Busca regidor investigar a ex funcionarios por sentencia millonaria contra el Ayuntamiento de Mazatlán

Felipe Parada presenta denuncia para que se investigue la actuación de ex servidores públicos en el caso que derivó en un pago superior a 13 millones de pesos contra el Municipio

MAZATLÁN._ Con el objetivo de esclarecer quiénes provocaron un daño patrimonial millonario al Municipio, el regidor Felipe Parada Valdivia promovió una denuncia ante el Órgano Interno de Control de Mazatlán para que se investigue la actuación de ex funcionarios relacionados con el conflicto legal que derivó en una sentencia superior a los 13 millones de pesos contra el Ayuntamiento.

Parada Valdivia expresó que la intención es determinar si los servidores públicos involucrados actuaron conforme al marco jurídico, si existió negligencia en la defensa legal del Municipio o si se dejaron avanzar procedimientos que terminaron generando un daño patrimonial para las finanzas públicas en beneficio de la empresa Espectáculos Costa del Pacífico.

De acuerdo con el regidor, la resolución judicial representa una carga económica importante para el Ayuntamiento, ya que más de 5 millones de pesos del monto total corresponden únicamente a intereses acumulados durante el proceso legal.

“Son millones de pesos que hoy tenemos que pagar todos los mazatlecos por acciones irresponsables de funcionarios que no tomaron en cuenta el marco jurídico ni los derechos de los particulares”, comentó.

El edil mencionó que el caso se remonta a la administración del entonces Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, cuando se tomó la decisión de suspender el suministro de agua potable al estadio Teodoro Mariscal por un adeudo relacionado con el servicio.

Asimismo, señaló que posteriormente se negó la prestación de servicios de seguridad pública para la realización de encuentros deportivos, situación que llevó a los afectados a solicitar una reparación del daño por los ingresos que dejaron de percibir.

Sin embargo, Parada Valdivia aseguró que dicha petición nunca recibió una respuesta formal por parte de la autoridad municipal, lo que derivó en una figura jurídica conocida como “negativa ficta”, permitiendo que el asunto escalara hasta convertirse en una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Si se hubiera atendido oportunamente la solicitud o se hubiera buscado un acuerdo con las partes antes de la demanda, probablemente se habría evitado todo el proceso y la sentencia que hoy enfrenta el Ayuntamiento”, declaró.

Por tal motivo, el regidor expresó que la denuncia no está dirigida inicialmente contra una persona en particular, sino que busca que la autoridad investigadora determine qué funcionarios participaron en las decisiones que originaron el litigio y quiénes incurrieron en omisiones durante la defensa jurídica del municipio.

Entre las áreas que podrían ser revisadas se encuentran las relacionadas con la operación de Jumapam, la Secretaría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor y otras dependencias involucradas en el conflicto.

Parada Valdivia consideró que, de acreditarse responsabilidades, las sanciones no deberían limitarse a simples amonestaciones o inhabilitaciones, sino incluir medidas para resarcir el daño económico ocasionado al erario municipal.

“Queremos sentar un precedente para que los funcionarios actúen siempre apegados a derecho y no generen daños al patrimonio público”, expresó.

“No se vale que los funcionarios se sientan dueños del puesto y con acciones autoritarias terminen provocando demandas millonarias”.

Por tal motivo, el regidor destacó que además de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control, también llevará el caso ante la Auditoría Superior del Estado para que se realice una revisión paralela.

En este sentido, añadió que dará seguimiento constante al procedimiento para evitar que la investigación quede archivada o prescriba sin resultados.

El regidor afirmó que la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, ya fue informada del caso y manifestó su respaldo a que se realicen las investigaciones correspondientes.

Finalmente, Parada Valdivia sostuvo que el objetivo es sentar un precedente que obligue a los servidores públicos a actuar con apego a la ley y evitar decisiones que puedan derivar en nuevas demandas contra el Ayuntamiento.

“Los funcionarios son temporales, pero las consecuencias económicas de sus decisiones permanecen durante años. Seguimos pagando los platos rotos de decisiones tomadas en administraciones pasadas y que hoy resultan carísimas para los ciudadanos”, dijo.

“Lo que buscamos es que no vuelva a suceder que una mala decisión administrativa termine costándole millones de pesos a los mazatlecos”.