas de perfil sociocultural bajo y con historias hostiles predispuestas a conductas antisociales.

 

 

“El Estado no tiene la capacidad para poder reaccionar, ni espacios. No hay recurso que alcance. Tiene que bajar la población y será cuando el sistema se fortalezca”.

María de Jesús Jacobo Meléndez

Abogada penalista

 

 

233,469 reclusos por delitos comunes y federales hay en México

379 centros penitenciarios son los que existen en el País

157 (41%) de estos centros penitenciarios tienen sobrepoblación

199,563 ingresos a centros penitenciarios en el País hubo en 2015

29,182 de esos ingresos eran reclusos reincidentes del fuero común

4 décadas se requerirán para que se registre un adelgazamiento carcelario y la reinserción pueda concretarse

 

 

 

“El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social operó solo parcialmente el esquema de reinserción social, porque ninguno de los 15 centros federales de readaptación social (Ceferesos) a su cargo ofreció las cinco actividades para la reinserción”.

 

“En los centros estatales de readaptación social (Ceresos), 14 entidades federativas tampoco lo hicieron. Con base en el registro de los internos que asistieron a las actividades de reinserción, la ASF determinó que el promedio de participación de los internos del fuero federal en Ceferesos fue de 38.9 por ciento, y en Ceresos, de 34.5 por ciento”.

 

Reporte publicado junto con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018

Diario Oficial de la Federación

 

 

 

“Las personas (después de la liberación) todavía están profundamente afectadas por la sentencia carcelaria, tiene momentos donde varía su estado de ánimo, no hay un proyecto de vida, dentro de los procesos de reinserción social no se trabaja el qué voy a hacer con mi tiempo libre, cómo me voy a sostener, y con ello (surgen) crisis existenciales. En el caso de la comunidad en general, puede haber la falta de asertividad, hay incredulidad de que la persona se haya rehabilitado”.

Francisco José de Jesús Rodríguez Gutiérrez

Maestro en Ciencias de la Salud