Alerta el OCM que reformas en temas de transparencia debilitan el derecho al saber ciudadano

Actualmente más del 90 por ciento de los recursos de revisión ya no son resueltos a favor del ciudadano, sino a favor de las autoridades que niegan la información solicitada, lo que en la práctica limita el derecho a la información, destacó Gustavo Rojo Navarro

MAZATLÁN._ Un escenario de retroceso que se podría profundizar con las actuales reformas en discusión es el que enfrenta Sinaloa y México en el tema del acceso a la información pública, advirtió Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, al señalar que la tendencia muestra una pérdida real de garantías para la ciudadanía.

Rojo Navarro expresó que, aunque existen tres iniciativas de reforma en materia de transparencia en el Congreso del Estado de Sinaloa, todo apunta a que prevalecerá la propuesta impulsada desde el Poder Ejecutivo, lo que considera, debilita los contrapesos institucionales.

“Ahorita ya hay tres reformas en la mesa, pero todo indica que se van a ir por la del gobernador, porque es la línea que se está siguiendo, y eso representa otro retroceso en materia de acceso a la información”, comentó.

Rojo Navarro destacó que actualmente, más del 90 por ciento de los recursos de revisión ya no son resueltos a favor del ciudadano, sino a favor de las autoridades que niegan la información solicitada, lo que en la práctica limita el derecho a la información.

“Esto quiere decir que el ciudadano ya no está obteniendo la información que solicita, aun cuando tiene el derecho de acceder a ella”, declaró.

En este sentido, destacó que esta situación no es hipotética, ya que incluso antes de la desaparición de los organismos garantes, ya se registran prácticas de opacidad como en el caso de Mazatlán, donde el OCM ha solicitado información que no ha sido entregada, a pesar de que los sujetos obligados cuenten con esta, por lo que la dinámica podría agravarse una vez que el organismo garante deje de operar.

“Aunque todavía no desaparece el organismo garante, los sujetos obligados ya están negando la información, incluso cuando la tienen. Nosotros como Observatorio hemos solicitado información aquí en Mazatlán y simplemente no nos la han entregado”, expresó.

Rojo Navarro señaló que uno de los ámbitos más sensibles es el de los permisos de construcción y uso de suelo, donde existe un marcado ‘secretismo’, pues se han autorizado desarrollos en zonas que deberían estar protegidas como áreas naturales, sin que se transparenten los permisos, los criterios de autorización ni las autoridades responsables.

Hay mucho secretismo en el tema de los permisos de construcción, sobre todo en áreas que son reservas naturales, y no se muestran permisos claros ni quién los está autorizando. El riesgo es que ese tipo de información ya no la podamos obtener, que aunque la solicitamos no nos la entreguen”, dijo.

Aunque la nueva legislación establece que las obligaciones de transparencia y la carga de información en la Plataforma Nacional se deben mantener, Rojo Navarro expresó que el problema central será quién garantice el cumplimiento y la veracidad de dicha información.

Explicó que, al desaparecer el organismo garante, la revisión de los recursos quedaría en manos de una dependencia del propio gobierno, lo que genera un conflicto de interés al convertirse en juez y parte.

Asimismo, cuestionó la capacidad operativa de la institución que asumirá estas funciones (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), al considerar que no cuentan con el personal ni la capacidad suficiente para atender un volumen tan especializado de trabajo, advirtiendo que esta transición implicará costos adicionales y una curva de aprendizaje prolongada con impactos negativos para la transparencia.

“La ley dice que las obligaciones de transparencia son las mismas, pero el problema es quién va a garantizar que la información que se sube sea la correcta”, expresó.

En el ámbito local, el dirigente del OCM cuestionó la falta de información clara en decisiones recientes del Ayuntamiento de Mazatlán, particularmente en lo relacionado con la condonación de adeudos y la modificación de contratos de arrendamiento.

Señaló que no se conocen dictámenes completos ni los fundamentos jurídicos que respalden dichas decisiones, pese a que incluso algunos regidores han manifestado no contar con dicha información.

Finalmente, Rojo Navarro recordó que todo acto administrativo debe cumplir con el principio de legalidad, por lo que no se ha explicado con qué base jurídica se condonan multas, se reducen áreas arrendadas o se aceptan devoluciones de instalaciones, ni si existen penalizaciones contractuales por incumplimiento.