Padres denuncian uso de acusaciones falsas para impedirles ver a sus hijos
Durante una manifestación en el Centro de Justicia para las Mujeres de Culiacán, integrantes del colectivo #SoyPapáNoCriminal señalaron que denuncias por violencia familiar son utilizadas en algunos conflictos de separación para limitar la convivencia entre padres e hijos
Padres de familia se manifestaron este miércoles en el Centro de Justicia para las Mujeres, en Culiacán, para denunciar lo que consideran un uso indebido de acusaciones de violencia familiar durante procesos de separación y disputas por la guarda y custodia de sus hijos.
La protesta, convocada por el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y fundadoras del movimiento #SoyPapáNoCriminal, se realizó en el marco del llamado Día Internacional contra las Denuncias Falsas, que los manifestantes conmemoran cada 9 de septiembre.
Luis Gerardo Peraza Jiménez, quien fue uno de los primeros en tomar la palabra, relató que durante su proceso de divorcio fue denunciado por violencia familiar, acusación por la que enfrentó un proceso de nueve meses y que terminó con una no vinculación a proceso y un sobreseimiento.
Explicó que su separación ocurrió en abril de 2025 y que la denuncia fue presentada el 31 de octubre de ese mismo año. A partir de entonces, dijo, dejó de convivir normalmente con su hija y actualmente sólo puede verla durante una hora a la semana.
“Yo me estoy divorciando y hay un problema de guarda y custodia”, expuso.
Peraza Jiménez sostuvo que su intención es ejercer una paternidad activa y no convertirse en un “papá de fin de semana”.
Incluso mostró un documento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con el que acredita que no es deudor alimentario.
El padre cuestionó que una acusación pueda derivar en restricciones de convivencia mientras se determina si los hechos denunciados ocurrieron.
“Yo lo que estoy, el conflicto que tengo es que yo me estoy divorciando y hay un problema de guarda y custodia”, señaló.
Durante la manifestación, otros padres aseguraron haber enfrentado situaciones similares.
Uno de ellos afirmó que lleva nueve meses sin ver a su hija pese a haber sido un padre presente, mientras que otro relató que una acusación por violación llevó a un conocido suyo a prisión preventiva, aun cuando posteriormente la denunciante habría dicho ante el juzgado que lo señalado no era cierto.
Los manifestantes también cuestionaron la manera en que se realizan las investigaciones y las entrevistas psicológicas en estos casos.
Señalaron que las autoridades deberían contar con mayor capacitación en psicología forense y del testimonio para evaluar las denuncias, además de considerar desde el inicio el interés de niñas y niños en mantener contacto con ambos padres cuando no exista un riesgo acreditado.
Otro de los reclamos estuvo relacionado con el uso de órdenes de protección o restricción. Los padres señalaron que, cuando una medida impide acercarse a la madre, ésta puede terminar afectando también la convivencia con los hijos cuando permanecen bajo su cuidado.
También criticaron que en algunos procesos se establezca de manera inicial que la madre tenga la guarda y custodia, en lugar de analizar la posibilidad de una custodia compartida.
“Las investigaciones, si seas hombre o eres mujer, deben de ser investigadas antes de haber una vinculación al proceso”, sostuvo uno de los participantes.
Los integrantes del colectivo aseguraron que su movimiento no busca ir contra las mujeres ni minimizar casos reales de violencia, sino en que las denuncias que correspondan deben investigarse y atenderse, pero pidieron que no se utilicen acusaciones falsas como una estrategia dentro de conflictos familiares.
Durante la protesta también participó la abogada Ana Elizalde quien señaló que el problema no sólo afecta a padres hombres, sino también a familiares que pierden la convivencia con niñas y niños.
“Hay que ayudarnos, hay que proteger a nuestras niñeces”, expresó.
Los manifestantes insistieron en que el centro de la discusión debe ser el bienestar de los menores y no el conflicto entre los adultos.
Señalaron que la ausencia injustificada de alguno de los padres puede tener consecuencias en el desarrollo de niñas y niños.
Uno de los padres, Nicolás Vázquez, cuestionó además la diferencia que existe, desde su perspectiva, entre las obligaciones económicas y el tiempo de convivencia. Dijo que lleva más de un año divorciado, que ha cumplido con el pago de su pensión alimenticia y que, pese a ello, ha tenido dificultades para convivir con su hija.
“¿Quién me va a devolver el tiempo?”, cuestionó tras relatar que planteó su situación ante una jueza.
El colectivo afirmó que respalda a padres que cumplen con sus obligaciones alimentarias y buscan mantener una relación activa con sus hijos, y rechazó que el movimiento sea identificado con discursos contra las mujeres.
Los participantes pidieron finalmente mayor capacitación para ministerios públicos, psicólogos y jueces, así como cambios en los procedimientos relacionados con guarda y custodia, convivencia y denuncias de violencia familiar.