Cuestiona PAN modificaciones al contrato del Acuario Mazatlán
Nadia Vega Olivas expuso que esos convenios podrían tener un impacto negativo en las finanzas municipales
Con preocupación y desacuerdo se manifestó el Partido Acción Nacional en Mazatlán ante las recientes modificaciones al contrato de arrendamiento del Gran Acuario Mazatlán, así como las condonaciones de intereses derivados del incumplimiento en su pago.
Durante una rueda de prensa, la presidenta del PAN en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, señaló que el partido considera que estas decisiones podrían representar un impacto negativo para las finanzas municipales y un posible daño al patrimonio del municipio.
Vega Olivas expresó que el contrato original establecía un arrendamiento a 15 años con obligaciones claras para ambas partes, pero tras el incumplimiento reiterado en los pagos por parte del Gran Acuario, el Ayuntamiento optó por modificar las condiciones del contrato, reduciendo de manera significativa el monto mensual del arrendamiento, así como el condonar intereses sin que exista un avalúo actualizado ni análisis técnico-financiero que justifique dichas decisiones.
“Reducir el monto del arrendamiento sin un avalúo público y técnicamente sustentado genera dudas sobre la legalidad y la defensa del interés público. No se puede modificar un contrato de esta magnitud sin saber con certeza cuánto valen hoy los bienes que pertenecen al municipio”, comentó.
La dirigente panista advirtió que reducir el costo del arrendamiento sin contar con un dictamen técnico público que refleje el valor real del inmueble, genera dudas razonables sobre la legalidad, la conveniencia financiera y la defensa del interés público.
Además, recordó que se trata de un inmueble estratégico, con alto valor comercial y turístico, cuyo aprovechamiento debe traducirse en beneficios claros para el municipio.
Por otro lado, Vega Olivas cuestionó la falta de claridad en el cálculo de los intereses condonados, pues mientras la autoridad municipal señala que la exoneración asciende a poco más de 2 millones de pesos, análisis ciudadanos y observatorios independientes, advierten de una cantidad mayor al considerar la acumulación de intereses sobre intereses durante el periodo de incumplimiento.
“Mientras el Ayuntamiento habla de una condonación de poco más de 2 millones de pesos, hay análisis ciudadanos que advierten que el monto real podría ser mucho mayor”, declaró.
Para Acción Nacional, el hecho de que se presente una esta gran diferencia, requiere una revisión profunda obligatoria a dichos cálculos, transparente y debidamente documentada.
Vega Olivas también criticó lo que considera un trato preferencial hacia el Gran Acuario Mazatlán, al permitir acceder a la condonación de intereses sin liquidar previamente el adeudo y autorizar pagos en parcialidades, condiciones que no se aplican a los ciudadanos comunes cuando incumplen sus obligaciones como pago de predial o agua potable.
La líder panista considera que este tipo de decisiones envían un mensaje negativo y premian el incumplimiento contractual.
Asimismo, Vega Olivas señaló que la modificación reiterada de un contrato de largo plazo, sin análisis integral y sin transparencia, compromete la capacidad financiera del Ayuntamiento y reduce los recursos que podrían destinarse en obras, servicios públicos y atención de necesidades prioritarias de la población.
“Los bienes y recursos del municipio no son propiedad del gobierno en turno, son patrimonio de todas y todos los mazatlecos. No se puede administrar el Ayuntamiento como si fuera un patrimonio privado, tomando decisiones discrecionales que favorecen a particulares”, dijo.
“Exigimos la publicación del avalúo que justifique la reducción del arrendamiento y la corrida financiera completa que sustente la condonación de intereses”, agregó.
Aclaró no estar en contra del Gran Acuario Mazatlán ni de su relevancia como atractivo turístico, pero insistió en que ningún proyecto puede estar por encima del interés colectivo.
Del mismo modo, destacó que los bienes y recursos del municipio pertenecen a la ciudadanía y deben administrarse con legalidad, responsabilidad y transparencia, a fin de evitar daños al patrimonio público y garantizar una gestión adecuada de los recursos municipales.