Rechaza ‘Orquídeas Moradas’ criminalización de mujeres asesinadas en Escuinapa
La agrupación sostuvo que determinar si el asesinato de una mujer constituye o no un feminicidio requiere una investigación ministerial y la valoración de los elementos de prueba, por lo que dicha clasificación corresponde a las autoridades competentes
Al considerar que anticipar públicamente que los casos de asesinatos de mujeres registrados en Escuinapa no corresponden a femicidios y relacionar a algunas víctimas con grupos delincuenciales puede criminalizarlas y trasladarles parte de la responsabilidad por su muerte, la colectiva feminista Orquídeas Moradas rechazó las declaraciones de la diputada local Rosario Sarabia Soto.
A través de un posicionamiento público compartido en sus redes sociales, la agrupación sostuvo que determinar si el asesinato de una mujer constituye o no un feminicidio requiere una investigación ministerial y la valoración de los elementos de prueba, por lo que dicha clasificación corresponde a las autoridades competentes.
“No corresponde a una declaración en redes sociales determinar si el asesinato de una mujer constituye o no feminicidio. Esa determinación requiere una investigación ministerial y elementos de prueba”, se lee.
La colectiva aclaró que no sostiene que todos los asesinatos de mujeres deban clasificarse automáticamente como feminicidios, sino que cada caso debe investigarse con perspectiva de género y resolverse conforme a los supuestos establecidos en el Código Penal de Sinaloa.
“No estamos diciendo que todo asesinato de una mujer sea, por definición, un feminicidio. Estamos diciendo que cada caso debe investigarse y determinarse conforme a la ley, no anticiparse públicamente”.
Asimismo, se agregó que una línea de investigación no constituye un hecho probado y, por tanto, no debería utilizarse como una explicación pública que responsabilice directa o indirectamente a la víctima por la violencia ejercida en su contra.
En este sentido, Orquídeas Moradas señaló que, aun cuando las autoridades acreditaran la participación de una víctima en alguna actividad ilícita, esa circunstancia no disminuiría la gravedad de su asesinato ni eliminaría su derecho a recibir justicia.
“La posible participación de una persona en actividades delictivas —si así fuera acreditado por las autoridades— no convierte su asesinato en un hecho menos grave, ni elimina su derecho a que se investigue”, comparte.
“Tampoco justifica que su muerte sea presentada públicamente como consecuencia de haber pertenecido a determinado grupo”, complementa.
La agrupación advirtió que presentar los homicidios como consecuencia de la presunta pertenencia de las mujeres a grupos criminales puede constituir una forma de revictimización, contraria a los principios de no criminalización y protección de la dignidad de las víctimas.
Además, subrayó que los asesinatos de mujeres tienen consecuencias que se extienden hacia sus familias y comunidades, debido a que pueden dejar niñas y niños en orfandad, además de provocar afectaciones psicológicas entre familiares, testigos y habitantes de las zonas donde ocurren los hechos.
La colectiva señaló que en el caso de Escuinapa, el impacto adquiere una dimensión particular por tratarse de un municipio pequeño en el que las pérdidas se conocen y viven de manera cercana.
“Cuando una mujer es asesinada, no solamente una familia pierde a alguien. La violencia va modificando la manera en que toda una comunidad vive, se mueve, se relaciona y entiende su propia seguridad”, sostuvo.
Por tal motivo, consideró especialmente desafortunado que desde un cargo de representación popular se emitan afirmaciones categóricas acerca de mujeres que ya no pueden ofrecer su versión de los hechos.
Finalmente, Orquídeas Moradas aclaró que su posicionamiento no busca sustituir a las autoridades ni anticipar el resultado de las investigaciones, sino exigir indagatorias serias, información responsable y respeto hacia las víctimas.
“No pretendemos sustituir a las autoridades ni determinar el resultado de una investigación. Tenemos derecho a exigir investigaciones serias, información responsable y, sobre todo, que la dignidad de las mujeres asesinadas no se pierda junto con sus vidas”, expresa.
“No estamos defendiendo delitos. Estamos defendiendo el derecho a la justicia sin importar quién era la víctima”, concluye.